Costa Rica: Golpe al Estado solidario<\/p>\n
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Jos\u00e9 Merino del R\u00edo<\/p>\n
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El proyecto de \u201cLey General de Telecomunicaciones\u201d dictaminado el 20 de junio de 2007, elimina el modelo solidario del Instituto Costarricenses de Electricidad (ICE), que permite subsidiar al 84% de los usuarios residenciales, ya que:<\/p>\n
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-Proh\u00edbe el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes y servicios ofrecidos por un operador o proveedor (art\u00edculo 60).
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\n Precisamente, son los subsidios cruzados los que nos han permitido garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad plasmado en nuestra Constituci\u00f3n (art\u00edculos 50 y 74).<\/p>\n
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-La contribuci\u00f3n que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), dispone que no podr\u00e1 ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente.
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\nEsta contribuci\u00f3n podr\u00eda ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el pa\u00eds para subsidiar el servicio universal que es de un 9%.<\/p>\n
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Se termina con la universalidad del servicio<\/p>\n
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Los servicios de telecomunicaciones en nuestro pa\u00eds se basan en el principio de \u201cservicio universal\u201d, pero el proyecto de ley cambia este concepto por el de \u201cacceso universal\u201d, definido como \u201cel derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al p\u00fablico en general de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica y condici\u00f3n socioecon\u00f3mica\u2026\u201d (art. 6:x)<\/p>\n
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Como podemos ver con este cambio, se var\u00eda totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizar\u00e1 el acceso universal, de manera colectiva, o sea, poniendo a disposici\u00f3n de una comunidad determinada un tel\u00e9fono p\u00fablico.<\/p>\n
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Aumenta tarifas para los usuarios<\/p>\n
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Se establece que la SUTEL podr\u00e1 determinar que existen condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, en cuyo caso se autoriza a que sean los propios proveedores los que fijen los precios por los servicios de telecomunicaciones (art\u00edculo 54). Vemos as\u00ed, como se rompe con la naturaleza jur\u00eddica dada por nuestro pa\u00eds a este tipo de servicios, pasando de considerarse servicios p\u00fablicos al costo, a ser
\n considerados como simple mercanc\u00eda.<\/p>\n
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En este sentido, nada impedir\u00eda que grandes transnacionales que operen en nuestro pa\u00eds se pongan de acuerdo y bajen los precios a tal punto que el ICE no pueda competir y quiebre, como ha ocurrido en otros sectores del comercio; por supuesto despu\u00e9s los precios subir\u00e1n y a partir de ese momento ser\u00e1n los que fijen esos operadores en aras de obtener mayores ganancias, con el consecuente perjuicio para los usuarios, pudiendo llegar a cuadruplicarse como ha ocurrido en toda Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
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Peor a\u00fan, se establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no est\u00e1n obligados a justificar sus precios de acuerdo a sus costos ni a registrarlos (art\u00edculo 55). Mientras que el ICE si tendr\u00e1 que hacerlo, exigi\u00e9ndole que la interconexi\u00f3n a los privados se la d\u00e9 al costo.<\/p>\n
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Adem\u00e1s se obliga al ICE a que garantice a los privados el acceso a las instalaciones esenciales (edificios, postes, ductos, torres, canalizaciones, estaciones \u2013art. 6:k) o sea, que lo que hoy tiene el ICE y ha desarrollado con el aporte y esfuerzo de todos los habitantes, deber\u00e1 ponerse a disposici\u00f3n de los operadores privados que ingresen a nuestro mercado y a precios de costo. Esto implicar\u00e1 una desventaja m\u00e1s para el ICE respecto a los competidores transnacionales, siendo que los pa\u00edses que ya se han abierto han sufrido un estancamiento en el desarrollo de sus redes fijas, debido a disposiciones como \u00e9stas.<\/p>\n
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Se pierde el concepto de servicio p\u00fablico<\/p>\n
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Se define los servicios de telecomunicaciones como servicios disponibles al p\u00fablico (art\u00edculo 6:z), que no es lo mismo que servicios p\u00fablicos de telecomunicaciones. Al dejar de ser un servicio p\u00fablico se excluye de la tutela del art\u00edculo 4 de la Ley General de la Administraci\u00f3n P\u00fablica; hoy es considerado adem\u00e1s un servicio b\u00e1sico al que deben tener acceso todos los habitantes, y se convierte en una mercanc\u00eda, es un servicio disponible al p\u00fablico, pero estar\u00eda al alcance solo de quienes puedan pagarlo. Lo cual es inconstitucional por contrariar lo dispuesto en los art\u00edculos 60 y 121 inciso 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
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Asignaci\u00f3n de frecuencias en manos de los pol\u00edticos de turno<\/p>\n
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En el dictamen aprobado se modific\u00f3 el \u00f3rgano encargado de asignar y reasignar las frecuencias d\u00e1ndole esta competencia al Poder Ejecutivo (art\u00edculo 10), mientras que un texto anterior se la daba al Ente Regulador, dej\u00e1ndolo as\u00ed en manos de un \u00f3rgano netamente pol\u00edtico, que cambia cada cuatro a\u00f1os, que es vulnerable a cualquier tipo de influencias pol\u00edticas, como en el caso de Millicom. Adem\u00e1s el proyecto propone que la asignaci\u00f3n de las frecuencias est\u00e9 en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el control lo tendr\u00eda otra entidad, lo cual implicar\u00eda mayores gastos de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
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El ICE pierde las frecuencias del espectro radioel\u00e9ctrico<\/p>\n
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El proyecto de ley no se refiere a las concesiones del ICE otorgadas al ICE en su Ley de creaci\u00f3n, que le autoriza a brindar los servicios de telecomunicaciones mediante una concesi\u00f3n de pleno derecho por tiempo indefinido; pero s\u00ed establece que las concesiones del espectro ser\u00e1n por 15 a\u00f1os prorrogables hasta los 25 a\u00f1os. Por otra parte, en el transitorio III se obliga al ICE y a RACSA a levantar una lista de todas
\n las frecuencias que le han sido asignadas e indicar cu\u00e1les no est\u00e1 explotando; y de seguido autoriza al Poder Ejecutivo para que les solicite que devuelvan las frecuencias para que sean reasignadas a operadores privados.<\/p>\n
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Privilegios para los inversionistas privados<\/p>\n
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El dictamen incluye como objetivo de la ley que \u201cno se fomente el establecimiento de tributos\u201d (art\u00edculo 2:h), con lo que se pretende que las inversiones en el sector de telecomunicaciones no se graven, lo cual es inconstitucional al dejar de lado la potestad tributaria del Estado, establecida en el art\u00edculo 121 inciso 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y por supuesto, el deber consagrado en el art\u00edculo 18 de contribuir con los gastos del Estado.<\/p>\n
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– Jos\u00e9 Merino del R\u00edo es diputado del Partido Frente Amplio.<\/p>\n
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