Gerardo Hern\u00e1ndez Nordelo, Ram\u00f3n Laba\u00f1ino Salazar, Antonio Guerrero Rodr\u00edguez, Fernando Gonz\u00e1lez Llort y Ren\u00e9 Gonz\u00e1lez Sehwerert cumplir\u00e1n pronto once a\u00f1os de injusta prisi\u00f3n. <\/span><\/p>\n Tras un tortuoso y arbitrario proceso el pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidi\u00f3 ignorar el clamor universal sin precedentes para que revisara el caso. Los jueces prefirieron hacer lo que les solicit\u00f3 la Administraci\u00f3n Obama y sin prestarles atenci\u00f3n alguna, desconocieron los s\u00f3lidos argumentos presentados por la defensa y por una docena de documentos de apoyo suscritos por diez laureados con el Premio Nobel, \u00f3rganos legislativos, centenares de parlamentarios, organizaciones de juristas de numerosos pa\u00edses, incluyendo Estados Unidos, y personalidades defensoras de los derechos humanos, acad\u00e9micos, religiosos y otros que representan a millones de personas en todos los Continentes. <\/span><\/p>\n<\/p>\n De ese modo la Corte convalid\u00f3 una interminable serie de violaciones al derecho y a los procedimientos legales y se hizo c\u00f3mplice de la pol\u00edtica de promoci\u00f3n y amparo al terrorismo que ha sido y es la sustancia de la enorme injusticia de la que son v\u00edctimas nuestros Cinco compatriotas. Es larga la lista de esas violaciones, cualquiera de ellas suficiente para decretar la inmediata libertad de los acusados. <\/span><\/p>\n Inmediatamente despu\u00e9s de apresarlos, en la madrugada del s\u00e1bado 12 de septiembre de 1998 el FBI inform\u00f3 a representantes de la mafia terrorista y a los medios de comunicaci\u00f3n de Miami, que desataron desde entonces una intensa campa\u00f1a de odio y calumnias que no cesa, calific\u00e1ndolos falsamente como ?esp\u00edas? y conjur\u00e1ndose con el Gobierno para incluir el incidente del 24 de febrero de 1996 como parte de la acusaci\u00f3n despu\u00e9s que llevaban m\u00e1s de seis meses de encierro. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Desde el momento del arresto y durante 17 meses fueron sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo exterior, en violaci\u00f3n de las propias reglas carcelarias norteamericanas que limitan semejante trato a un m\u00e1ximo de sesenta d\u00edas y s\u00f3lo a reos peligrosos por delitos graves cometidos dentro de la prisi\u00f3n. Este cruel procedimiento se ha practicado contra ellos, despu\u00e9s, en varias ocasiones, sin justificaci\u00f3n alguna, para impedirles su defensa. As\u00ed volvieron a encerrarlos en el ominoso ?hueco? en junio de 2001, por varias semanas, mientras ellos deb\u00edan prepararse para ejercer su \u00fanica oportunidad de dirigirse al Tribunal al concluir el juicio; al infame doble encierro regresaron, en condiciones aun m\u00e1s duras, durante todo el mes de marzo de 2003, precisamente cuando se cerraba el plazo para someter sus recursos de apelaci\u00f3n ante la Corte de Atlanta. <\/span><\/p>\n<\/p>\n A lo largo de m\u00e1s de diez a\u00f1os, han encarado los mayores obst\u00e1culos, ellos y sus abogados defensores, para ejercer sus derechos. Se les impidi\u00f3 el acceso a gran parte de las evidencias que sustentaron las fraudulentas acusaciones formuladas en su contra rechaz\u00e1ndose m\u00e1s de diez mociones presentadas por la defensa antes del inicio del juicio. Permanecen en cinco prisiones separadas, dispersas en lugares aislados de la geograf\u00eda norteamericana, lo cual hace muy dif\u00edcil la comunicaci\u00f3n con sus abogados. Hay que agregar que varias veces, siempre en momentos decisivos del proceso, no recibieron o les fue demorada la correspondencia legal que requer\u00edan para elaborar su apelaci\u00f3n. Gerardo Hern\u00e1ndez Nordelo nunca recibi\u00f3 los documentos relacionados con su petici\u00f3n al Tribunal Supremo que le fueron enviados por correo certificado a comienzos de este a\u00f1o. Esta clara e inexcusable violaci\u00f3n a los derechos del prisionero y a los de su defensor se suma a las constantes trabas a la comunicaci\u00f3n de Gerardo con el exterior que persisten pese a las numerosas protestas de Cuba ante las autoridades norteamericanas. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El desarrollo del falaz juicio fue, todo \u00e9l, una farsa macabra. El Gobierno insisti\u00f3 en que se efectuase en Miami, donde, precisamente, al mismo tiempo, ocurr\u00eda el escandaloso secuestro de Eli\u00e1n Gonz\u00e1lez, un ni\u00f1o de seis a\u00f1os, para cuyo rescate Washington tuvo que enviar fuerzas especiales desde la capital pues todas las autoridades y agencias locales eran c\u00f3mplices de los secuestradores. La fiscal\u00eda se neg\u00f3 incluso a trasladar el juicio a la vecina ciudad de Fort Lauderdale a media hora de distancia. <\/span><\/p>\n El Gobierno minti\u00f3 de modo flagrante cuando aleg\u00f3 que Miami era un sitio adecuado, entonces, en el medio hostil y amenazante creado por los secuestradores de Eli\u00e1n y sin embargo, algunos a\u00f1os despu\u00e9s, en 2002, al comparecer sus funcionarios en un litigio civil, solicit\u00f3 el cambio de sede aduciendo que nada, incluso algo de mucha menor significaci\u00f3n y s\u00f3lo relacionado indirectamente con Cuba, pod\u00eda ser juzgado con ecuanimidad en Miami (Ram\u00edrez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, 25 de junio de 2002). La cuesti\u00f3n de la negativa al cambio de sede y el ambiente prevaleciente all\u00ed condujo el 9 de agosto de 2005 al Panel de jueces de Atlanta, un\u00e1nimemente, a declarar nulo todo el juicio y ordenar que se hiciera otro y en lugar diferente (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, No. 01-17176, 03-11087). En una acci\u00f3n ins\u00f3lita y contraria a la norma y la pr\u00e1ctica estadounidense, el Gobierno recurri\u00f3 esta hist\u00f3rica decisi\u00f3n y forz\u00f3 a la Corte de Apelaciones, en votaci\u00f3n dividida, a revocarla. <\/span><\/p>\n<\/p>\n En ese propio a\u00f1o, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenci\u00f3n Arbitraria de Naciones Unidas concluy\u00f3 por primera vez en un caso relativo a Estados Unidos, que la privaci\u00f3n de libertad de los Cinco es arbitraria y contraria a los Convenios Internacionales como resultado de las violaciones cometidas durante el proceso legal e inst\u00f3 al Gobierno estadounidense a tomar medidas de inmediato para solucionar tal arbitrariedad. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Despu\u00e9s de obligar a la celebraci\u00f3n del juicio en Miami el Gobierno dio otros pasos para asegurar las condenas m\u00e1s severas e injustas. En la selecci\u00f3n del Jurado manifest\u00f3 un racismo evidente al lograr excluir a la mayor\u00eda de los potenciales jurados afroamericanos. La Fiscal\u00eda permiti\u00f3 toda suerte de presiones y amenazas a los miembros del jurado quienes llegaron a ser perseguidos al interior del edificio, fueron acosados por las turbas y hostigados por periodistas pagados por el Gobierno y al servicio de los terroristas, al punto que, varias veces, expresaron temor y preocupaci\u00f3n por su seguridad, lo que llev\u00f3 a la jueza a quejarse e implorar al Gobierno que hiciese algo para remediar la situaci\u00f3n. (Transcripci\u00f3n oficial del juicio, p\u00e1ginas 111, 112, 14644-14646). <\/span><\/p>\n<\/p>\n Las llamadas pruebas contra ellos, caprichosamente clasificadas como secretas, fueron dolosamente manipuladas para fabricar los cargos principales cuya falsedad ser\u00eda reconocida m\u00e1s tarde por el propio Gobierno y por la Corte de Apelaciones. Altos oficiales militares que comparecieron como testigos o expertos y revisaron las supuestas evidencias afirmaron, todos, sin excepci\u00f3n, bajo juramento, que no hab\u00edan encontrado nada que implicase la b\u00fasqueda de informaci\u00f3n secreta o que afectase la seguridad nacional de Estados Unidos (Contralmirante retirado Eugene Carroll \u00abTranscripci\u00f3n oficial del juicio, p\u00e1ginas 8196-8301\u00bb, General de Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito, retirado, Edward Breed Atkeson \u00ab\u00cddem, p\u00e1ginas 11049-11199\u00bb, General ex Comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm \u00ab\u00cddem p\u00e1ginas 11491-11547\u00bb, Teniente General retirado de la Fuerza A\u00e9rea, James R. Clapper \u00ab\u00cddem p\u00e1ginas 13089-13235\u00bb). La Corte de Apelaciones en pleno, por unanimidad, en septiembre de 2008 determin\u00f3 que no hab\u00eda prueba alguna de que los acusados hubieran ?acopiado o transmitido informaciones secretas? ni que hubiesen da\u00f1ado la seguridad nacional de Estados Unidos y por ello declar\u00f3 que las sentencias por el Cargo 2 (conspiraci\u00f3n para cometer espionaje) eran err\u00f3neas, las anul\u00f3 y dispuso un proceso de resentencia para Ram\u00f3n y Antonio (Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, No. 01-17176, D.C Docket No. 98-00721-CR-JAL, p\u00e1ginas 70-81). Sin embargo, en asombrosa discriminaci\u00f3n, aunque reconoci\u00f3 que igual correspond\u00eda proceder con Gerardo, rehus\u00f3 hacerlo aduciendo que ya sobre \u00e9l pesa otra condena a perpetuidad. <\/span><\/p>\n<\/p>\n En cuanto a Fernando Gonz\u00e1lez, por otros motivos, la Corte tambi\u00e9n declar\u00f3 equivocada la pena impuesta, la declar\u00f3 nula y orden\u00f3 que fuera sentenciado nuevamente (Ibidem, p\u00e1ginas 67-69). Hay que subrayar que estos ?errores? no pueden atribuirse s\u00f3lo al Tribunal que impuso exactamente las sentencias solicitadas por la Fiscal\u00eda. <\/span><\/p>\n No hay mayor prueba de prevaricaci\u00f3n que la otra condena perpetua con la que se castiga a Gerardo Hern\u00e1ndez Nordelo por el llamado Cargo 3 (conspiraci\u00f3n para cometer asesinato). <\/span><\/p>\n<\/p>\n El propio Gobierno en mayo de 2001 reconoci\u00f3 que ?a la luz de las evidencias presentadas en el juicio? no pod\u00eda probar el Cargo 3 pues supon\u00eda ?un obst\u00e1culo insuperable para la fiscal\u00eda?, pidi\u00f3 modificarlo a \u00faltima hora y recurri\u00f3 para ello a la Corte de Apelaciones, en un paso que la Fiscal\u00eda reconoci\u00f3 carec\u00eda de precedentes (Petici\u00f3n de emergencia-Emergency petition for writ of prohibition-p\u00e1ginas 1 a 8 y 27 a 31). Habiendo sido denegada la petici\u00f3n se produjo lo m\u00e1s inveros\u00edmil. Sin hacer una sola pregunta, en pocos minutos, el jurado declar\u00f3 culpable a Gerardo, por un supuesto delito que \u00e9l no cometi\u00f3 y que el propio Gobierno reconoci\u00f3 que no lo pod\u00eda probar. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Esto es prueba indiscutible de que en Miami aquel llamado juicio no pod\u00eda ser sino un grosero embuste. Amedrentados, presionados y amenazados, los jurados hab\u00edan estado siete meses en una sala colmada por los mismos malhechores a quienes hab\u00edan visto en los medios locales ejecutar el secuestro de un ni\u00f1o, desafiar al Gobierno y a las leyes y amagar con incendiar la ciudad y los escucharon exigir al Tribunal el peor castigo para Gerardo. <\/span><\/p>\n Pese a tales antecedentes la Fiscal\u00eda demand\u00f3 y obtuvo la sentencia a prisi\u00f3n perpetua. <\/span><\/p>\n Los desmesurados t\u00e9rminos de prisi\u00f3n impuestos a los Cinco contrastan elocuentemente con los aplicados en los \u00faltimos a\u00f1os a otras personas acusadas de practicar verdaderamente el espionaje, a veces a escala inusitada, e incluso a algunas vinculadas a acciones armadas violentas contra Estados Unidos. Ninguno fue condenado a perpetuidad, todos recibieron sentencias menores a las de nuestros compa\u00f1eros, algunos ya las cumplieron y son libres, a otros, convictos de espionaje, la administraci\u00f3n Obama les retir\u00f3 la acusaci\u00f3n y los puso en libertad. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Pero hay un aspecto aun m\u00e1s revelador del verdadero car\u00e1cter de todo el proceso que demuestra que el prop\u00f3sito del Gobierno era proteger y amparar a los terroristas, evitar que sus siniestros planes pudieran ser descubiertos, convirti\u00e9ndose en encubridor y c\u00f3mplice de sus futuras tropel\u00edas. Para lograrlo, adem\u00e1s de la exagerada reclusi\u00f3n carcelaria, y reconociendo la heroica misi\u00f3n de lucha contra el terrorismo que cumpl\u00edan, a nuestros compa\u00f1eros, se les impuso una restricci\u00f3n adicional, para despu\u00e9s de terminada la sanci\u00f3n, que los ?incapacitase? para volver a intentar algo en perjuicio de los terroristas. Lo expres\u00f3 la sentencia contra Ren\u00e9 Gonz\u00e1lez con estas palabras: ?se le proh\u00edbe al acusado asociarse con o visitar lugares espec\u00edficos donde se sabe que est\u00e1n o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado? (Transcripci\u00f3n de las Actas de Sentencia, diciembre 14 de 2001, p\u00e1ginas 45-46). <\/span><\/p>\n Tan importante era para las autoridades norteamericanas la ?incapacitaci\u00f3n? que igual prohibici\u00f3n impusieron a Antonio Guerrero sobre quien ya pesaba una cadena perpetua m\u00e1s diez a\u00f1os. En cuanto a los otros tres compa\u00f1eros, nacidos en Cuba, al extinguir sus condenas ser\u00edan expulsados inmediatamente del territorio norteamericano. Nada deben temer all\u00e1 los terroristas. No tienen que ocultarse para anunciar sin tapujo, como ya lo hacen, nuevas acciones criminales. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Quienes tienen encerrados injustamente a Gerardo, Ram\u00f3n, Antonio, Fernando y Ren\u00e9 muestran una mezquindad imperdonable hacia sus familiares con engorrosos y frustrantes tr\u00e1mites de las visas necesarias para visitarlos, desconociendo as\u00ed los derechos de los prisioneros y sus familiares. Particularmente indignante es la situaci\u00f3n que afrontan Adriana P\u00e9rez y Olga Salanueva a quienes se les niega sistem\u00e1ticamente la posibilidad de visitar a sus esposos. Las autoridades norteamericanas reh\u00fasan hasta ahora permitirles las visitas haciendo o\u00eddos sordos a las reiteradas peticiones de organizaciones religiosas, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas e intelectuales de todo el mundo. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El trato dado a Adriana es de una infamia dif\u00edcil de concebir. Gerardo, debe cumplir dos cadenas perpetuas m\u00e1s quince a\u00f1os, hace once a\u00f1os que no ve a su esposa y la Corte Suprema se neg\u00f3 a considerar su caso. El 15 de julio, exactamente a un mes de esa repudiable decisi\u00f3n y el d\u00eda de su aniversario de bodas fue el escogido por el Departamento de Estado para comunicarle, por d\u00e9cima vez, su negativa de visa, alegando que Adriana ?es una amenaza para la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos?. <\/span><\/p>\n<\/p>\n A la irracional condena impuesta a Gerardo se suma este abominable tormento, verdaderamente s\u00e1dico, a dos j\u00f3venes inocentes que debe ser condenado vigorosamente por toda la Humanidad. <\/span><\/p>\n Al negarse a revisar el caso la Corte Suprema cierra pr\u00e1cticamente las avenidas legales para su soluci\u00f3n. S\u00f3lo quedan las pr\u00f3ximas resentencias a Ram\u00f3n, Antonio y Fernando ante la misma jueza de Miami. Hay que exigirle que los libere ya. <\/span><\/p>\n Entramos en una nueva fase en la que es mayor la responsabilidad de la Administraci\u00f3n y espec\u00edficamente la del Presidente Obama. <\/span><\/p>\n<\/p>\n El Presidente tiene la facultad constitucional y la obligaci\u00f3n moral de hacer justicia. \u00c9l puede y debe hacerlo. Para ello debe disponer que sean retirados los cargos esgrimidos contra nuestros compatriotas que ya fueron severamente cuestionados por la Corte de Apelaciones, y por su predecesor en la Casa Blanca. Tiene que hacerlo si intenta proyectar una imagen de cambio hacia Am\u00e9rica Latina y el mundo. <\/span><\/p>\n Los terroristas celebran jubilosos la conducta de la actual administraci\u00f3n que sigue garantizando la impunidad de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch culpables de la destrucci\u00f3n en pleno vuelo de un avi\u00f3n civil y la muerte de 73 personas, mientras castiga cruelmente a quienes, sin hacer da\u00f1o a nadie, entregaron la juventud para impedir las fechor\u00edas de esos y otros criminales. <\/span><\/p>\n<\/p>\n La Asamblea Nacional del Poder Popular reclama la urgente solidaridad de todos los \u00f3rganos legislativos, de los parlamentarios y parlamentarias y de las organizaciones pol\u00edticas y sociales y las personas de buena voluntad en todo el mundo y las llama a movilizarse para exigir la liberaci\u00f3n inmediata de Gerardo, Ram\u00f3n, Antonio, Fernando y Ren\u00e9. Las cubanas y los cubanos, por quienes ellos sacrificaron sus vidas, sabremos luchar sin descanso hasta hacerlos regresar, libres, a la Patria agradecida. <\/span><\/p>\n Ciudad de La Habana, 1\u00ba de agosto de 2009 <\/span><\/p>\n Asamblea Nacional del Poder Popular de la Rep\u00fablica de Cuba<\/span><\/p>\n 20 de agosto de 2009<\/span><\/p>\n Gerardo Hern\u00e1ndez Nordelo, Ram\u00f3n Laba\u00f1ino Salazar, Antonio Guerrero Rodr\u00edguez, Fernando Gonz\u00e1lez Llort y Ren\u00e9 Gonz\u00e1lez Sehwerert cumplir\u00e1n pronto once a\u00f1os de injusta prisi\u00f3n. Tras un tortuoso y arbitrario proceso el pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidi\u00f3 ignorar el clamor universal sin precedentes para que revisara el caso. 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