Miguel Surun Hern\u00e1ndez, presidente del CARD interpuso una querella contra Jos\u00e9 Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y el director general de Impuestos Internos.<\/p>\n\n\n\n
Denuncia no fueron aprobados por el Congreso Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Se acusa a Jos\u00e9 Manuel Vicente (Jochi), ministro de Hacienda y a Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, de usurpar funciones del Presidente y del Congreso Nacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana. – El presidente del Colegio de Abogados de la Rep\u00fablica Dominicana (CARD), Miguel Surun Hern\u00e1ndez, interpuso una querella contra Jos\u00e9 Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, por la suscripci\u00f3n de dos contratos de pr\u00e9stamos otorgados por bancos a la DGII, ascendentes a RD$45 mil millones de pesos, los cuales no figuran registrados en Deuda P\u00fablica, y tampoco fueron aprobados del Congreso Nacional, a pesar de enajenar Rentas Nacionales, y de haber sido concertados por plazos de 15 y 4 a\u00f1os, usurpando las atribuciones del Presidente de la Rep\u00fablica, \u00fanico con la facultad de suscribir empr\u00e9stitos que comprometan rentas nacionales.<\/p>\n\n\n\n Surun Hern\u00e1ndez indic\u00f3 que \u201cNos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios p\u00fablicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operaci\u00f3n de pr\u00e9stamo clandestina, pues no fue registrada en la Direcci\u00f3n de Cr\u00e9dito P\u00fablico como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Surun Hern\u00e1ndez indic\u00f3 que las leyes org\u00e1nicas del Ministerio de Hacienda y de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos no consagran facultad a Jos\u00e9 Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de pr\u00e9stamos, destin\u00e1ndole esta funci\u00f3n s\u00f3lo al Presidente de la Rep\u00fablica, por lo que ha sido violado el art\u00edculo 93.1 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, indic\u00f3 que otro art\u00edculo violentado es el 128.4 de la Carta Magna que textualmente dice: \u201cElaborar contratos, someti\u00e9ndolos a la aprobaci\u00f3n del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectaci\u00f3n de las rentas nacionales, a la enajenaci\u00f3n de bienes del Estado, al levantamiento de empr\u00e9stitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constituci\u00f3n. El monto m\u00e1ximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la Rep\u00fablica sin aprobaci\u00f3n congresual, ser\u00e1 de doscientos salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico.\u201d<\/p>\n\n\n\n El presidente del Card explic\u00f3 que dicho contrato no s\u00f3lo constituye una operaci\u00f3n de pr\u00e9stamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los pr\u00f3ximos 15 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstamos en presencia no solo de operaciones de cr\u00e9dito clandestinas, al margen de los registros de los organismos internacionales, sino adem\u00e1s de una clara usurpaci\u00f3n de funciones, que se configura cuando una persona o funcionario p\u00fablico realiza funciones que corresponden a otro funcionario u otro poder, para hacerse entregar fondos por parte de entidades financieras, atribuy\u00e9ndose poderes que ni la ley, ni la Constituci\u00f3n les han otorgado, poniendo en grave riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, y el Estado de Derecho, ante una operaci\u00f3n de presi\u00f3n practicada desde el Estado para que se le entreguen recursos fraudulentamente, sin el control del Congreso, ni registro en los organismos correspondientes, en violaci\u00f3n al art\u00edculo 400 del C\u00f3digo Penal, y del art\u00edculo 236 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Explic\u00f3 que art\u00edculo 236 de la Carta Magna establece que:\u201d Ninguna erogaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos ser\u00e1 v\u00e1lida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Mientras que el 400 del C\u00f3digo Penal establece que: \u00abObligar a una persona, a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de violencia o intimidaci\u00f3n, a realizar u omitir un acto jur\u00eddico o negocio jur\u00eddico con \u00e1nimo de lucro y con la intenci\u00f3n de producir un perjuicio de car\u00e1cter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Miguel Surun Hern\u00e1ndez, presidente del CARD, mediante instancia, solicit\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunci\u00f3 el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n Departamento de Comunicaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n 13 de septiembre del 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ariela Valdez<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Miguel Surun Hern\u00e1ndez, presidente del CARD interpuso una querella contra Jos\u00e9 Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y el director general de Impuestos Internos. 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