Carlos Migu\u00e9lez Monroy*<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n<\/p>\n La aprobaci\u00f3n de unos principios rectores de Naciones Unidas para que las multinacionales respeten los derechos humanos coincide con controversias relacionadas con la conducta de estas empresas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado una demanda colectiva contra Wal Mart por discriminaci\u00f3n machista. Antes, un tribunal estadounidense hab\u00eda admitido una demanda contra la empresa Chiquita Brands por supuesta colusi\u00f3n con grupos armados colombianos en violaciones graves de derechos humanos contra la poblaci\u00f3n civil.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Gobiernos, Organizaciones de la Sociedad Civil y empresas multinacionales han participado en la elaboraci\u00f3n de estos principios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El marco de la ONU de proteger, respetar y resarcir se apoya en tres pilares b\u00e1sicos: la responsabilidad que tienen los Estados de proteger a sus ciudadanos de abusos por parte de empresas, la responsabilidad que tienen las corporaciones de respetarlos y de \u00abimpedir\u00bb violaciones, as\u00ed como de mitigar los impactos negativos de su actividad, y el acceso que deben tener las v\u00edctimas a una justicia efectiva en caso de que sean vulnerados sus derechos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La debilidad de unos principios que sirven de gu\u00eda radica en su car\u00e1cter no vinculante, como sucede con la \u00abresponsabilidad social corporativa\u00bb. Sin embargo, cumplen una funci\u00f3n declarativa por parte de los Estados y de una sociedad civil con una creciente participaci\u00f3n en los procesos relacionados con el derecho internacional, cada vez m\u00e1s ocupado de la actividad de grandes empresas. Declaraciones reiteradas y conductas en un mismo sentido contribuyen al nacimiento de normas internacionales, algo que ya abordan los Estados al ver rebasado su poder por grandes multinacionales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El crecimiento de las grandes corporaciones y su internacionalizaci\u00f3n junto con la de los mercados financieros altera la toma de decisiones en el plano internacional. Hay m\u00e1s de 80.000 empresas multinacionales, 800.000 subsidiarias y millones de medianas y peque\u00f1as empresas en el mundo, seg\u00fan Naciones Unidas, por tan s\u00f3lo dos centenares de pa\u00edses. A pesar de la amenaza a la capacidad de actuaci\u00f3n de los gobiernos en el plano internacional, el Estado se mantiene como fuente leg\u00edtima de derecho. Las normas internacionales se crean por medio de tratados que obligan a los Estados firmantes o por medio de derecho consuetudinario, lo que se conoce como \u00abcostumbre\u00bb. Los Estados muestran mayor receptividad a la hora de obligarse por un tratado cuando consideran que se trata de una norma que refleja el comportamiento de los Estados. En esto no s\u00f3lo influyen las empresas, sino tambi\u00e9n una sociedad civil cada vez m\u00e1s sensibilizada. Tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica de los Estados y el \u00abelemento psicol\u00f3gico\u00bb de las normas influyen en los tratados por los que deciden obligarse.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Los Estados de derecho cuentan con los cauces democr\u00e1ticos adecuados para promover leyes encaminadas a proteger a sus ciudadanos de posibles abusos por parte de empresas. Este esfuerzo se ha visto torpedeado por lobbies que financian campa\u00f1as pol\u00edticas a cambio de leyes favorables a sus intereses privados. As\u00ed sucede con las aseguradoras m\u00e9dicas en Estados Unidos, algunas de las grandes empresas farmac\u00e9uticas y la industria militar. Tambi\u00e9n con el fen\u00f3meno conocido como puerta giratoria, cuando los pol\u00edticos compaginan su funci\u00f3n p\u00fablica con asesor\u00edas privadas. Dick Cheney y Donald Rumsfeld se negaron a renunciar a las juntas directivas de grandes empresas, a pesar de existir conflicto de intereses. Tony Blair, Gerhard Schr\u00f6der, Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar y Felipe Gonz\u00e1lez utilizan sus conocimientos y contactos que consiguieron en sus a\u00f1os como pol\u00edticos para sus asesor\u00edas a empresas privadas, pero sin renunciar a su pensi\u00f3n vitalicia y otros privilegios de status que pagan los ciudadanos con sus impuestos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Siguen en pie propuestas legislativas para limitar la influencia de los lobbies en el juego democr\u00e1tico, y luego en la actividad de empresas privadas en el extranjero. Tambi\u00e9n para que los antiguos presidentes y primeros ministros renuncien a su pensi\u00f3n vitalicia si deciden trabajar en la empresa privada.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Separaci\u00f3n de poderes para resarcir y para castigar; formaci\u00f3n judicial cosmopolita y sensible a los derechos fundamentales para que no primen cuestiones obsoletas de forma sobre el fondo: el respeto de los derechos humanos universales. Al mismo tiempo, que las empresas tengan claras las reglas de juego en esta materia a la hora de invertir. A\u00fan tienen margen los Estados con una sociedad civil cada vez m\u00e1s alerta.<\/span><\/p>\n<\/p>\n <\/span><\/p>\n<\/p>\n Carlos Migu\u00e9lez Monroy*<\/span><\/p>\n<\/p>\n Periodista, coordinador del CCS<\/span><\/p>\n<\/p>\n ccs@solidarios.org.es<\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Carlos Migu\u00e9lez Monroy* La aprobaci\u00f3n de unos principios rectores de Naciones Unidas para que las multinacionales respeten los derechos humanos coincide con controversias relacionadas con la conducta de estas empresas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado una demanda colectiva contra Wal Mart por discriminaci\u00f3n machista. 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