<\/span><\/p>\n El congreso de Estados Unidos debate la aprobaci\u00f3n de un proyecto de ley que le permitir\u00eda al gobierno obligar a los proveedores de servicios de Internet a bloquear p\u00e1ginas web que pudieran violar derechos de autor. El Stop Online Piracy Act (SOPA) facultar\u00eda a las empresas privadas a incluir en unas listas negras a p\u00e1ginas de Internet \u00absospechosas\u00bb o que resulten \u00abofensivas\u00bb. La ley tambi\u00e9n permitir\u00eda a los bancos congelar transferencias bancarias a las cuentas de los due\u00f1os de estas p\u00e1ginas.<\/span><\/p>\n La plataforma Avaaz ha lanzado una campa\u00f1a internacional de firma de peticiones para presionar al congreso y, de esta manera, impedir que se apruebe una ley que afectar\u00eda contenidos de Internet de todo el mundo. Argumentan desde Avaaz que el proyecto de ley \u00abpara desincentivar la pirater\u00eda\u00bb va demasiado lejos. Cede a la empresa privada el poder para desactivar dominios y p\u00e1ginas de Internet con sus propios criterios sin supervisi\u00f3n previa del gobierno y sin garant\u00edas para los due\u00f1os de esas p\u00e1ginas, ni posibilidad de exigir medidas cautelares. Esta ley acabar\u00eda con el principio de presunci\u00f3n de inocencia que caracteriza a los estados de derecho y con una necesaria seguridad jur\u00eddica para los ciudadanos.<\/span><\/p>\n Por la violencia con la que ha reaccionado el gobierno contra Occupy Wall Street, la plataforma Avaaz sospecha que los movimientos ciudadanos est\u00e1n en el punto de mira. La ley permitir\u00eda cortar los canales de informaci\u00f3n y de movilizaci\u00f3n de estos grupos, que extienden sus mensajes por medio de Youtube, de cuentas de Twitter, de Facebook y de otras redes sociales. En cuesti\u00f3n de segundos, el gobierno podr\u00eda ordenar el bloqueo de contenidos \u00abinadecuados\u00bb.<\/span><\/p>\n Estados Unidos condenaba antes la falta de acceso a Internet en China. La comparaci\u00f3n con un r\u00e9gimen \u00abcomunista\u00bb ha ayudado a que los ciudadanos estadounidenses aceptaran la premisa de que su gobierno les garantiza su derecho a la privacidad y a la libertad de expresi\u00f3n. Pero diez a\u00f1os despu\u00e9s del 11 de septiembre, empiezan a cuestionar las facultades que se ha dado a s\u00ed mismo el gobierno en nombre de la seguridad, con la excusa de proteger las mismas libertades que empieza a atacar.<\/span><\/p>\n En el momento de su aprobaci\u00f3n, el Acta Patri\u00f3tica (Patriot Act) fue objeto de pol\u00e9mica y de debate p\u00fablico. Pero muchos medios de comunicaci\u00f3n se han quedado ah\u00ed. Aunque resulta un retroceso en materia de libertades individuales, esa ley no da carta blanca para el espionaje de ciudadanos estadounidenses y extranjeros al requerir la autorizaci\u00f3n previa de un juez. No sucede as\u00ed con un programa secreto de la National Security Agency (NSA), aprobado por George W. Bush y silenciado por jueces y pol\u00edticos en un ambiente de est\u00e1s con nosotros o contra nosotros. As\u00ed lo ha denunciado el periodista de The New York Times, James Risen, en su libro Estado de Guerra, que le report\u00f3 el Premio Pulitzer en la categor\u00eda de periodismo de investigaci\u00f3n en 2006.<\/span><\/p>\n Cuenta Risen que las opiniones secretas de algunos jueces del c\u00edrculo del ex presidente Bush han justificado el espionaje de llamadas telef\u00f3nicas y correos electr\u00f3nicos de millones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros, sospechosos de \u00abterrorismo\u00bb.<\/span><\/p>\n En la actualidad se calcula en 9 billones el n\u00famero de correos electr\u00f3nicos que se env\u00edan dentro de Estados Unidos. Las llamadas por tel\u00e9fono celular ascienden a 2.000 millones, y las de tel\u00e9fono fijo a 1.000 millones. A varios defensores de las libertades de otros pa\u00edses les preocupa que muchas de las l\u00edneas f\u00edsicas de tel\u00e9fono internacionales pasan por territorio estadounidense, lo que le permite a su gobierno investigar a ciudadanos de otros pa\u00edses.<\/span><\/p>\n Cabr\u00eda preguntarse cu\u00e1ntos de los presos de Guant\u00e1namo, Baghram y otras c\u00e1rceles clandestinas donde se tortura para obtener confesiones fueron capturados por informaciones obtenidas de esta manera ante el silencio c\u00f3mplice de los ciudadanos que aceptan el atropello de unas libertades que el gobierno dice proteger.<\/span><\/p>\n La amenaza dicen que ya no est\u00e1 en Afganist\u00e1n ni en Irak, sino en Ir\u00e1n, mientras el gobierno anuncia un aumento de tropas en Australia que inquieta a China. Pero la ciudadan\u00eda comienza a despertar de la pesadilla del terrorismo islamista para comprender la realidad de otro terrorismo: el de la especulaci\u00f3n financiera. Reaccionan, pero los quieren silenciar con leyes contrarias a los derechos que conquistaron como pa\u00eds libre.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Carlos Migu\u00e9lez Monroy<\/span><\/p>\n Periodista, coordinador del CCS<\/span><\/p>\n ccs@solidarios.org.es<\/span><\/p>\n Twitter: @cmiguelez<\/span><\/p>\n \n \n El congreso de Estados Unidos debate la aprobaci\u00f3n de un proyecto de ley que le permitir\u00eda al gobierno obligar a los proveedores de servicios de Internet a bloquear p\u00e1ginas web que pudieran violar derechos de autor. 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