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<\/strong>Sergio Ferrari, de Berna, Suiza
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Las multinacionales no le dan tregua a Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Y cuando ciertos pa\u00edses osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional — elaborada a su medida — les cae encima. En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de d\u00f3lares, que se esfumaron as\u00ed del erario p\u00fablico. Seg\u00fan el Transnational Institute (TNI), con sede en \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos, esa cifra representa un tercio m\u00e1s que las p\u00e9rdidas por causa del impacto de las cat\u00e1strofes clim\u00e1ticas en el continente entre 1970 y 2021. Instrumento neoliberal y de dependencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos pa\u00edses que tienen como objetivo proteger la seguridad jur\u00eddica de los inversores. Sin duda, la disposici\u00f3n m\u00e1s perniciosa es la relativa a la Soluci\u00f3n de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cl\u00e1usula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho pa\u00eds y denunciarlo ante tribunales internacionales.<\/p>\n\n\n\n Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el m\u00e1s solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio Internacional o bien la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayor\u00eda de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el pa\u00eds demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https:\/\/www.ecologistasenaccion.org\/27101\/tratados-bilaterales-de-inversiones\/<\/a><\/em>).<\/p>\n\n\n\n Estos acuerdos, calificados por la organizaci\u00f3n ecologista espa\u00f1ola como \u201cuna herramienta fundamental para la globalizaci\u00f3n liberal\u201d, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayor\u00eda de estos instrumentos jur\u00eddicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los m\u00e9todos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que ser\u00e1n resueltos, a la postre, por \u00e1rbitros internacionales. Y finalmente, como se\u00f1ala Ecologistas en Acci\u00f3n, \u201c<\/em>la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE\u201d, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situaci\u00f3n inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).\u201d Las transnacionales, aves de rapi\u00f1a<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el informe del TNI, en los \u00faltimos 30 a\u00f1os, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribe\u00f1os representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayor\u00eda (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de Espa\u00f1a, Pa\u00edses Bajos, Gran Breta\u00f1a y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https:\/\/icsid.worldbank.org\/es\/acerca<\/a><\/em>). Los resultados hablan por s\u00ed mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.<\/p>\n\n\n\n 23 de los 42 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular sa\u00f1a se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); M\u00e9xico (38); Per\u00fa (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensific\u00f3 en particular entre 2011 y 2021, per\u00edodo en el cual de 91 demandas se pas\u00f3 a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la miner\u00eda y la extracci\u00f3n de gas y petr\u00f3leo. Pero tambi\u00e9n tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, as\u00ed como la manufactura. Venezuela, la segunda naci\u00f3n m\u00e1s sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisi\u00f3n desfavorable. Tiene a su haber el laudo m\u00e1s costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le orden\u00f3 pagar 8.366 millones de d\u00f3lares a la transnacional Conoco Phillips.
<\/strong>En los \u00faltimos 30 a\u00f1os, cada d\u00eda fue aumentando m\u00e1s la presi\u00f3n de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por \u201cincumplimientos\u201d de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/isds_in_numbers_infograph.png\")
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Seg\u00fan el reciente informe elaborado por Bettina M\u00fcller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la \u00faltima semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, M\u00e9xico, Per\u00fa y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los pa\u00edses que han soportado una mayor presi\u00f3n jur\u00eddica en estas \u00faltimas tres d\u00e9cadas (https:\/\/www.tni.org\/es\/publicacion\/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe<\/a><\/em>).<\/p>\n\n\n\n
Como lo explica la organizaci\u00f3n espa\u00f1ola Ecologistas en Acci\u00f3n, <\/em>suelen incluir una serie de disposiciones est\u00e1ndar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/El-poder-de-las-transnacionales-contra-los-Estados-y-la-soberania-de-los-pueblos-Imagen-CADTM.png\"){kind=spacer}
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El sitio web ISDS Impactos<\/em>, que retoma la investigaci\u00f3n del TNI, explica, por su parte que \u00abel sistema de soluci\u00f3n de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en ingl\u00e9s) est\u00e1 incluido en miles de tratados internacionales\u201d. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las pol\u00edticas p\u00fablicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https:\/\/isds-americalatina.org\/<\/a><\/em>).<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Las-demandas-de-las-multinacionales-contra-los-Estados-aumentan-la-pobreza-de-los-sectores-mas-marginales-de-America-Latina-Foto-Maria-Gonzalez-Reyes_-OMAL-W.jpg\")
Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el pa\u00eds del continente que sufri\u00f3 m\u00e1s derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el r\u00e9cord de lo que pag\u00f3 en una sola causa: los 5.000 millones de d\u00f3lares transferidos a la empresa espa\u00f1ola Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al pa\u00eds sudamericano 9.222 millones de d\u00f3lares que debi\u00f3 pagar a los inversores.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. \u201cLas demandas le cuestan millones de d\u00f3lares en gastos de defensa (jur\u00eddica) y de proceso\u201d. Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de d\u00f3lares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 d\u00f3lares por hora de asesoramiento. Caso emblem\u00e1tico, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de d\u00f3lares para garantizar su defensa jur\u00eddica y para pagar los gastos producto del arbitraje.
Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — seg\u00fan el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Pa\u00edses Bajos–, ascienden a 240.733 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de d\u00f3lares.
Seg\u00fan c\u00e1lculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podr\u00eda resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. \u201cA su vez. Este monto representa m\u00e1s que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio m\u00e1s que el total de las p\u00e9rdidas que soport\u00f3 la regi\u00f3n entre 1971 y 2021 debido a las cat\u00e1strofes clim\u00e1ticas\u201d, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podr\u00eda significar p\u00e9rdidas adicionales por 49.626 millones de d\u00f3lares a Am\u00e9rica Latina y el Caribe.
Realidad tan contundente como dram\u00e1tica de un combate desigual institucionalizado como verdad \u00fanica y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el \u00e1rbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.<\/p>\n\n\n\n