<\/span><\/p>\n Desde que comenz\u00f3 la guerra contra el terrorismo, se ha documentado la muerte de 176 contratistas privados en Afganist\u00e1n. De ellos, m\u00e1s de cincuenta eran estadounidenses; 14 nepal\u00edes, 13 rusos, 13 canadienses, 12 filipinos, 11 chinos, 10 brit\u00e1nicos y 10 ucranianos. Pero otros 14 pa\u00edses quedan representados en esta \u00abestad\u00edstica\u00bb: Pakist\u00e1n, India, Turqu\u00eda, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabwe, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Jap\u00f3n, Myanmar, Sud\u00e1frica y los Emiratos \u00c1rabes.<\/span><\/p>\n<\/p>\n De esos contratistas, 38 se dedicaban a labores militares. La variedad de tareas a las que se dedican el resto de contratistas dificulta la distinci\u00f3n de quienes trabajan para las llamadas \u00abEmpresas Militares Privadas\u00bb (EMP). Esto permite incluir en una misma categor\u00eda a quienes mueren en combate y a quienes trabajan en servicios de limpieza, de cocina o de transporte. Y supone una ventaja para el pa\u00eds de origen al no pagar el mismo precio pol\u00edtico por la muerte de un soldado profesional que por la de una persona que, para muchos, era un \u00absimple mercenario\u00bb que ganaba hasta cinco veces m\u00e1s que soldados que arriesgan su vida por \u00absu patria\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Este fen\u00f3meno se extendi\u00f3 a Irak, el laboratorio de Rumsfeld y su equipo de neocons para poner a prueba sus teor\u00edas de contingentes militares \u00abligeros\u00bb, \u00abmodernos\u00bb, \u00abadaptables\u00bb y \u00abbaratos\u00bb contra enemigos que ya no combat\u00edan con m\u00e9todos convencionales. El experimento produjo la muerte indiscriminada de civiles, como en la masacre de la Plaza Nisur. Murieron 17 personas sin que fuera a juicio ninguno de los responsables, identificados por el gobierno de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Como si un pa\u00eds ocupado estuviera en condiciones de comprometerse en lo jur\u00eddico, el reci\u00e9n formado gobierno de Irak hab\u00eda firmado la Orden 17, que otorgaba inmunidad judicial a los trabajadores de empresas que contratara el Departamento de Estado. Tal fue el caso de la entonces llamada Blackwater, ahora Xe Services tras someterse a un lavado de imagen por sus esc\u00e1ndalos y los de contratistas de otras empresas. En Youtube se pueden ver secuencias dignas de videojuegos que muchos padres proh\u00edben a sus hijos por miedo a que reproduzcan esas conductas.<\/span><\/p>\n<\/p>\n A diferencia de los soldados enjuiciados y encarcelados por participar en el esc\u00e1ndalo de la c\u00e1rcel de Abu Ghraib, ninguno de los contratistas privados que torturaron a esos presos ha pisado un tribunal. Informes como los de la organizaci\u00f3n Human Rights First concluyen que la experiencia militar de muchos de estos contratistas les permite someter bajo sus \u00f3rdenes a soldados del ej\u00e9rcito con menos experiencia en situaciones de amenaza.<\/span><\/p>\n<\/p>\n No existe un sistema jur\u00eddico cre\u00edble al que puedan acudir los familiares de las v\u00edctimas. La justicia local encontrar\u00e1 obst\u00e1culos para actuar con independencia contra nacionales de un pa\u00eds del que ahora \u00abdepende\u00bb Irak para su \u00abseguridad\u00bb. Sectores de la sociedad han manifestado su preocupaci\u00f3n ante la inminente retirada militar estadounidense, que liberar\u00e1 efectivos para nuevos escenarios b\u00e9licos. Algunos iraqu\u00edes con suficientes medios se han planteado llevar su causa a tribunales estadounidenses, que rara vez aceptan este tipo de casos por \u00abcuestiones de forma\u00bb. Se interpone la Orden 17 y los intereses de la pol\u00edtica exterior de Estados Unidos, por encima muchas veces de su ordenamiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Scott Shane, periodista de The New York Times, afirmaba que una delegaci\u00f3n de ochenta compa\u00f1\u00edas francesas desembarc\u00f3 en Tr\u00edpoli una semana antes de la muerte de Gadafi. Se reunieron con miembros del Consejo Nacional de Transici\u00f3n, que se neg\u00f3 a firmar contratos hasta que se elija un gobierno.<\/span><\/p>\n \u00abCon las ciudades a\u00fan plagadas de armas y j\u00f3venes sin trabajo, Libia no ofrece nada como un entorno seguro para los negocios ? de ah\u00ed las posibilidades para los proveedores de seguridad\u00bb, dec\u00eda Shane.<\/span><\/p>\n Naciones Unidas busca acuerdos vinculantes en materia de empresas militares para los Estados, pero con pocos resultados por falta de cooperaci\u00f3n y por falta de tutela de los Estados. Unos no ejercen su soberan\u00eda para impedir los abusos de empresas extranjeras y otros prefieren no tutelar a empresas de su pa\u00eds porque el gobierno se beneficia en imagen y, seg\u00fan ellos, en coste. Pero ya se ha denunciado el fraude al gobierno federal de Estados Unidos por miles de millones de d\u00f3lares en contratos militares que benefician a los directivos de esas empresas paraestatales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Carlos Migu\u00e9lez Monroy<\/span><\/p>\n Periodista, coordinador del CCS<\/span><\/p>\n ccs@solidarios.org.es<\/span><\/p>\n Twitter: @cmiguelez<\/span><\/p>\n<\/p>\n Desde que comenz\u00f3 la guerra contra el terrorismo, se ha documentado la muerte de 176 contratistas privados en Afganist\u00e1n. De ellos, m\u00e1s de cincuenta eran estadounidenses; 14 nepal\u00edes, 13 rusos, 13 canadienses, 12 filipinos, 11 chinos, 10 brit\u00e1nicos y 10 ucranianos. 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