Miguel Surum Hern\u00e1ndez, presidente del CARD.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n asegura que anula autonom\u00eda del INACIF, transform\u00e1ndolo en dependencia del Poder Ejecutivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana. El Colegio de Abogados advirti\u00f3 que el Proyecto de ley depositado por el Presidente de la Rep\u00fablica, denominado \u201cFortalecimiento del Sistema de Justicia\u201d, constituye un grave retroceso institucional, que afectar\u00eda al Sistema de Justicia, al entregar en favor del \u201cMinisterio de Justicia\u201d, funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, llegando hasta el extremo del anular la autonom\u00eda del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), convirti\u00e9ndolo en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlar\u00e1 los an\u00e1lisis periciales forenses en materias de drogas, falsificaci\u00f3n de documentos y autopsias, sentando las bases para la desvinculaciones de cientos de t\u00e9cnicos forenses de carrera, para contratar activistas pol\u00edticos al servicios del Ministro de Turno;<\/p>\n\n\n\n Miguel Surum Hern\u00e1ndez, presidente del CARD, record\u00f3 que la Ley 458-08, que cre\u00f3 el INACIF, como entidad totalmente aut\u00f3noma, no dependiente ni siquiera de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, precisamente para evitar la politizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.<\/p>\n\n\n\n Surun Hern\u00e1ndez adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que dicho proyecto de Ley, en su literal F, P\u00e1rrafo II, art\u00edculo 6, entrega a la Polic\u00eda Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violaci\u00f3n al art\u00edculo 169 de la Constituci\u00f3n, que encarga al Ministerio P\u00fablico la \u201cinvestigaci\u00f3n penal y la de ejercer la acci\u00f3n p\u00fablica en representaci\u00f3n de la Sociedad\u201d; Del mismo modo afirm\u00f3 que se atribuye al \u201cMinisterio de Justicia\u201d la instauraci\u00f3n del Sistema de Derechos Humanos, en violaci\u00f3n del art\u00edculo 191 de la Constituci\u00f3n, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos en el Pa\u00eds; Cediendo adem\u00e1s en favor de dicho Ministerio, la representaci\u00f3n del Estado Dominicano, en violaci\u00f3n al art\u00edculo 128 de la Constituci\u00f3n, que atribuye al Presidente de la Rep\u00fablica, en su calidad de Jefe de Estado, la representaci\u00f3n del Estado Dominicano, funciones que son indelegables.<\/p>\n\n\n\n Miguel Surun Hern\u00e1ndez, quien adem\u00e1s es jurista, asegur\u00f3 que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el Control, Fiscalizaci\u00f3n y Regulaci\u00f3n de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), con poder para anular aquellas Fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalizaci\u00f3n ciudadana instaurado en virtud de la Constituci\u00f3n, y de la Ley 122. Otro punto negativo enumerado por Surun Hern\u00e1ndez, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalizaci\u00f3n de Abogados y Notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en la Republica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n De hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumir\u00eda, adem\u00e1s, la expedici\u00f3n de todas las certificaciones oficiales del Estado Dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n El Sistema Carcelario pasar\u00eda al Poder Ejecutivo, destruyendo reformas instaurada en virtud de la Ley 113-21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En virtud de proyecto, el Poder Ejecutivo asumir\u00eda el control de todo el Sistema Carcelario, destruyendo las reformas legales instauradas en virtud de la Ley 113-21, de R\u00e9gimen Penitenciario, la cual fue el producto de a\u00f1os de Estudio y Planificaci\u00f3n, con lo cual se pondr\u00edan miles de t\u00e9cnicos del Sistema, para colocar a activistas pol\u00edticos, retrotrayendo a 30 a\u00f1os de avance institucional en el Sistema C\u00e1rceles, que goza con una autonom\u00eda m\u00e1s o menos aceptable, la cual desaparec\u00eda para convertirse en seudo del partido oficial.<\/p>\n\n\n\n Miguel Surun Hern\u00e1ndez hablando en nombre del Colegio de Abogados requiere de los Diputados rechazar dicho desprop\u00f3sito institucional contra la independencia de la justicia, sobre la base de crear un aparato burocr\u00e1tico sombra de injerencia, conformada por un Ministro, ocho Viceministros, 16 direcciones generales, y 20 Direcciones departamentales, que implicar\u00e1 m\u00e1s de 2,000 millones de pesos anuales, en clientelismos y botellas, fondos que pudieran emplearse en mejorar las condiciones de los privados de Libertad, que mal viven en hacinamiento inhumano, que nada tiene que con nuevas leyes, sino con voluntad pol\u00edtica; agreg\u00f3 Surun Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n