Por\u00a0 Mario Antonio Lara Valdez<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\u00a0En el Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana se simula una defensa a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones P\u00fablicas ante el caso de los fideicomisos, una artima\u00f1a para proteger al expresidente Danilo Medina, quien orden\u00f3 la violaci\u00f3n de esa legislaci\u00f3n para facilitar la intervenci\u00f3n y equipamiento de 56 hospitales que ampar\u00f3 el robo multimillonario al patrimonio p\u00fablico.\u00a0
Los receptores de esta orden de Medina, dos figuras de peso e influencia en su pasado gobierno pelede\u00edsta, fueron Jos\u00e9 Ramon Peralta, entonces ministro administrativo de la Presidencia y Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia.\u00a0
El ejecutor del mandato fue el ingeniero Francisco Pag\u00e1n, extitular de la OISOE, y todo est\u00e1 documentado por el Ministerio P\u00fablico de revelaciones hechas en interrogatorios por autores de primera l\u00ednea del entramado criminal, cuya figura principal es Alexis Medina, hermano del exjefe de Estado.\u00a0
Esta fingida defensa a la Ley 340-06 tiene todas las huellas de una farsa pensada y delineada como estrategia para culpar a otros y ocultarse, un medio para erigirse como inocentes y honrados y eludir acciones delictivas y el alto precio de sus errores. La direcci\u00f3n del PLD est\u00e1 en serios problemas por su incongruente defensa a la Ley de Contrataciones porque ahora la acusaci\u00f3n de violarla cae como rayo sobre el expresidente Medina.\u00a0
En el PLD han cometido un error de c\u00e1lculo al emprender una aparatosa defensa de esa legislaci\u00f3n frente a la herramienta de los fideicomisos porque los procesos judiciales en curso en el Caso Antipulpo, que involucra a la OISOE, toca directamente al expresidente Medina justo por haber echado por tierra la Ley 340-06 y mientras m\u00e1s toquen el tema m\u00e1s cr\u00edtico le har\u00e1n la situaci\u00f3n al exmandatario.\u00a0
El 27 de febrero de 2014, seis meses antes de nombrar a Pag\u00e1n en la OISOE, Danilo Medina dio como un hecho la transformaci\u00f3n de las compras y contrataciones p\u00fablicas \u201cpara lograr la participaci\u00f3n justa y democr\u00e1tica de peque\u00f1os y medianos empresarios\u201d. Pero hizo todo lo contrario al dar luz verde para la violaci\u00f3n de esa ley faltando a su juramento ante el pueblo, Dios y la Biblia.<\/p>\n\n\n\n
La abogada Lina de la Cruz Vargas, exconsultora jur\u00eddica de la OISOE, ofreci\u00f3 una contundente revelaci\u00f3n en un interrogatorio de los fiscales a cargo del Caso Antipulpo al testificar que \u201cel ingeniero Pag\u00e1n recibi\u00f3 una instrucci\u00f3n del presidente, en una mesa que hab\u00eda en el Palacio Nacional, donde estaba Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta\u201d.
La exfuncionaria asegur\u00f3 tambi\u00e9n que las adendas para la construcci\u00f3n de los hospitales y sus equipamientos tampoco fueron licitadas bajo la excusa de que exist\u00edan muchos inconvenientes para ejecutar los procesos, seg\u00fan manda la ley. <\/p>\n\n\n\n
En el PLD est\u00e1n defendiendo ahora la Ley 340-06 que su propio l\u00edder pol\u00edtico orden\u00f3 quebrantar para poner en marcha el plan de intervenci\u00f3n de todos los centros de salud p\u00fablica. Pero la violaci\u00f3n de la Ley sobre Compras y Contrataciones no solo fue vulnerada en el caso de la construcci\u00f3n y remodelaci\u00f3n de los hospitales y su equipamiento despreciando toda regla de licitaci\u00f3n, sino que los tent\u00e1culos de esta mafia se extendieron a trav\u00e9s de numerosas instituciones del Estado.
Durante la Administraci\u00f3n de Medina, las ramificaciones de estos grupos abarcaban a la Polic\u00eda Nacional, con la venta irregular de 220 millones de pesos en combustible, y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en un sinf\u00edn de contratos y licitaciones.
Igual ocurri\u00f3 en el Ministerio de Salud P\u00fablica con el suministro enga\u00f1oso de medicamentos y en la OISOE con la asignaci\u00f3n irregular y sobrevaluaciones en el equipamiento de 56 hospitales, por valor de 43,000 millones de pesos.
En la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) hubo sobrevaluaciones, contratos ama\u00f1ados, asignaciones fraudulentas y sobornos por montos superiores a los 5,000 millones de pesos y en la Unidad de Electrificaci\u00f3n Rural (UERs), con adjudicaciones fraudulentas de obras y sobornos.
Los casos llegaron hasta el Ministerio de Obras P\u00fablicas (MOPC), mediante el suministro enga\u00f1oso e irregular de cemento asf\u00e1ltico AC-30, por unos 3,500 millones de pesos.
El alcance y sus implicaciones comprenden un abanico bastante amplio que iba desde influyentes despachos del Palacio Nacional, autorizando exoneraciones de impuestos aduanales e ITBIs, en perjuicio de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) por cientos de millones de pesos.
Hubo maquillaje de auditor\u00edas de muchas instituciones y Ministerios, algo que consta en el expediente de la Operaci\u00f3n Caracol, que involucra a pasados jueces de la C\u00e1mara de Cuentas.<\/p>\n\n\n\n
En este caso se produjo la alteraci\u00f3n de cubicaciones en las que est\u00e1n implicados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el excontralor general de la Rep\u00fablica, Rafael Germos\u00e9n And\u00fajar, en el pago irregular por parte de la OISOE durante la transici\u00f3n de gobierno, de 922 millones de pesos a la compa\u00f1\u00eda Domedical Supply, sin la evidencia de recepci\u00f3n de los equipos.\u00a0
El entramado mafioso que operaba desde el Ministerio de Hacienda facilitaba el pago de expropiaciones que involucran a la Contralor\u00eda, Bienes Nacionales, Catastro y el Banco de Reservas, por m\u00e1s de 30,000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n