La Rep\u00fablica Dominicana es una democracia constitucional representativa. En julio del 2020, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, fue elegido presidente para un mandato de cuatro a\u00f1os, el primer traspaso de poder de un partido a otro en 16 a\u00f1os. Observadores externos imparciales evaluaron las elecciones en general como libres, justas y ordenadas.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda Nacional depende del Ministerio del Interior y de la Polic\u00eda, pero desde el punto de vista pr\u00e1ctico depende directamente del Presidente. La Autoridad de Seguridad Aeroportuaria, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad interna y dependen del Ministerio de Defensa y, a trav\u00e9s de \u00e9ste, del presidente. La Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la polic\u00eda como de las fuerzas armadas, depende directamente del presidente, al igual que el Departamento Nacional de Inteligencia. Tanto la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad interna. En general, las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Se recibieron informes cre\u00edbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes cre\u00edbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la polic\u00eda y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamaci\u00f3n criminal de periodistas particulares; corrupci\u00f3n gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transg\u00e9nero, queer e intersexuales.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno tom\u00f3 medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupci\u00f3n, pero la aplicaci\u00f3n incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Se recibieron varios informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales cometidos por agentes del gobierno. Las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Polic\u00eda Nacional fueron un problema. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organizaci\u00f3n no gubernamental (ONG), m\u00e1s de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la polic\u00eda o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021. Seg\u00fan la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, hasta octubre la polic\u00eda hab\u00eda asesinado a un total de 41 personas, pero se desconoc\u00eda el n\u00famero exacto de ejecuciones extrajudiciales. Los medios de comunicaci\u00f3n y la sociedad civil reconocieron que muchos casos no se denunciaban debido a la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos.<\/p>\n\n\n\n
En uno de los casos m\u00e1s destacados del a\u00f1o, en marzo la polic\u00eda mat\u00f3 a Joel D\u00edaz y Elizabeth Mu\u00f1oz en circunstancias poco claras cuando D\u00edaz y Mu\u00f1oz regresaban a casa tras un acto religioso. Seg\u00fan los medios de comunicaci\u00f3n locales, los agentes \u201cconfundieron\u201d el veh\u00edculo de la pareja con el de unos delincuentes buscados y dispararon contra el veh\u00edculo de la pareja mientras los persegu\u00edan. En abril, el Ministerio P\u00fablico (responsable de la formulaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la pol\u00edtica del pa\u00eds contra la delincuencia, de la realizaci\u00f3n de investigaciones penales y de la fiscal\u00eda) orden\u00f3 que los siete polic\u00edas implicados en el tiroteo fueran detenidos y puestos en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n
El 2 de octubre, un agente de polic\u00eda fuera de servicio dispar\u00f3 y mat\u00f3 a Leslie Rosado despu\u00e9s de que \u00e9sta supuestamente chocara con la motocicleta del agente y abandonara el lugar. El agente fue asistido por un segundo agente, que le ayud\u00f3 a perseguir el veh\u00edculo de Rosado. La Fiscal\u00eda de Santo Domingo Este solicit\u00f3 a la justicia la prisi\u00f3n preventiva de los dos polic\u00edas y pidi\u00f3 tres meses para completar la investigaci\u00f3n. El presidente Luis Abinader asisti\u00f3 al funeral de Rosado, calific\u00f3 su asesinato de \u201cacto de salvajismo intolerable\u201d y prometi\u00f3 erradicar abusos policiales similares mediante una reforma policial.<\/p>\n\n\n\n
No se denunciaron desapariciones por parte o en nombre de autoridades gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la ley proh\u00edbe la tortura, los golpes y el maltrato f\u00edsico, existen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente polic\u00edas, llevaron a cabo estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
En abril, los familiares de un joven de La Vega, la cuarta ciudad m\u00e1s grande, informaron a los medios de comunicaci\u00f3n de que el joven hab\u00eda sido golpeado por agentes de la polic\u00eda y abandonado en la puerta de una tienda. A finales de a\u00f1o, las autoridades informaron de que hab\u00edan investigado el incidente, pero no se dispon\u00eda de m\u00e1s informaci\u00f3n sobre sus conclusiones o las medidas adoptadas.<\/p>\n\n\n\n
La impunidad era un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Polic\u00eda Nacional. El gobierno trabaj\u00f3 para abordar los problemas relacionados con la impunidad a trav\u00e9s de programas de capacitaci\u00f3n para los oficiales de polic\u00eda, incluyendo cursos especializados sobre derechos humanos incluidos como parte de sus cursos de educaci\u00f3n continua. El 6 de abril, el presidente Abinader cre\u00f3 una comisi\u00f3n especial para la reforma de la polic\u00eda, cuya vigencia es de un a\u00f1o. El 17 de octubre, el presidente sustituy\u00f3 al director y al subdirector de la Polic\u00eda Nacional. El presidente anunci\u00f3 otras iniciativas de reforma, como la limitaci\u00f3n del uso de la fuerza, la mejora de la formaci\u00f3n y de los mecanismos de evaluaci\u00f3n del rendimiento, el aumento de los salarios de los agentes y el financiamiento para permitir la compra inmediata de c\u00e1maras de cuerpo y de veh\u00edculos para garantizar la grabaci\u00f3n de todas las acciones de la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Las condiciones penitenciarias oscilaban entre el cumplimiento general de las normas internacionales en las prisiones del \u201cnuevo modelo\u201d, tambi\u00e9n llamadas centros de rehabilitaci\u00f3n penitenciaria (CRP), y las duras condiciones que ponen en peligro la vida en las prisiones del \u201cviejo modelo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Condiciones f\u00edsicas:<\/strong> La sobrepoblaci\u00f3n sigue siendo un grave problema en las prisiones del viejo modelo. La Direcci\u00f3n de Prisiones inform\u00f3 de que en octubre hab\u00eda 16.745 presos en las c\u00e1rceles del modelo antiguo y 10.407 en los CRP. La Victoria, la m\u00e1s vieja de las prisiones, albergaba a 7.647 reclusos, aunque fue dise\u00f1ada para una capacidad m\u00e1xima de 2.011. La poblaci\u00f3n reclusa en todas las prisiones del antiguo modelo superaba su capacidad, mientras que s\u00f3lo uno de los 22 CRP estaba por encima de su capacidad.<\/p>\n\n\n\n En el sistema penitenciario del viejo modelo, los reclusos que eran polic\u00edas y militares recib\u00edan un trato preferencial y eran recluidos en instalaciones separadas, al igual que los reclusos con medios econ\u00f3micos para alquilar camas preferenciales y comprar lujos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, el personal militar y policial custodiaba las prisiones del viejo modelo, mientras que un cuerpo civil capacitado custodiaba los CRP. Las denuncias de malos tratos y violencia en las prisiones del antiguo modelo eran habituales, as\u00ed como los informes de acoso, extorsi\u00f3n y registros inapropiados a los visitantes de las prisiones. Algunas prisiones del viejo modelo permanec\u00edan efectivamente fuera del control de las autoridades, ya que los guardias a menudo controlaban s\u00f3lo el per\u00edmetro, mientras que los reclusos controlaban el interior con sus propias reglas y sistemas de justicia. Se inform\u00f3 sobre el tr\u00e1fico de drogas, el tr\u00e1fico de armas, la prostituci\u00f3n y los abusos sexuales en esas prisiones. Aunque la ley obliga a separar a los presos seg\u00fan la gravedad del delito, las autoridades no siguieron estas normas en las prisiones del viejo modelo.<\/p>\n\n\n\n En las prisiones del viejo modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. Los presos a menudo duermen en el suelo porque no hay camas disponibles. Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban s\u00edntomas de COVID-19. Los retrasos en la atenci\u00f3n m\u00e9dica eran habituales tanto en las prisiones del viejo modelo como en los CRP. Todas las prisiones contaban con enfermer\u00edas, pero la mayor\u00eda de ellas no satisfac\u00edan las necesidades de la poblaci\u00f3n reclusa. En la mayor\u00eda de los casos, los reclusos ten\u00edan que comprar sus propios medicamentos o depender de familiares o a personas externas para que se los proporcionaran. La enfermedad era la principal causa de las muertes registradas en el sistema penitenciario. Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, todas las prisiones proporcionaban tratamiento para el VIH y el sida, pero la CNDH afirm\u00f3 que ninguna de las prisiones del viejo modelo estaba debidamente equipada para proporcionar dicho tratamiento. En octubre, m\u00e1s de 1.800 reclusos hab\u00edan contra\u00eddo COVID-19, lo que provoc\u00f3 22 muertes.<\/p>\n\n\n\n En los CRP y en algunas prisiones del viejo modelo, un subconjunto de la poblaci\u00f3n penitenciaria con discapacidades mentales recib\u00eda tratamiento, incluida la terapia, para sus afecciones. Sin embargo, en la mayor\u00eda de las prisiones del viejo modelo, el gobierno no proporcionaba servicios a los presos con discapacidades mentales. En general, los servicios de salud mental prestados a los reclusos eran inadecuados o no se ajustaban a sus necesidades.<\/p>\n\n\n\n El gobierno inform\u00f3 de que hab\u00eda instalado rampas para sillas de ruedas en algunas prisiones para los presos con discapacidades f\u00edsicas. Las ONG afirmaron que la mayor\u00eda de las prisiones segu\u00edan sin proporcionar acceso a los reclusos con discapacidades.<\/p>\n\n\n\n Administraci\u00f3n: <\/strong>Las autoridades investigaron las denuncias cre\u00edbles de malos tratos.<\/p>\n\n\n\n Monitoreo independiente: <\/strong>El gobierno permiti\u00f3 las visitas y la supervisi\u00f3n de las prisiones por parte de observadores no gubernamentales financiados y operados de forma independiente, organizaciones internacionales y medios de comunicaci\u00f3n. La CNDH, la Oficina Nacional de Defensa P\u00fablica (ONDP), la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y la administraci\u00f3n penitenciaria de los CRP crearon conjuntamente comit\u00e9s de derechos humanos en cada uno de los CRP que estaban autorizados a realizar visitas sorpresa. Sin embargo, no se concedi\u00f3 sistem\u00e1ticamente a las organizaciones de derechos humanos el acceso a los centros de detenci\u00f3n de migrantes para su supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n proh\u00edbe las detenciones arbitrarias y establece el derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su detenci\u00f3n ante los tribunales. En general, el gobierno cumpli\u00f3 este requisito, pero se denunciaron detenciones y encarcelamientos arbitrarios. La Constituci\u00f3n proh\u00edbe la detenci\u00f3n sin orden judicial, salvo que las autoridades detengan a un sospechoso durante la comisi\u00f3n de un delito o en otras circunstancias especiales. La ley permite la detenci\u00f3n sin cargos durante un m\u00e1ximo de 48 horas. En muchos casos, las autoridades detuvieron, tomaron las huellas dactilares, interrogaron y liberaron a los detenidos sin dar apenas explicaciones sobre la detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La ley establece que un acusado puede ser detenido hasta 48 horas sin orden judicial antes de ser presentado a las autoridades judiciales. No obstante, existen informes de detenidos que permanecen en las comisar\u00edas durante largos periodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser trasladados a una prisi\u00f3n. Las comisar\u00edas no dispon\u00edan de las condiciones f\u00edsicas adecuadas ni de los recursos, incluyendo la alimentaci\u00f3n, para atender a los detenidos durante un periodo prolongado.<\/p>\n\n\n\n La ley permite a la polic\u00eda detener sin orden de arresto a cualquier persona sorprendida en el acto de cometer un delito o razonablemente vinculada a \u00e9l, como en los casos de persecuci\u00f3n en caliente o de presos fugados. La polic\u00eda suele detener a todos los sospechosos y testigos de un delito. El \u00e9xito de las audiencias de habeas corpus redujo significativamente los abusos de la ley. Existe un sistema de fianza que funciona y un sistema de arresto domiciliario.<\/p>\n\n\n\n La ley exige que se proporcione un abogado a los acusados que no tengan recursos. La ONDP proporcion\u00f3 asistencia jur\u00eddica gratuita a quienes no pod\u00edan costearse un abogado, pero debido a la insuficiencia de personal, muchos detenidos y presos que no pod\u00edan costearse un abogado privado no tuvieron acceso r\u00e1pido a un abogado. Los fiscales y los jueces se encargaron de los interrogatorios de los menores, ya que la ley proh\u00edbe que los menores sean interrogados por la polic\u00eda o en su presencia.<\/p>\n\n\n\n Arresto o detenci\u00f3n arbitraria:<\/strong> La polic\u00eda realiz\u00f3 redadas espor\u00e1dicas en comunidades de bajos recursos y alta criminalidad, durante las cuales detuvo y encarcel\u00f3 a personas sin orden judicial. Durante estas operaciones, la polic\u00eda detuvo a un gran n\u00famero de residentes e incaut\u00f3 bienes personales supuestamente utilizados en actividades delictivas. Los grupos de la sociedad civil afirmaron que la polic\u00eda a menudo era incapaz de mostrar pruebas o proporcionar razones para estas detenciones o arrestos.<\/p>\n\n\n\n La Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones (OIM) inform\u00f3 de casos de migrantes haitianos y sus hijos, as\u00ed como de dominicanos de ascendencia haitiana, que fueron detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos de inmigraci\u00f3n o ciudadan\u00eda de sus residencias. Tambi\u00e9n hubo informes de deportaciones de ni\u00f1os no acompa\u00f1ados y de mujeres que dejaron a sus hijos atr\u00e1s. La OIM inform\u00f3 de que, gracias a la formaci\u00f3n impartida a los funcionarios de migraci\u00f3n, el n\u00famero de deportaciones err\u00f3neas de personas documentadas y vulnerables hab\u00eda disminuido en casi un 60% en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os. Los datos de la OIM correspondientes a los meses de enero a julio mostraban una reducci\u00f3n continuada de las deportaciones err\u00f3neas, pero los funcionarios de la OIM advirtieron que las deportaciones err\u00f3neas hab\u00edan aumentado desde julio, tras el asesinato del presidente haitiano Moise y el aumento de las medidas de seguridad fronteriza y las deportaciones por parte de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n Representantes de organizaciones de la sociedad civil dijeron que el gobierno deportaba informalmente a personas llev\u00e1ndolas al otro lado de la frontera sin documentaci\u00f3n. La OIM inform\u00f3 de que la Direcci\u00f3n General de Migraciones se refer\u00eda a estos casos como \u201cdevoluciones\u201d o \u201cno admisiones\u201d y que no hab\u00eda un proceso debido en estas operaciones. La OIM trabaj\u00f3 con el gobierno para establecer un sistema para las personas no admitidas.<\/p>\n\n\n\n Detenci\u00f3n preventiva:<\/strong> Muchos sospechosos sufren una larga detenci\u00f3n preventiva. Un juez puede ordenar una detenci\u00f3n de entre tres y 18 meses. Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Prisiones, en octubre, el 59 por ciento de los reclusos de las prisiones del viejo modelo estaban en prisi\u00f3n preventiva, frente al 62 por ciento de los presos de los CRP. La duraci\u00f3n media de la prisi\u00f3n preventiva era de tres meses, pero se inform\u00f3 de casos de prisi\u00f3n preventiva de m\u00e1s de tres a\u00f1os, incluidos casos de ciudadanos extranjeros. El tiempo que se cumple en prisi\u00f3n preventiva cuenta para el cumplimiento de la condena.<\/p>\n\n\n\n El hecho de que las autoridades penitenciarias no presentaran a los detenidos a las audiencias judiciales provoc\u00f3 el aplazamiento de los juicios. A muchos reclusos se les aplaz\u00f3 la fecha del juicio por falta de transporte de la prisi\u00f3n al tribunal. En otros casos, los abogados, coacusados, int\u00e9rpretes o testigos no comparecieron o no fueron llamados oficialmente por el tribunal para comparecer. A pesar de que la ley protege a los acusados, en algunos casos las autoridades retuvieron a los reclusos m\u00e1s all\u00e1 de los plazos legales, incluso cuando no hab\u00eda cargos formales contra ellos.<\/p>\n\n\n\n La ley prev\u00e9 un poder judicial independiente. En comparaci\u00f3n con a\u00f1os anteriores, los observadores independientes se\u00f1alaron que por lo general el gobierno respetaba la independencia e imparcialidad del poder judicial. El presidente respet\u00f3 la independencia de la Procuradur\u00eda General y dio instrucciones a los altos funcionarios para que hicieran lo mismo. Adem\u00e1s, los observadores independientes se\u00f1alaron que el poder judicial comenz\u00f3 a investigar casos de corrupci\u00f3n y narcotr\u00e1fico de alto nivel, incluidos casos que involucraban a aliados del gobierno.<\/p>\n\n\n\n La sociedad civil y los abogados se quejaron de la acumulaci\u00f3n de casos y de lo que consideraban retrasos indebidos en los procesos. La sociedad civil y los abogados se quejaron a principios de a\u00f1o de la gesti\u00f3n virtual de los tribunales y las audiencias, pero este asunto dej\u00f3 de ser motivo de preocupaci\u00f3n cuando los tribunales reanudaron los servicios y las audiencias en persona a finales de a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n La ley establece el derecho a la defensa en un juicio justo y p\u00fablico; sin embargo, el poder judicial no siempre hizo valer este derecho. En ocasiones, los tribunales superaron el plazo m\u00e1ximo establecido por la ley para fijar las fechas de las audiencias.<\/p>\n\n\n\n La ley establece la presunci\u00f3n de inocencia. La Fiscal\u00eda est\u00e1 obligada a notificar a los acusados y a sus abogados los cargos penales.<\/p>\n\n\n\n Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio y a consultar con un abogado en el momento oportuno. Las personas sin recursos tienen derecho a un defensor p\u00fablico, pero el director de la (ONDP) declar\u00f3 que el n\u00famero de defensores p\u00fablicos era insuficiente para satisfacer la demanda. Los acusados tienen derecho a disponer de tiempo e instalaciones adecuadas para preparar su defensa. La ley prev\u00e9 la posibilidad de interpretaci\u00f3n gratuita en caso necesario. La ley prev\u00e9 el derecho a confrontar o interrogar a los testigos y el derecho a no auto-inculparse. Los acusados tienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas. La Constituci\u00f3n establece el derecho de apelaci\u00f3n y proh\u00edbe a los tribunales superiores aumentar las sentencias de los tribunales inferiores.<\/p>\n\n\n\n Los tribunales militares y policiales comparten la jurisdicci\u00f3n sobre los casos disciplinarios de los miembros de las fuerzas de seguridad. Los tribunales militares son competentes para juzgar las violaciones de las normas y reglamentos militares. Los tribunales penales civiles se ocupan de los casos de asesinatos y otros delitos graves presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n No se inform\u00f3 de la existencia de presos o detenidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Existen sistemas judiciales separados para el derecho penal, el derecho comercial, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho inmobiliario y el derecho administrativo. Al parecer, los tribunales comerciales y civiles tardan mucho en resolver los casos, aunque sus decisiones finales suelen cumplirse. Al igual que en los tribunales penales, la influencia pol\u00edtica y econ\u00f3mica en las decisiones de los tribunales civiles segu\u00eda siendo un problema, aunque menos por parte de las personas designadas por el poder ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n Los ciudadanos tienen la posibilidad de interponer un recurso de apelaci\u00f3n, una acci\u00f3n para solicitar la restituci\u00f3n de cualquier violaci\u00f3n de un derecho constitucional, incluidas las violaciones de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe la entrada arbitraria a un domicilio privado, excepto cuando la polic\u00eda persigue a un sospechoso, cuando \u00e9ste es sorprendido en el acto de cometer un delito o cuando la polic\u00eda sospecha que una vida est\u00e1 en peligro. La ley establece que todas las dem\u00e1s entradas en una residencia privada requieren una orden de detenci\u00f3n o de registro emitida por un juez. A pesar de estos l\u00edmites a la autoridad gubernamental, la polic\u00eda llev\u00f3 a cabo registros e inspecciones ilegales, incluidas muchas redadas sin orden judicial en residencias privadas de barrios pobres.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n prev\u00e9 la libertad de expresi\u00f3n, incluida la de los miembros de la prensa y otros medios de comunicaci\u00f3n, y el gobierno suele respetar este derecho. Los medios de comunicaci\u00f3n expresan una gran variedad de opiniones, pero el gobierno suele influir en la prensa, en parte a trav\u00e9s de sus grandes presupuestos de publicidad. La concentraci\u00f3n de la propiedad de los medios, las deficiencias del poder judicial y la influencia pol\u00edtica tambi\u00e9n limitaron la independencia de los medios.<\/p>\n\n\n\n Libertad de expresi\u00f3n: <\/strong> En general, las personas y los grupos fueron capaces de criticar al gobierno en p\u00fablico y en privado sin represalias, aunque se produjeron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa.<\/p>\n\n\n\n En marzo, en medio de un debate p\u00fablico sobre un proyecto de ley que permit\u00eda el aborto en circunstancias espec\u00edficas, el Ministerio P\u00fablico, en nombre del Consejo Nacional de la Ni\u00f1ez y la Adolescencia (CONANI), notific\u00f3 a Katherine Motyka, fundadora y directora de Jompeame (una fundaci\u00f3n de crowdfunding), que deb\u00eda retirar todas las im\u00e1genes en las que aparecieran ni\u00f1os y adolescentes de sus plataformas de redes sociales o se enfrentar\u00eda a cargos legales. Esto fue a pesar de que Motyka afirm\u00f3 que todas las im\u00e1genes se publicaron con el pleno consentimiento de los padres y que la mayor\u00eda de las identidades de los ni\u00f1os no se revelaron en las publicaciones. El Ministerio P\u00fablico hizo la petici\u00f3n despu\u00e9s de que Jompeame publicara el caso de una ni\u00f1a de 12 a\u00f1os que sufri\u00f3 abusos sexuales y qued\u00f3 embarazada a consecuencia de la violaci\u00f3n. Grupos de la sociedad civil alegaron que la directiva estaba motivada por el deseo pol\u00edtico de influir en el debate p\u00fablico y limitar el aborto en todo tipo de casos. Ese mismo mes, el CONANI inform\u00f3 que Jompeame cumpli\u00f3 con la solicitud del Ministerio P\u00fablico y retir\u00f3 de su plataforma un video que, seg\u00fan un comunicado del Ministerio P\u00fablico, \u201cviolaba el derecho a la imagen y a la integridad\u201d de una joven que fue v\u00edctima de un grave delito.<\/p>\n\n\n\n Censura o restricciones de contenido: <\/strong>Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura pod\u00eda afectar negativamente a los intereses econ\u00f3micos o pol\u00edticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influy\u00f3 en la prensa a trav\u00e9s de los contratos de publicidad. En julio de 2020, la direcci\u00f3n de comunicaciones del gobierno public\u00f3 informes de gastos en publicidad que sumaban m\u00e1s de 1.050 millones de pesos (18,5 millones de d\u00f3lares) en ocho a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Leyes de difamaci\u00f3n\/injuria<\/strong>: La ley penaliza la difamaci\u00f3n y la injuria, con penas m\u00e1s severas para las ofensas cometidas contra figuras p\u00fablicas o estatales que para las ofensas contra particulares. La ley penaliza la injuria por declaraciones relacionadas con la vida privada de determinadas figuras p\u00fablicas, incluidos funcionarios del gobierno y jefes de estado extranjeros.<\/p>\n\n\n\n El 10 de febrero, el diputado oficialista Sergio \u201cGory\u201d Moya present\u00f3 una demanda contra el investigador privado \u00c1ngel Mart\u00ednez, con sede en Miami, por supuesta difamaci\u00f3n e injuria. En agosto, un juez emiti\u00f3 una orden de arresto contra Mart\u00ednez, bas\u00e1ndose en las acusaciones de que Mart\u00ednez hab\u00eda violado la ley de delitos de alta tecnolog\u00eda. Moya solicit\u00f3 que el tribunal condenara a Mart\u00ednez a un a\u00f1o de prisi\u00f3n y le obligara a pagar 10 millones de pesos (177.000 d\u00f3lares) por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n\n\n\n Libertad en Internet<\/strong><\/p>\n\n\n\n El gobierno no restringi\u00f3 ni interrumpi\u00f3 el acceso a Internet ni censur\u00f3 los contenidos en l\u00ednea. A diferencia de 2020, no hubo informes cre\u00edbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en l\u00ednea sin la debida autorizaci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n Libertades acad\u00e9micas y actos culturales<\/strong><\/p>\n\n\n\n No hubo restricciones gubernamentales a la libertad acad\u00e9mica ni a los actos culturales.<\/p>\n\n\n\n Libertad de asociaci\u00f3n pac\u00edfica<\/strong><\/p>\n\n\n\n El 20 de abril, la noche antes de que comenzara el debate sobre una nueva ley sobre el aborto, la polic\u00eda retir\u00f3 y destruy\u00f3 por la fuerza las tiendas de campa\u00f1a de activistas por los derechos de las mujeres que acampaban frente al palacio presidencial para sensibilizar sobre la despenalizaci\u00f3n del aborto. Los agentes de polic\u00eda argumentaron que hab\u00edan retirado las tiendas porque el grupo estaba infringiendo las restricciones del toque de queda de la COVID-19, que se hab\u00eda atenuado el 17 de abril. Los activistas por los derechos de las mujeres afirmaron que la polic\u00eda actu\u00f3 por motivaciones pol\u00edticas para reprimir la expresi\u00f3n sobre un tema pol\u00e9mico, ya que los activistas llevaban varios d\u00edas acampando all\u00ed sin interferencias y cuando las restricciones eran m\u00e1s estrictas. Varios legisladores intervinieron a favor de las activistas para defender su derecho de asociaci\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n V\u00e9ase el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado en https:\/\/www.state.gov\/religiousfreedomreport\/.<\/a><\/p>\n\n\n\n Movimiento dentro del pa\u00eds: <\/strong>Los representantes de la sociedad civil informaron de que los ciudadanos de ascendencia haitiana, los percibidos como haitianos y los migrantes haitianos se enfrentaban a obst\u00e1culos al viajar dentro del pa\u00eds. Los representantes de las ONG informaron de que las fuerzas de seguridad a veces ped\u00edan a los viajeros que mostraran los documentos de inmigraci\u00f3n y ciudadan\u00eda en los puestos de control de las carreteras de todo el pa\u00eds. Los ciudadanos de ascendencia haitiana y los inmigrantes sin documentos de identidad v\u00e1lidos informaron del temor a una deportaci\u00f3n r\u00e1pida cuando viajaban por el pa\u00eds, especialmente cerca de la frontera con Hait\u00ed (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.).<\/p>\n\n\n\n No aplica.<\/p>\n\n\n\n El gobierno cooper\u00f3 de forma limitada con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias en la provisi\u00f3n de protecci\u00f3n y asistencia a refugiados, solicitantes de asilo, ap\u00e1tridas y otras personas de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n El 22 de enero, el gobierno anunci\u00f3 un plan para regularizar la situaci\u00f3n migratoria de los ciudadanos venezolanos que resid\u00edan en el pa\u00eds en situaci\u00f3n migratoria irregular. El programa se aplicaba a los venezolanos, incluidos los ni\u00f1os, que hab\u00edan entrado legalmente en el pa\u00eds entre enero de 2014 y marzo de 2020. El gobierno permiti\u00f3 que los solicitantes se presentaran con pasaportes venezolanos vencidos. A partir del 5 de abril, las personas ten\u00edan 30 d\u00edas para registrarse en el gobierno. Aproximadamente 43.000 personas se registraron. Las personas registradas recibieron una pr\u00f3rroga de 60 d\u00edas del estatus legal. Los migrantes venezolanos a los que se les aprob\u00f3 la pr\u00f3rroga de 60 d\u00edas pudieron solicitar un visado temporal de trabajo o educaci\u00f3n. Este estatus puede renovarse autom\u00e1ticamente hasta que el Consejo Nacional de Migraci\u00f3n declare el fin de la actual situaci\u00f3n extraordinaria en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n El gobierno y las ONG estiman que otros 100.000 venezolanos viven en el pa\u00eds en situaci\u00f3n migratoria irregular. En 2019, el gobierno instituy\u00f3 una normativa que exige a los venezolanos solicitar un visado de turista antes de entrar en el pa\u00eds. Anteriormente, los venezolanos solo necesitaban un pasaporte v\u00e1lido y pod\u00edan recibir un visado de turista en el punto de entrada. Muchos venezolanos que se encontraban en el pa\u00eds entraron legalmente antes de la nueva normativa y permanecieron m\u00e1s de los tres meses permitidos.<\/p>\n\n\n\n Las asociaciones de refugiados e inmigrantes venezolanos, con el apoyo de la OIM, ACNUR y la Plataforma de Coordinaci\u00f3n para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), coordinaron con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil la prestaci\u00f3n de servicios de salud p\u00fablica y jur\u00eddicos a los refugiados y migrantes venezolanos. La Plataforma R4V era una plataforma regional interinstitucional, dirigida por OIM y ACNUR, para la coordinaci\u00f3n de la respuesta humanitaria a los refugiados y migrantes de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Acceso a Asilo:<\/strong> Los decretos presidenciales de la d\u00e9cada de los 80 establecieron un sistema para conceder el asilo o el estatus de refugiado; sin embargo, el sistema no se aplic\u00f3 por medio de leyes y reglamentos. La constituci\u00f3n proh\u00edbe la detenci\u00f3n por v\u00eda administrativa de los solicitantes de asilo, y la ley establece que los solicitantes de asilo no deben ser detenidos en ninguna circunstancia. El sistema de protecci\u00f3n a los refugiados no se aplic\u00f3 eficazmente. El gobierno reconoci\u00f3 y emiti\u00f3 documentos de identidad a muy pocos refugiados durante los \u00faltimos a\u00f1os. Las tasas de rechazo de las solicitudes de asilo se acercaban al 100%, y las solicitudes de asilo sol\u00edan quedar pendientes durante varios a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n Nacional para los Refugiados (CONARE), un organismo interministerial dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores es responsable de adjudicar las solicitudes de asilo. El proceso de adjudicaci\u00f3n exige que las personas soliciten asilo en un plazo de 15 d\u00edas desde su llegada al pa\u00eds. Si un solicitante de asilo permanece en el pa\u00eds m\u00e1s de 15 d\u00edas sin solicitarlo, pierde permanentemente el derecho a solicitarlo. La ley tambi\u00e9n rechaza cualquier solicitud de asilo de un individuo que estaba en, o que procede de, un pa\u00eds extranjero donde el individuo podr\u00eda haber solicitado asilo. Por lo tanto, el gobierno hace determinaciones de inadmisibilidad administrativamente antes de una entrevista de asilo o evaluaci\u00f3n por parte de CONARE.<\/p>\n\n\n\n Las ONG que trabajan con refugiados y solicitantes de asilo informaron de que no hab\u00eda informaci\u00f3n publicada en los puertos de entrada para notificar el derecho a solicitar asilo, o el plazo y el proceso para hacerlo. Adem\u00e1s, los representantes de las ONG informaron de que los funcionarios de migraci\u00f3n y otros funcionarios de seguridad no parec\u00edan entender c\u00f3mo manejar los casos de asilo de manera coherente con los compromisos internacionales del pa\u00eds. Por ley, el gobierno debe ofrecer el debido proceso a los solicitantes de asilo. Las personas que expresan su temor a ser devueltas a su pa\u00eds de nacionalidad o residencia habitual deben poder solicitar asilo seg\u00fan los procedimientos adecuados. Sin embargo, por lo general, no hab\u00eda ni revisi\u00f3n judicial de las \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n ni revisi\u00f3n por parte de terceros de las determinaciones de \u201cmiedo cre\u00edble\u201d.<\/p>\n\n\n\n Los funcionarios de la ONU informaron de que los solicitantes de asilo no fueron notificados adecuadamente de las decisiones de inadmisibilidad. CONARE no proporcion\u00f3 a los solicitantes de asilo rechazados detalles sobre los motivos de la negativa a su solicitud de asilo ni informaci\u00f3n sobre el proceso de apelaci\u00f3n. Los solicitantes rechazados recibieron una carta en la que se les indicaba que ten\u00edan 30 d\u00edas para abandonar el pa\u00eds voluntariamente. Seg\u00fan la pol\u00edtica del gobierno, desde el momento en que reciben la notificaci\u00f3n de rechazo, los solicitantes de asilo rechazados tienen siete d\u00edas para presentar un recurso. La carta de notificaci\u00f3n de negaci\u00f3n no menciona este derecho de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Funcionarios de la ONU afirmaron que la falta de garant\u00edas procesales en los procedimientos de migraci\u00f3n dio lugar a la detenci\u00f3n arbitraria de personas de inter\u00e9s sin revisi\u00f3n administrativa o judicial (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.). En consecuencia, los solicitantes de asilo y los refugiados en el pa\u00eds corren el riesgo de ser devueltos y de ser detenidos durante mucho tiempo.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las ONG de refugiados, CONARE no reconoce que la definici\u00f3n de refugiado de la Convenci\u00f3n de 1951 se aplica a las personas que expresan un temor bien fundado de persecuci\u00f3n perpetrada por agentes no estatales. Esta falta de reconocimiento tuvo un efecto perjudicial para las personas que huyen de la violencia sexual y de g\u00e9nero, la trata, la explotaci\u00f3n sexual y la discriminaci\u00f3n por su orientaci\u00f3n sexual o identidad de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n Devoluci\u00f3n: <\/strong>Se denunciaron casos de personas potencialmente necesitadas de protecci\u00f3n internacional a las que se les deneg\u00f3 la admisi\u00f3n en el punto de entrada y que posteriormente fueron deportadas a sus pa\u00edses de origen sin que se les concediera acceso al proceso de asilo (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 1.d.).<\/p>\n\n\n\n Libertad de circulaci\u00f3n<\/strong>: Las personas que solicitaban asilo a menudo esperaban meses para recibir un certificado como solicitante de asilo y para ser registrados en la base de datos del gobierno. El certificado deb\u00eda renovarse cada 30 d\u00edas en la oficina nacional de Santo Domingo, lo que obligaba a los solicitantes de asilo que viv\u00edan fuera de Santo Domingo a regresar mensualmente a la capital, acompa\u00f1ados de todos los miembros de su familia, o a perder su solicitud de asilo. Los solicitantes de asilo con casos pendientes s\u00f3lo dispon\u00edan de este certificado, o a veces de ninguno, para evitar la deportaci\u00f3n. Esto limitaba su libertad de movimiento. En los casos en que los solicitantes de asilo fueron detenidos por falta de documentaci\u00f3n, las organizaciones de refugiados y de derechos humanos pudieron abogar por su liberaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A algunos refugiados reconocidos por CONARE se les expidieron documentos de viaje que no fueron aceptados en los procesos de solicitud de visado, y a algunos no se les expidieron documentos de viaje en absoluto.<\/p>\n\n\n\n Empleo: <\/strong>El gobierno prohibi\u00f3 a los solicitantes de asilo con casos pendientes trabajar. Esta situaci\u00f3n se complicaba por los largos periodos de espera, a veces indefinidos, para que se resolvieran los casos de asilo pendientes. Algunos refugiados aprobados carec\u00edan de la documentaci\u00f3n necesaria para trabajar. No obstante, el empleo era un requisito del gobierno para renovar las tarjetas de residencia temporal de los refugiados.<\/p>\n\n\n\n Acceso a servicios b\u00e1sicos: <\/strong>Los refugiados aprobados tienen los mismos derechos y responsabilidades que los inmigrantes legales con permiso de residencia temporal. Los refugiados aprobados tienen derecho a la educaci\u00f3n, el empleo, la atenci\u00f3n sanitaria y otros servicios sociales. No obstante, las organizaciones de refugiados informaron de que segu\u00edan teniendo problemas. S\u00f3lo los refugiados que pueden pagar un seguro m\u00e9dico pueden acceder a una atenci\u00f3n sanitaria adecuada. Los refugiados informaron de que a veces no se reconoc\u00edan sus n\u00fameros de identificaci\u00f3n emitidos por el gobierno, por lo que no pod\u00edan abrir una cuenta bancaria o iniciar contratos de servicios b\u00e1sicos. En ocasiones, los refugiados ten\u00edan que recurrir a amigos o familiares para obtener estos servicios.<\/p>\n\n\n\n Protecci\u00f3n temporal: <\/strong>Un plan adoptado en 2013, y que estuvo en vigor hasta 2014, permiti\u00f3 a los migrantes indocumentados en el pa\u00eds solicitar la residencia legal temporal. Aunque se desconoce el n\u00famero exacto de migrantes indocumentados, la ley concedi\u00f3 el estatus de residencia temporal a m\u00e1s de 260.000 solicitantes, el 97% de los cuales eran haitianos. En noviembre de 2020, el plan estaba en el limbo, ya que 196.480 personas ten\u00edan permisos temporales vencidos despu\u00e9s de solicitar su renovaci\u00f3n en 2019 y 2020 y segu\u00edan esperando recibir los documentos actualizados. De los 260.000 solicitantes iniciales, solo 14.763 ten\u00edan un permiso v\u00e1lido para permanecer legalmente en el pa\u00eds; de estos titulares de permisos, 8.847 personas eran estudiantes no residentes y 5.916 eran residentes temporales. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupaci\u00f3n por el hecho de que muchos de los participantes en el plan carec\u00edan de pasaporte y otros documentos de identidad que no eran necesarios en la inscripci\u00f3n inicial pero s\u00ed para la renovaci\u00f3n. Las organizaciones de la sociedad civil a\u00f1adieron que las normas de renovaci\u00f3n no estaban claras ni para las autoridades gubernamentales ni para los beneficiarios del plan. Los cierres del gobierno y de las empresas para mitigar la propagaci\u00f3n del COVID-19 dificultaron a\u00fan m\u00e1s la renovaci\u00f3n de los beneficiarios de esta protecci\u00f3n temporal.<\/p>\n\n\n\n El 1 de noviembre, el Consejo Nacional de Migraci\u00f3n anunci\u00f3 que suspender\u00eda el programa de visados de estudiante para los haitianos y pondr\u00eda en marcha una auditor\u00eda de los m\u00e1s de 200.000 extranjeros a los que se hab\u00eda concedido el estatus de residencia temporal bajo la administraci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n No se conced\u00edan documentos de residencia temporal a los solicitantes de asilo; a los que se consideraban admisibles en el proceso se les exped\u00eda un certificado que les proteg\u00eda de la deportaci\u00f3n, pero no les confer\u00eda otros derechos. Este certificado tardaba a menudo meses en ser entregado a los solicitantes de asilo. Debido en parte a este retraso, tanto los refugiados como los solicitantes de asilo viv\u00edan al margen del sistema migratorio. A menudo se ped\u00eda a los extranjeros que presentaran documentos migratorios legales para obtener asistencia jur\u00eddica o para acceder al sistema judicial; por lo tanto, los numerosos refugiados y solicitantes de asilo que carec\u00edan de estos documentos no pod\u00edan acceder a la ayuda legal para situaciones que afrontaban en virtud del derecho penal, laboral, familiar o civil.<\/p>\n\n\n\n Los refugiados reconocidos por CONARE deb\u00edan someterse a una reevaluaci\u00f3n anual de su necesidad de protecci\u00f3n internacional, un procedimiento contrario a las normas internacionales. Los refugiados recib\u00edan permisos de residencia temporales de un a\u00f1o que no ten\u00edan la posibilidad de convertirse en un permiso de residencia permanente.<\/p>\n\n\n\n Un cambio constitucional en 2010 y una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 modificaron las leyes de ciudadan\u00eda del pa\u00eds. Uno de los efectos fue la privaci\u00f3n retroactiva de la ciudadan\u00eda dominicana a aproximadamente 135.000 personas, en su mayor\u00eda hijos de migrantes haitianos indocumentados, que anteriormente ten\u00edan la ciudadan\u00eda dominicana en virtud de la pol\u00edtica de ius soli (ciudadan\u00eda por nacimiento dentro del pa\u00eds) vigente desde 1929.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos determin\u00f3 que estas revisiones legales condujeron a la apatridia de las personas que perdieron su ciudadan\u00eda dominicana. Los funcionarios de la ONU y las ONG afirmaron que los cambios legales tuvieron un impacto desproporcionado y negativo en mujeres y sus hijos. Informaron de que las madres, especialmente las solteras de origen haitiano, no pod\u00edan registrar a sus hijos de la misma manera que los padres. La ley exige un certificado de nacimiento especial para los ni\u00f1os nacidos de mujeres extranjeras que no tienen documentaci\u00f3n de residencia legal. Esto llev\u00f3 a la discriminaci\u00f3n en la capacidad de los ni\u00f1os nacidos de mujeres extranjeras y padres ciudadanos dominicanos para obtener la nacionalidad dominicana, especialmente si eran de ascendencia haitiana. Esto no ocurr\u00eda en la situaci\u00f3n inversa, cuando los ni\u00f1os nac\u00edan de una madre ciudadana dominicana y un padre nacido en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n Estos obst\u00e1culos para el registro oportuno de los nacimientos, necesario para determinar la ciudadan\u00eda, pon\u00edan en riesgo el acceso de los ni\u00f1os a una amplia gama de derechos, entre ellos el derecho a la nacionalidad, a un nombre y una identidad, y a la igualdad ante la ley.<\/p>\n\n\n\n Una ley de 2014 cre\u00f3 un mecanismo para proporcionar documentos de ciudadan\u00eda o un proceso de naturalizaci\u00f3n a los ap\u00e1tridas. El mecanismo exacto depende de la situaci\u00f3n documental de la persona antes del cambio constitucional de 2010. En la pr\u00e1ctica, el nuevo mecanismo de documentaci\u00f3n s\u00f3lo tuvo \u00e9xito parcialmente. Muchos ap\u00e1tridas no se inscribieron en el mecanismo antes de su fecha l\u00edmite.<\/p>\n\n\n\n En julio del 2020 el gobierno saliente aprob\u00f3 la naturalizaci\u00f3n de 750 individuos, la mayor\u00eda de los cuales eran menores de edad que fueron despojados de su ciudadan\u00eda por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 y que fueron conocidos como el Grupo B. Estas 750 personas del Grupo B fueron las primeras en ser aprobadas para la naturalizaci\u00f3n desde que se aprob\u00f3 la ley del 2014. En mayo, el presidente Abinader aprob\u00f3 la naturalizaci\u00f3n de otras 50 personas del mismo grupo. Las ONG afirmaron que, aunque se hab\u00eda aprobado la ciudadan\u00eda para las 800 personas, ninguna hab\u00eda recibido sus documentos hasta octubre debido a los obst\u00e1culos en diferentes instituciones gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de un mecanismo previsto en la ley para las personas con otras circunstancias (com\u00fanmente conocido como Grupo A), el gobierno identific\u00f3 y luego emiti\u00f3 certificados de nacimiento y documentos nacionales de identidad a aproximadamente 26.000 personas en 2014 y m\u00e1s tarde ese a\u00f1o identific\u00f3 a otras 34.900 personas como posibles integrantes del Grupo A. En octubre, estas personas no hab\u00edan recibido un documento de identidad que confirmara su nacionalidad dominicana debido a aparentes preocupaciones sobre la naturaleza de la documentaci\u00f3n b\u00e1sica que establece la ciudadan\u00eda. Esto los coloc\u00f3 en un alto riesgo de apatridia. El grupo de personas identificadas como posibles integrantes del Grupo A se remonta a personas nacidas en 1929. Dado que algunos de estos individuos hab\u00edan fallecido o se hab\u00edan trasladado fuera del pa\u00eds en las d\u00e9cadas siguientes, el n\u00famero restante de individuos del Grupo A que cumpl\u00edan los requisitos era probablemente mucho menor que las 35.000 personas identificadas por la Junta Electoral Central (JCE).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan observadores, muchos ap\u00e1tridas incluidos en el perfil del Grupo B no pudieron o no quisieron inscribirse en el proceso de naturalizaci\u00f3n durante la ventana de solicitud de 180 d\u00edas. En octubre no hab\u00eda forma de que este grupo obtuviera la nacionalidad dominicana. Adem\u00e1s, exist\u00edan otros individuos nacidos en el pa\u00eds en momentos y circunstancias espec\u00edficas relacionados con sus padres que se encontraban en un limbo legal relacionado con su ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Las personas nacidas en la Rep\u00fablica Dominicana sin ciudadan\u00eda ni documentos de identidad se enfrentaban a obst\u00e1culos para viajar tanto dentro como fuera del pa\u00eds. A partir de 2015, las autoridades intentaron deportar a algunas de estas personas, pero la intervenci\u00f3n de los organismos de la ONU lo impidi\u00f3. Los ap\u00e1tridas no tienen acceso a la participaci\u00f3n electoral, a los empleos del sector formal, al registro de matrimonio, al registro de nacimiento, a los pr\u00e9stamos formales, a los procedimientos judiciales, a los programas estatales de protecci\u00f3n social ni a la propiedad. Su acceso a la educaci\u00f3n p\u00fablica primaria y a la atenci\u00f3n sanitaria es limitado. Adem\u00e1s, los que pueden recibir una educaci\u00f3n no reciben un reconocimiento oficial, como un certificado, por haber completado los estudios.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n otorga a los ciudadanos la capacidad de elegir su gobierno en elecciones peri\u00f3dicas libres y justas celebradas con voto secreto y basadas en un sufragio casi universal, directo y equitativo. El personal policial y militar activo tiene prohibido votar o participar en actividades pol\u00edticas partidistas.<\/p>\n\n\n\n Elecciones recientes:<\/strong> Las elecciones municipales estaban previstas para febrero del 2020. Sin embargo, el d\u00eda de las elecciones, la JCE suspendi\u00f3 los comicios por una falla en el sistema de votaci\u00f3n electr\u00f3nica. Seg\u00fan informes posteriores de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) y de la Uni\u00f3n Interamericana de Organismos Electorales, el fallo se debi\u00f3 a la mala gesti\u00f3n del sistema electr\u00f3nico por parte de la JCE, incluyendo la falta de auditor\u00eda e implementaci\u00f3n gradual del mismo. El informe de la OEA provoc\u00f3 la destituci\u00f3n del director nacional de inform\u00e1tica de la JCE. En marzo de 2020 los votantes participaron en unas elecciones municipales reprogramadas. Los observadores internacionales y nacionales describieron las elecciones reprogramadas como ampliamente libres y justas.<\/p>\n\n\n\n Las elecciones presidenciales y congresuales estaban originalmente programadas para el 15 de mayo del 2020, pero la JCE pospuso estas elecciones para el 5 de julio del 2020, debido al estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. En las elecciones de julio del 2020, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, fue elegido presidente para un per\u00edodo de cuatro a\u00f1os. Esta fue la primera vez desde el a\u00f1o 2000 que un miembro del partido de la oposici\u00f3n gan\u00f3 una elecci\u00f3n presidencial. La JCE no anunci\u00f3 los resultados finales y oficiales de las elecciones presidenciales hasta dos d\u00edas despu\u00e9s de las mismas. Los resultados de las elecciones parlamentarias se anunciaron 12 d\u00edas despu\u00e9s de las elecciones. Algunas elecciones congresuales y municipales siguieron siendo objeto de disputa durante semanas, lo que dio lugar a protestas y actos de violencia espor\u00e1dicos, principalmente en el Distrito Nacional, en relaci\u00f3n con los esca\u00f1os de la c\u00e1mara baja del Congreso. Sin embargo, en general, la sociedad civil y los observadores internacionales elogiaron a los ciudadanos y a las autoridades electorales por un proceso de votaci\u00f3n ordenado y en gran medida pac\u00edfico, a pesar de los desaf\u00edos del COVID-19.<\/p>\n\n\n\n Tanto en las elecciones municipales como en las presidenciales, los observadores de la OEA y los nacionales observaron la existencia de una amplia campa\u00f1a pol\u00edtica ilegal inmediatamente fuera de los colegios electorales, indicios de compra de votos, falta de transparencia financiera por parte de los partidos pol\u00edticos y los candidatos, y uso ilegal de fondos p\u00fablicos durante la campa\u00f1a. La mayor\u00eda de los delitos electorales no fueron sometidos a la justicia.<\/p>\n\n\n\n Partidos y participaci\u00f3n pol\u00edticos: <\/strong>Una ley del 2018 regula los partidos pol\u00edticos y formaliza las primarias de los partidos, su financiamiento y la creaci\u00f3n de nuevos partidos pol\u00edticos. Las instituciones y los tribunales electorales interpretaron y aplicaron la ley del 2018 durante el ciclo electoral nacional del 2019-20, y el Tribunal Constitucional anul\u00f3 varias partes. Los representantes de la sociedad civil comentaron que la ley ayud\u00f3 a la organizaci\u00f3n del proceso electoral del 2020. Los principales actores pol\u00edticos, sin embargo, ignoraron en gran medida secciones importantes de la ley, en particular las relacionadas con el financiamiento de campa\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n Por ley, los partidos principales, definidos como aquellos que recibieron el 5% de los votos o m\u00e1s en las elecciones anteriores, reciben el 80% de los fondos p\u00fablicos para las campa\u00f1as, mientras que los partidos menores se reparten el 20% restante. La OEA, las ONG nacionales y los partidos menores criticaron esta asignaci\u00f3n de fondos por considerarla desigual e injusta. Los grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno y al entonces gobernante Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana por utilizar fondos p\u00fablicos para pagar publicidad poco antes de las elecciones, a pesar de la prohibici\u00f3n legal de utilizar fondos p\u00fablicos para las campa\u00f1as. Seg\u00fan los grupos de la sociedad civil, los ingresos procedentes de la publicidad del gobierno influyeron en los propietarios de los medios de comunicaci\u00f3n para censurar las voces que discrepaban del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana.<\/p>\n\n\n\n Participaci\u00f3n de mujeres y miembros de grupos minoritarios:<\/strong> Ninguna ley limita la participaci\u00f3n de las mujeres o de los miembros de grupos minoritarios en el proceso pol\u00edtico, y \u00e9stos participaron. La ley estipula que al menos el 40 por ciento, y no m\u00e1s del 60 por ciento, de los candidatos de un partido pol\u00edtico deben ser de un determinado g\u00e9nero, pero en la pr\u00e1ctica las mujeres estuvieron subrepresentadas. A pesar de la disposici\u00f3n de equilibrio de g\u00e9nero en la ley, las elecciones de julio del 2020 dieron como resultado aproximadamente el mismo n\u00famero de mujeres elegidas que en 2016.<\/p>\n\n\n\n Incluso con el alto perfil de las mujeres durante la contienda pol\u00edtica de julio del 2020, incluidas las candidatas a la vicepresidencia en todas las candidaturas de los partidos, m\u00e1s de la mitad de las mujeres elegidas fueron seleccionadas para puestos secundarios o suplentes (como la vicepresidencia y la vice-alcald\u00eda). Los hombres ganaron dos tercios de los puestos de liderazgo directo (como la presidencia, la alcald\u00eda y la senadur\u00eda). Por ejemplo, en las elecciones municipales, 724 de los candidatos a las alcald\u00edas eran hombres, mientras que s\u00f3lo 122 eran mujeres. Estas cifras se invirtieron en el caso de las vice-alcald\u00edas, donde 674 candidatos eran mujeres y 122 hombres.<\/p>\n\n\n\n La ley prev\u00e9 sanciones penales para la corrupci\u00f3n de funcionarios, y en un cambio con respecto a a\u00f1os anteriores se\u00f1alado por los observadores independientes, el gobierno en general aplic\u00f3 la ley con eficacia. La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica investig\u00f3 a los funcionarios presuntamente corruptos.<\/p>\n\n\n\n Los representantes de las ONG dijeron que el mayor obst\u00e1culo para las investigaciones efectivas era tradicionalmente la falta de voluntad pol\u00edtica para procesar a los individuos acusados de corrupci\u00f3n, particularmente a los individuos bien conectados o a los pol\u00edticos de alto nivel. Sin embargo, durante el mandato del presidente Abinader, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica inici\u00f3 una serie de casos contra funcionarios p\u00fablicos, incluidos pol\u00edticos de alto nivel y sus familias, en su mayor\u00eda de la administraci\u00f3n anterior, pero tambi\u00e9n miembros de la administraci\u00f3n actual. No obstante, la corrupci\u00f3n gubernamental sigui\u00f3 siendo un problema grave.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n:<\/strong> La Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA) detuvo el 15 de junio al entonces director de la loter\u00eda nacional, Luis Maisichell Dicent, a ra\u00edz de las acusaciones de que Dicent orquest\u00f3 un importante fraude por valor de m\u00e1s de 150 millones de pesos (2,5 millones de d\u00f3lares). El 29 de junio, la PEPCA detuvo al ex procurador general Jean Alain Rodr\u00edguez y a otras siete personas por cargos de fraude, corrupci\u00f3n p\u00fablica y lavado de activos relacionados con la construcci\u00f3n del centro penitenciario de La Nueva Victoria. En septiembre, la PEPCA realiz\u00f3 varias detenciones relacionadas con una trama de tr\u00e1fico de drogas y lavado de activos en la que estaban implicados un funcionario actual y tres congresistas, uno de ellos del partido gobernante. En noviembre, la PEPCA lanz\u00f3 otra operaci\u00f3n que implicaba a mandos militares activos. En particular, las autoridades detuvieron a Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza A\u00e9rea y ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Tur\u00edstica bajo la actual administraci\u00f3n. A finales de a\u00f1o, todos estos casos estaban siendo investigados, y muchos de los acusados se encontraban en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n Las ONG y los ciudadanos particulares denunciaron peri\u00f3dicamente actos de corrupci\u00f3n por parte de diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la polic\u00eda, los funcionarios de inmigraci\u00f3n y los funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno recurri\u00f3 a castigos no judiciales por corrupci\u00f3n, como el despido o el traslado de militares, polic\u00edas, jueces y funcionarios menores.<\/p>\n\n\n\n Varias organizaciones nacionales e internacionales operaron generalmente sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Aunque los funcionarios del gobierno sol\u00edan cooperar y responder ante sus opiniones, los grupos de derechos humanos que defend\u00edan los derechos de los haitianos y de las personas de ascendencia haitiana se enfrentaban ocasionalmente a la obstrucci\u00f3n por parte del gobierno.<\/p>\n\n\n\n Organismos gubernamentales de derechos humanos:<\/strong> La Constituci\u00f3n establece el cargo de defensor del pueblo de los derechos humanos. Las funciones del defensor del pueblo son la protecci\u00f3n de los derechos humanos y de los intereses colectivos. Tambi\u00e9n existe una comisi\u00f3n de derechos humanos, copresidida por el ministro de relaciones exteriores y la procuradora general. La Procuradur\u00eda General tiene su propia divisi\u00f3n para asuntos de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Violaciones sexuales y violencia dom\u00e9stica:<\/strong> La ley penaliza la violaci\u00f3n de hombres y mujeres, la violaci\u00f3n conyugal, la violencia dom\u00e9stica, el incesto y la agresi\u00f3n sexual. Las penas por violaci\u00f3n van de 10 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una modesta multa. La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica supervisa la Unidad de Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n de la Violencia, que cuenta con 19 oficinas en las 32 provincias del pa\u00eds. La Procuradur\u00eda instruy\u00f3 a sus funcionarios para que no se conformaran en los casos de violencia contra la mujer y para que continuaran los procesos judiciales incluso cuando las v\u00edctimas retiraran los cargos. Los fiscales proporcionan asistencia y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de la violencia remiti\u00e9ndolas a las instituciones adecuadas para que reciban asesoramiento jur\u00eddico, m\u00e9dico y psicol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de la Mujer promovi\u00f3 la igualdad y la prevenci\u00f3n de la violencia contra las mujeres y los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+) mediante la puesta en marcha de programas de educaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n, as\u00ed como la formaci\u00f3n de otros ministerios y oficinas. A lo largo del a\u00f1o, el ministerio renov\u00f3 o abri\u00f3 un total de 15 refugios para mujeres y ni\u00f1os v\u00edctimas de la violencia, incluido uno dedicado a las v\u00edctimas de trata. El ministerio tambi\u00e9n colabor\u00f3 con la polic\u00eda y la Procuradur\u00eda General para poner en marcha una unidad de respuesta a la violencia de g\u00e9nero y dom\u00e9stica, que incluye la formaci\u00f3n de todo el personal sobre la respuesta adecuada a las llamadas y visitas de emergencia. Los representantes de las ONG acogieron en general con satisfacci\u00f3n estos esfuerzos, pero insistieron en que era necesario hacer m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n En marzo, un grupo de periodistas dio a conocer un informe que muestra que en el 2019, uno de cada cuatro feminicidios no fue registrado como tal por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. Seg\u00fan el informe, la Procuradur\u00eda s\u00f3lo contabiliz\u00f3 los feminicidios de \u00edndole \u00edntima -aquellos cometidos por una pareja o expareja- entre los casos oficiales. En 2019 la Fiscal\u00eda registr\u00f3 oficialmente 77 feminicidios, mientras que el informe de los periodistas identific\u00f3 103 casos ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Otras pr\u00e1cticas tradicionales perjudiciales:<\/strong> Los ataques con \u00e1cido, predominantemente contra mujeres, con una mezcla de \u00e1cido sulf\u00farico, clorh\u00eddrico y muri\u00e1tico, un preparado com\u00fanmente conocido como \u00e1cido del diablo, constitu\u00edan un problema para las autoridades. El director de la unidad de quemados de uno de los mayores centros de traumatolog\u00eda del pa\u00eds afirm\u00f3 que el 7% de los ingresos anuales en la unidad eran pacientes que sufr\u00edan quemaduras con \u00e1cido del diablo. El gobierno normalmente proces\u00f3 al organizador del ataque (normalmente una expareja), no a las personas contratadas para cometer el acto en s\u00ed. Seg\u00fan los l\u00edderes de la sociedad civil, las personas condenadas por este delito recib\u00edan penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, pero a menudo s\u00f3lo pasaban dos a\u00f1os en la c\u00e1rcel. En septiembre, la procuradora general Miriam German dio instrucciones a los fiscales para que trataran los ataques con \u00e1cido del diablo como \u201cactos de tortura o crueldad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Acoso sexual:<\/strong> La ley tipifica el acoso sexual por parte de una figura de autoridad como un delito menor; la condena conlleva una pena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n y una cuantiosa multa. Los dirigentes sindicales denuncian que la ley no se aplica y que el acoso sexual sigue siendo un problema.<\/p>\n\n\n\n Derechos reproductivos:<\/strong> No se inform\u00f3 de abortos forzados o esterilizaciones involuntarias por parte de las autoridades gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n Los bajos ingresos fueron una barrera para acceder a la informaci\u00f3n sobre la atenci\u00f3n a la salud reproductiva. Las ONG de planificaci\u00f3n familiar proporcionaron anticonceptivos de forma gratuita. Sin embargo, muchas mujeres de bajos ingresos los utilizaban de forma irregular debido a la falta de informaci\u00f3n, la disponibilidad irregular, las influencias sociales y el dominio cultural masculino.<\/p>\n\n\n\n El gobierno proporcion\u00f3 cierto acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las supervivientes de la violencia sexual a trav\u00e9s del Ministerio de la Mujer, pero la mayor parte de la carga de la prestaci\u00f3n de estos servicios recay\u00f3 en las ONG de derechos de la mujer. Los anticonceptivos de emergencia estuvieron disponibles.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Human Rights Watch, a las estudiantes embarazadas y a las madres j\u00f3venes a menudo les resultaba dif\u00edcil o imposible continuar su educaci\u00f3n. Una ONG de derechos de la mujer dijo que hab\u00eda muchas razones por las que las mujeres j\u00f3venes y las ni\u00f1as abandonaban la escuela despu\u00e9s del embarazo, incluyendo el impacto del embarazo en su salud y las deficiencias del sistema educativo que imped\u00edan a muchas mujeres y ni\u00f1as regresar. Muchas fueron expulsadas de la escuela, aunque es ilegal hacerlo, o fueron trasladadas a clases nocturnas con el pretexto de que eran un \u201cmal ejemplo\u201d para otros estudiantes. La ONG tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que una vez que las j\u00f3venes y las ni\u00f1as se quedaban embarazadas, sus familias y comunidades las consideraban emancipadas, independientemente de su edad. Se esperaba que las j\u00f3venes madres se quedaran en casa para cuidar del beb\u00e9 y realizar otras tareas dom\u00e9sticas.<\/p>\n\n\n\n Discriminaci\u00f3n: <\/strong>Aunque la ley otorga a las mujeres y a los hombres los mismos derechos legales, las mujeres no gozaban de una situaci\u00f3n social y econ\u00f3mica ni de oportunidades iguales a las de los hombres. Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que las mujeres se enfrentaban a obst\u00e1culos relacionados con la igualdad econ\u00f3mica y la independencia. Adem\u00e1s, ninguna ley exige igual salario por igual trabajo.<\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por el color de la piel y la nacionalidad. Se observaron prejuicios raciales y discriminaci\u00f3n contra personas de tez oscura, haitianas o percibidas como haitianas. La sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron de que los funcionarios negaron los servicios de atenci\u00f3n sanitaria y documentaci\u00f3n a las personas de ascendencia haitiana y a los migrantes haitianos (v\u00e9anse tambi\u00e9n las secciones 1.d., 2.d. y 2.g.).<\/p>\n\n\n\n Los afro dominicanos y los ciudadanos de ascendencia haitiana sufrieron discriminaci\u00f3n al acceder a diversos servicios gubernamentales. En ocasiones, los hospitales entregaron err\u00f3neamente certificados de nacimiento de color rosa (que indican la condici\u00f3n de extranjero) a los hijos de padres que se supon\u00eda que eran migrantes haitianos por el color de su piel, su acento o su nombre. La polic\u00eda detuvo a ciudadanos de ascendencia haitiana para su deportaci\u00f3n o para la comisi\u00f3n de supuestos delitos bas\u00e1ndose en el color de su piel, su acento, su lugar de residencia o su nombre. En algunos organismos p\u00fablicos, como forma de impedirles el acceso a sus documentos, se imped\u00eda sistem\u00e1ticamente a los ciudadanos de ascendencia haitiana aparcar sus veh\u00edculos o utilizar el ba\u00f1o. En noviembre, el pa\u00eds comenz\u00f3 a deportar a las haitianas embarazadas y a las personas de origen haitiano que hab\u00edan dado a luz recientemente, como parte de las pol\u00edticas migratorias reci\u00e9n instituidas para frenar la prevalencia de inmigrantes indocumentados.<\/p>\n\n\n\n El viceministro de Gesti\u00f3n Migratoria y Naturalizaci\u00f3n, Juan Manuel Rosario, cuestion\u00f3 repetidamente en los medios de comunicaci\u00f3n la validez del decreto que pretend\u00eda regularizar a los ciudadanos de ascendencia haitiana. Se report\u00f3 que bajo la direcci\u00f3n del viceministro Rosario, el ministerio instituy\u00f3 una serie de requisitos de documentaci\u00f3n y trabas administrativas que hicieron pr\u00e1cticamente imposible que las personas de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos obtuvieran sus documentos leg\u00edtimos. Durante el verano, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclar\u00f3 que el gobierno segu\u00eda defendiendo la legalidad del decreto de naturalizaci\u00f3n emitido por el entonces presidente Medina y que los comentarios de Rosario no reflejaban un cambio en la posici\u00f3n del gobierno. Adem\u00e1s, el 10 de octubre, el director general de Migraci\u00f3n, Enrique Garc\u00eda, declar\u00f3 que los ciudadanos \u201cno pueden permitir que [los haitianos] nos quiten el pa\u00eds\u201d y se\u00f1al\u00f3 que \u201cla soluci\u00f3n haitiana no est\u00e1 en la Rep\u00fablica Dominicana\u201d. En una entrevista radial del 1 de diciembre, Garc\u00eda afirm\u00f3 que la deportaci\u00f3n de haitianas embarazadas no es ilegal, ya que la ley s\u00f3lo proh\u00edbe su \u201cdetenci\u00f3n\u201d. Agreg\u00f3 que incluso pod\u00eda buscarlas \u201cdebajo de las camas\u2026 porque la ley se lo permite\u201d.<\/p>\n\n\n\n Registro de Nacimiento:<\/strong> La ciudadan\u00eda se adquiere con el nacimiento en el pa\u00eds, excepto para los hijos de diplom\u00e1ticos, de los que est\u00e1n \u201cen tr\u00e1nsito\u201d o de los padres que est\u00e1n ilegalmente en el pa\u00eds (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 2.g.). Un ni\u00f1o nacido en el extranjero de madre o padre dominicanos tambi\u00e9n puede adquirir la ciudadan\u00eda. Los ni\u00f1os no inscritos al nacer permanecen indocumentados hasta que los padres presentan una declaraci\u00f3n de nacimiento tard\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Abuso infantil:<\/strong> El abuso de menores de 18 a\u00f1os, incluido el abuso f\u00edsico, sexual y psicol\u00f3gico, es un problema grave. La ley contiene disposiciones relativas al abuso de menores, incluyendo el maltrato f\u00edsico y emocional, la explotaci\u00f3n sexual y el trabajo infantil. La ley prev\u00e9 penas de entre dos y cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y una cuantiosa multa para las personas condenadas por maltrato f\u00edsico y psicol\u00f3gico a un menor. A pesar de este marco legal para combatir el abuso infantil, las ONG locales informaron de que se denunciaron pocos casos a las autoridades y menos a\u00fan fueron procesados.<\/p>\n\n\n\n Matrimonio infantil, forzado y prematuro:<\/strong> A finales de diciembre de 2020, el Congreso aprob\u00f3 un proyecto de ley que proh\u00edbe el matrimonio de los menores de 18 a\u00f1os. La ley entr\u00f3 en vigor en enero. Antes de la aprobaci\u00f3n de la ley, el 22 por ciento de las ni\u00f1as de entre 15 y 19 a\u00f1os estaban embarazadas, un problema directamente relacionado con el matrimonio prematuro. Las ni\u00f1as sol\u00edan casarse con hombres mucho mayores. El matrimonio infantil era m\u00e1s frecuente entre las ni\u00f1as sin educaci\u00f3n, pobres y que viv\u00edan en zonas rurales. M\u00e1s de la mitad de las mujeres del quintil m\u00e1s pobre del pa\u00eds estaban casadas a los 17 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Explotaci\u00f3n sexual de menores:<\/strong> La ley define el delito de violaci\u00f3n como las relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 a\u00f1os. Las penas por condena de violaci\u00f3n son de 10 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa significativa.<\/p>\n\n\n\n Los ni\u00f1os fueron explotados para el comercio sexual, especialmente en lugares tur\u00edsticos y en las principales zonas urbanas. La pornograf\u00eda infantil tambi\u00e9n estaba muy extendida y crec\u00eda debido a la facilidad de explotaci\u00f3n en l\u00ednea. El gobierno llev\u00f3 a cabo programas para combatir la explotaci\u00f3n sexual de menores.<\/p>\n\n\n\n Ni\u00f1os desplazados:<\/strong> Grandes poblaciones de ni\u00f1os, principalmente haitianos o de ascendencia haitiana, viv\u00edan en las calles y resultaban vulnerables a la trata.<\/p>\n\n\n\n Secuestros internacionales de menores:<\/strong> El pa\u00eds es parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracci\u00f3n Internacional de Menores. V\u00e9ase el informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracci\u00f3n internacional de menores por sus padres<\/em> en https:\/\/travel.state.gov\/content\/travel\/en\/International-Parental-Child-Abduction\/for-providers\/legal-reports-and-data\/reported-cases.html<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La comunidad jud\u00eda estaba formada por unas 350 personas. No hubo informes de actos antisemitas.<\/p>\n\n\n\n V\u00e9ase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas<\/em> en https:\/\/www.state.gov\/trafficking-in-persons-report\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Las personas con discapacidad no pod\u00edan acceder a la educaci\u00f3n, los servicios sanitarios, los edificios p\u00fablicos o el transporte en igualdad de condiciones que los dem\u00e1s. La ley prev\u00e9 el acceso al mercado laboral, a las actividades recreativas y culturales, y el acceso f\u00edsico a todos los edificios p\u00fablicos y privados nuevos, pero estas leyes no se aplicaban de forma efectiva. La ley especifica que cada ministerio debe colaborar con el Consejo Nacional de la Discapacidad para aplicar estas disposiciones. Muy pocos edificios p\u00fablicos eran totalmente accesibles.<\/p>\n\n\n\n La Asociaci\u00f3n Dominicana de Rehabilitaci\u00f3n recibi\u00f3 apoyo del Ministerio de Salud P\u00fablica y de la Oficina de la Presidencia para prestar asistencia en materia de rehabilitaci\u00f3n a personas con discapacidades f\u00edsicas y de aprendizaje y para gestionar escuelas especializadas para ni\u00f1os con discapacidades f\u00edsicas y mentales. La falta de transporte p\u00fablico accesible era un gran impedimento.<\/p>\n\n\n\n La ley establece que el gobierno debe facilitar el acceso al mercado laboral y a las actividades culturales, recreativas y religiosas a las personas con discapacidad, pero la ley no se aplicaba de forma sistem\u00e1tica. Exist\u00edan tres centros gubernamentales para la atenci\u00f3n de ni\u00f1os con discapacidad, uno en Santo Domingo, otro en Santiago de los Caballeros y otro en San Juan de la Maguana. Estos centros atend\u00edan a un peque\u00f1o porcentaje de la poblaci\u00f3n con discapacidad, ofreciendo sus servicios a ni\u00f1os con par\u00e1lisis cerebral, s\u00edndrome de Down y trastorno del espectro autista. Ten\u00edan largas listas de espera para los ni\u00f1os que buscaban atenci\u00f3n. La informaci\u00f3n m\u00e1s reciente, procedente de un informe del Ministerio de Educaci\u00f3n del a\u00f1o 2016, se\u00f1alaba que el 80% de los alumnos con discapacidad inscritos asist\u00edan a alg\u00fan tipo de centro.<\/p>\n\n\n\n Aunque la ley proh\u00edbe el uso de pruebas de detecci\u00f3n del VIH para los empleados, el gobierno, Human Rights Watch, Amnist\u00eda Internacional y la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo informaron de que los trabajadores de diversas industrias se enfrentaban a la prueba obligatoria del VIH. En ocasiones, los trabajadores eran sometidos a las pruebas sin su conocimiento o consentimiento. Muchos solicitantes de empleo que ten\u00edan el VIH no fueron contratados, y algunos de los que ya estaban empleados fueron despedidos o se les neg\u00f3 una atenci\u00f3n sanitaria adecuada.<\/p>\n\n\n\n La Constituci\u00f3n protege los principios de no discriminaci\u00f3n e igualdad ante la ley, pero no incluye espec\u00edficamente la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero como categor\u00edas protegidas. Proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por motivos de \u201ccondici\u00f3n social o personal\u201d y ordena al Estado \u201cprevenir y combatir la discriminaci\u00f3n, la marginaci\u00f3n, la vulnerabilidad y la exclusi\u00f3n\u201d. La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero s\u00f3lo en las pol\u00edticas relacionadas con la juventud y el desarrollo de los j\u00f3venes.<\/p>\n\n\n\n La discriminaci\u00f3n limit\u00f3 la capacidad de las personas LGBTQI+ para acceder a la educaci\u00f3n, el empleo, la atenci\u00f3n sanitaria y otros servicios. Los representantes de las ONG informaron de la discriminaci\u00f3n generalizada que sufr\u00edan las personas LGBTQI+, sobre todo los transexuales y las lesbianas, en la atenci\u00f3n sanitaria, la vivienda, la educaci\u00f3n, la justicia y el empleo. Las personas LGBTQI+ tambi\u00e9n se enfrentaron a intimidaci\u00f3n y acoso desenfrenados.<\/p>\n\n\n\n Se inform\u00f3 de que los ciudadanos atacaban y a veces mataban a presuntos delincuentes en represalias por hurtos, robos o atracos. Las autoridades generalmente investigaron estos incidentes y procesaron a los implicados.<\/p>\n\n\n\n La ley establece el derecho de los trabajadores, con excepci\u00f3n de los militares y la polic\u00eda, a formar y afiliarse a sindicatos independientes, realizar huelgas legales y negociar colectivamente; sin embargo, impone varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, la ley restringe los derechos de negociaci\u00f3n colectiva a aquellos sindicatos que representen un m\u00ednimo del 51% de los trabajadores de una empresa. Adem\u00e1s, la ley proh\u00edbe las huelgas hasta que se cumplan los requisitos obligatorios de mediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los requisitos formales para que una huelga sea legal tambi\u00e9n incluyen el apoyo de una mayor\u00eda absoluta de todos los trabajadores de la empresa a la huelga, la notificaci\u00f3n por escrito al Ministerio de Trabajo y un periodo de espera de 10 d\u00edas tras la notificaci\u00f3n antes de que la huelga pueda proceder. Los trabajadores p\u00fablicos y el personal esencial de los servicios p\u00fablicos no pueden hacer huelga. El gobierno adopt\u00f3 una amplia definici\u00f3n de trabajadores esenciales, que incluye a los profesores y a los trabajadores de los servicios p\u00fablicos de comunicaciones, suministro de agua, suministro de energ\u00eda, hospitales y farmacias.<\/p>\n\n\n\n La ley proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n antisindical y proh\u00edbe a las empresas despedir a un empleado por participar en actividades sindicales, incluida la pertenencia a un comit\u00e9 que pretenda formar un sindicato. Aunque el Ministerio de Trabajo debe registrar los sindicatos para que sean legales, la ley prev\u00e9 el reconocimiento autom\u00e1tico de un sindicato si el ministerio no act\u00faa sobre una solicitud en el plazo de 30 d\u00edas. La ley permite a los sindicatos llevar a cabo sus actividades sin la interferencia del gobierno. Los trabajadores del sector p\u00fablico pueden formar asociaciones registradas a trav\u00e9s de la Oficina de Administraci\u00f3n P\u00fablica. La ley exige que el 40 por ciento de los empleados de una entidad gubernamental est\u00e9n de acuerdo en unirse para que se forme la asociaci\u00f3n. Seg\u00fan el Ministerio de Trabajo, la ley se aplica a todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, los que trabajan como empleados dom\u00e9sticos, los trabajadores sin documentaci\u00f3n legal y los trabajadores de las zonas francas.<\/p>\n\n\n\n El gobierno no aplic\u00f3 eficazmente las leyes relacionadas con la libertad de asociaci\u00f3n y la negociaci\u00f3n colectiva, y las sanciones no fueron proporcionales a otras leyes que implicaban la privaci\u00f3n de derechos civiles. El proceso para abordar las violaciones laborales a trav\u00e9s de los tribunales penales puede llevar a\u00f1os, dejando a los trabajadores con una protecci\u00f3n limitada mientras tanto. En los \u00faltimos a\u00f1os se denunciaron casos de intimidaci\u00f3n, amenazas y chantaje por parte de los empresarios para impedir la actividad sindical. Algunos sindicatos exigen a sus miembros que presenten documentos de identidad para participar en el sindicato, a pesar de que el c\u00f3digo laboral protege a todos los trabajadores independientemente de su situaci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n Los representantes de las ONG laborales informaron que las empresas se resistieron a las pr\u00e1cticas de negociaci\u00f3n colectiva y a las actividades sindicales. En los \u00faltimos a\u00f1os, las empresas habr\u00edan despedido a los trabajadores por su actividad sindical y puesto en una lista negra a los sindicalistas, entre otras pr\u00e1cticas antisindicales. Los trabajadores informaron de que cre\u00edan que ten\u00edan que firmar documentos en los que se compromet\u00edan a abstenerse de participar en actividades sindicales. Las empresas tambi\u00e9n crearon y apoyaron sindicatos \u201camarillos\u201d o respaldados por la empresa para contrarrestar los sindicatos libres y democr\u00e1ticos. Se produjeron huelgas formales, pero no fueron una pr\u00e1ctica habitual.<\/p>\n\n\n\n Pocas empresas contaban con pactos de negociaci\u00f3n colectiva, en parte porque las empresas pon\u00edan obst\u00e1culos a la formaci\u00f3n de sindicatos y pod\u00edan permitirse largos procesos judiciales que los sindicatos independientes no pod\u00edan afrontar.<\/p>\n\n\n\n La ley contra la trata de personas proh\u00edbe el trabajo forzoso, pero existieron fallos en su aplicaci\u00f3n. Las leyes relacionadas con el trabajo forzoso en el pa\u00eds no fueron suficientes para cumplir las normas internacionales, ya que no proh\u00edben penalmente el trabajo forzoso, excepto cuando es resultado de la trata de personas y la coacci\u00f3n. La ley prescribe penas de prisi\u00f3n y multas para las personas condenadas por explotar el trabajo forzoso. Dichas penas no son proporcionales a las de delitos an\u00e1logos.<\/p>\n\n\n\n El gobierno no aplic\u00f3 la ley de forma coherente. El trabajo forzoso de adultos se produjo en la construcci\u00f3n, la agricultura y los servicios. Tambi\u00e9n hubo trabajo forzoso de ni\u00f1os (v\u00e9ase la secci\u00f3n 7.c.).<\/p>\n\n\n\n La ley se aplica por igual a todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, pero la falta de documentaci\u00f3n de los trabajadores haitianos y su incierta situaci\u00f3n legal en el pa\u00eds los hizo m\u00e1s vulnerables al trabajo forzoso. Los representantes de las ONG informaron de que muchos trabajadores irregulares haitianos y ciudadanos de ascendencia haitiana no ejercieron sus derechos por miedo a ser despedidos o deportados.<\/p>\n\n\n\n V\u00e9ase tambi\u00e9n el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas<\/em> en https:\/\/www.state.gov\/trafficking-in-persons-report\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La ley no proh\u00edbe todas las peores formas de trabajo infantil de forma coherente con las normas internacionales. La ley proh\u00edbe el empleo de ni\u00f1os menores de 14 a\u00f1os y establece restricciones al empleo de ni\u00f1os menores de 16 a\u00f1os, limit\u00e1ndolos a seis horas de trabajo al d\u00eda. Para los menores de 18 a\u00f1os, la ley limita el trabajo nocturno y proh\u00edbe el empleo en trabajos peligrosos, como los que implican sustancias peligrosas, maquinaria pesada o peligrosa y el transporte de cargas pesadas. La ley prev\u00e9 sanciones para las violaciones del trabajo infantil, incluidas multas y penas de prisi\u00f3n. Las penas no son proporcionales a las de delitos similares.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de Trabajo, en coordinaci\u00f3n con el Consejo Nacional para la Ni\u00f1ez y la Adolescencia, la Polic\u00eda Nacional, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y los Comit\u00e9s Locales de Vigilancia del Cuerpo Especializado en Seguridad Tur\u00edstica, fueron los encargados de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil. El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva. El n\u00famero de inspectores laborales y de inspecciones era insuficiente. Los informes de las inspecciones laborales incompletos o incorrectos y la insuficiencia de recursos de la fiscal\u00eda dieron lugar a pocos procesamientos en asuntos penales relacionados con el trabajo infantil. Los inspectores de trabajo est\u00e1n autorizados a volver a inspeccionar los lugares de trabajo para asegurarse de que se subsanan las infracciones. Las re-inspecciones se producen con menos frecuencia y son m\u00e1s dif\u00edciles y menos coherentes en las zonas rurales remotas. Algunos informes de inspecci\u00f3n no establec\u00edan un plazo para la subsanaci\u00f3n de las infracciones detectadas.<\/p>\n\n\n\n La porosa frontera con Hait\u00ed permiti\u00f3 que algunos ni\u00f1os haitianos fueran introducidos en el pa\u00eds, donde se les obligaba a la explotaci\u00f3n sexual comercial o a trabajar en la agricultura, a menudo junto a sus padres, o en el trabajo dom\u00e9stico, la venta ambulante, la construcci\u00f3n o la mendicidad (v\u00e9ase tambi\u00e9n la secci\u00f3n 6). Algunos ni\u00f1os dominicanos tambi\u00e9n fueron objeto de explotaci\u00f3n sexual forzosa y trabajo forzoso. Los ni\u00f1os de bajos ingresos y de zonas rurales corr\u00edan un mayor riesgo. Tambi\u00e9n se utilizaba a los ni\u00f1os en actividades il\u00edcitas, como el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\nd. Arresto o detenci\u00f3n arbitraria<\/h3>\n\n\n\n
Procedimientos de arresto y trato a los detenidos<\/h4>\n\n\n\n
e. Negaci\u00f3n de un juicio p\u00fablico justo<\/h3>\n\n\n\n
Procedimientos judiciales<\/h4>\n\n\n\n
Presos y detenidos pol\u00edticos<\/h4>\n\n\n\n
Procedimientos y recursos judiciales civiles<\/h4>\n\n\n\n
f. Interferencia arbitraria o ilegal en la intimidad, la familia, el hogar o la correspondencia<\/h3>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 2. Respeto de las libertades civiles<\/h2>\n\n\n\n
a. Libertad de expresi\u00f3n, incluida la de los miembros de la prensa y otros medios de comunicaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
<\/h4>\n\n\n\n
b. Libertades de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
La ley contempla la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n, y en general, el gobierno respet\u00f3 estos derechos.<\/h3>\n\n\n\n
c. Libertad de culto<\/h3>\n\n\n\n
d. Libertad de circulaci\u00f3n y derecho a salir del pa\u00eds<\/h3>\n\n\n\n
La ley prev\u00e9 la libertad de circulaci\u00f3n interna, de viaje al extranjero, de emigraci\u00f3n y de repatriaci\u00f3n, y el gobierno respet\u00f3 en general estos derechos, con algunas excepciones.<\/h3>\n\n\n\n
e. Situaci\u00f3n y trato de personas desplazadas internamente<\/h3>\n\n\n\n
f. Protecci\u00f3n a Refugiados<\/h3>\n\n\n\n
g. Ap\u00e1tridas<\/h3>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 3. Libertad de participaci\u00f3n procesos pol\u00edticos<\/h2>\n\n\n\n
Elecciones y participaci\u00f3n pol\u00edtica<\/h3>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 4. Corrupci\u00f3n y falta de transparencia en el gobierno<\/h2>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 5. Postura gubernamental ante la investigaci\u00f3n internacional y no gubernamental de presuntos abusos de derechos humanos<\/h2>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 6. Discriminaci\u00f3n y abusos sociales<\/h2>\n\n\n\n
Mujer<\/h3>\n\n\n\n
Violencia y discriminaci\u00f3n racial o \u00e9tnica sist\u00e9mica<\/h3>\n\n\n\n
Ni\u00f1os<\/h3>\n\n\n\n
Antisemitismo<\/h3>\n\n\n\n
Trata de personas<\/h3>\n\n\n\n
Personas con discapacidad<\/h3>\n\n\n\n
Estigma social contra el VIH y el SIDA<\/h3>\n\n\n\n
Actos de violencia, criminalizaci\u00f3n y otros abusos basados en la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero<\/h3>\n\n\n\n
Otras manifestaciones de violencia o discriminaci\u00f3n social<\/h3>\n\n\n\n
Secci\u00f3n 7. Derechos de los trabajadores<\/h2>\n\n\n\n
a. Libertad de asociaci\u00f3n y derecho a la negociaci\u00f3n colectiva<\/h3>\n\n\n\n
b. Prohibici\u00f3n del trabajo forzoso u obligatorio<\/h3>\n\n\n\n
c. Prohibici\u00f3n del trabajo infantil y edad m\u00ednima para trabajar<\/h3>\n\n\n\n