Felipe Lora<\/p>\n\n\n\n
Segundo, la ley parece no haber tomado en consideraci\u00f3n el impacto ambiental. La Rep\u00fablica Dominicana es un pa\u00eds con una rica biodiversidad y una variedad \u00fanica de ecosistemas, y es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo considere cuidadosamente c\u00f3mo afectar\u00e1 el medio ambiente. Sin embargo, la ley actual no parece tener suficientes medidas para proteger el medio ambiente ni para garantizar que los impactos negativos sean mitigados. Esta falta de consideraci\u00f3n del impacto ambiental coloca esta ley en violaci\u00f3n de la Ley General sobre Medio Ambiente (64-00)<\/a> que propende por la protecci\u00f3n de los recursos naturales, la disminuci\u00f3n de su vulnerabilidad, la reversi\u00f3n de las p\u00e9rdidas recurrentes por uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales.<\/p>\n\n\n\n Tercero, la ley no parece haber tomado en consideraci\u00f3n, seriamente, los derechos de las comunidades locales. Muchas de las comunidades rurales de la Rep\u00fablica Dominicana dependen del suelo para su subsistencia y para mantener sus tradiciones culturales. Es importante que cualquier ley que afecte el uso del suelo considere cuidadosamente c\u00f3mo afectar\u00e1 a estas comunidades y garantice que sus derechos sean protegidos.<\/p>\n\n\n\n Cuarto, por la falta un proceso democr\u00e1tico y transparente, esta ley, aunque parece estar actualizada en lo referente a lo corporativo y empresarial, no refleja la realidad actual de nuestros peque\u00f1os agricultores y granjeros, ni de nuestras comunidades rulares, lo que dificultar\u00e1 su aplicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, su aplicaci\u00f3n puede ser inconsistente y poco efectiva en contra de los violadores con poder adquisitivo y pol\u00edtico, lo que se traducir\u00e1 a una falta de protecci\u00f3n de los recursos naturales y culturales de las regiones afectadas y puede crear conflictos y tensiones entre las comunidades y las autoridades<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Quinto, puesto que la ley aparenta no haber tomado en cuenta la diversidad cultural y social de las diferentes regiones del pa\u00eds, su aplicaci\u00f3n, como ha sido promulgada, puede resultar en un aumento en la falta de equidad y justicia. Las aceleradas acciones del poder ejecutivo ha dejado claro que los propulsores de esta Ley Inconstitucional<\/strong>, conoc\u00edan de los posibles resultados que se describen en las razones 4ta y 5ta y lo m\u00e1s probable fueron ellos los que escribieron y apresuraron al presidente Luis Abinader para que \u201ca todo vapor\u201d decretara, como lo hiso, el decreto 668-22 para que \u00e9ste se convirtiera en la \u201cbase legal\u201d para desalojar y criminalizar a quienes han ocupado, por d\u00e9cadas, terrenos del estado
<\/strong>No tom\u00f3 en cuenta los derechos de las comunidades locales y regionales
Por Felipe Lora Longo
Como miembro del Comit\u00e9 de Comunicaci\u00f3n de la Red Socioambiental Nacional<\/a> he participado en varios foros auspiciado por la Red Socioambiental,\u00a0 la Sociedad Ecol\u00f3gica del Cibao, Inc (SOECI<\/a>) y por la Academia de Ciencias de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD) donde se presentan y discuten el impacto que algunas de\u00a0 las leyes dominicanas tienen en los derechos humanos, en nuestros recursos naturales, \u00a0y en especial, el impacto en el patrimonio nacional estrat\u00e9gico de uso p\u00fablico, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, que es el agua.
El foro m\u00e1s reciente se celebr\u00f3 en la Facultada de Ciencias de la UASD, el 15 de enero del 2023\u00a0 bajo el t\u00edtulo \u201cSegundo Taller sobre la Ley Ordenamiento Territorial<\/strong>\u201d; ley que\u00a0 fue aprobada y promulgada \u201ca todo vapor\u201d\u00a0 el 22 de diciembre por la actual administraci\u00f3n como sugiri\u00f3 la abogada y Vocera de la Red Socioambiental Nacional, Altagracia Paulino en el art\u00edculo publicado en El Sol, el 3 de febrero con el t\u00edtulo \u201cFallas en la Ley de Ordenamiento Territorial<\/a>\u201d
Despu\u00e9s de revisar la informaci\u00f3n obtenida en el primer y segundo foro y en el extenso texto de la Ley \u00a0de Ordenamiento Territorial de la Rep\u00fablica Dominicana (368-22)<\/a> y despu\u00e9s de leer varias de las opiniones publicadas sobre esta ley, creo que es necesario declararla inconstitucional, detener su implementaci\u00f3n, reintroducirla y llevarla a una vista p\u00fablica.
He aqu\u00ed algunas de las razones por las cuales \u00a0creo que su anulaci\u00f3n es necesaria.
Primero, la ley parece faltarle transparencia y participaci\u00f3n ciudadana. Por la naturaleza de la ley, esta debe ser org\u00e1nica, debatida en un proceso abierto y democr\u00e1tico, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones. Sin embargo, la ley actualmente en discusi\u00f3n parece haber sido redactada sin la suficiente participaci\u00f3n de la comunidad y parece haber sido impulsada principalmente por intereses empresariales y de desarrollo. Esta simple torpeza es suficiente para declarar la presente ley de antidemocr\u00e1tica y nula.<\/p>\n\n\n\n
Todos, unidos, debemos demandar que la Ley de Ordenamiento Territorial de la Rep\u00fablica Dominicana sea detenida y que el proyecto se reintroduzca d\u00e1ndole prioridad a las vistas p\u00fablicas, no solo para garantizar un proceso democr\u00e1tico y transparente, sino para que la Nueva Ley de Ordenamiento Territorial, tenga en cuenta el impacto ambiental y los derechos de las comunidades locales y regionales.<\/p>\n\n\n\n