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Por Rafael Calcines Armas<\/p>\n<\/p>\n
Santiago de Chile, 18 dic (Prensa Latina) Al cumplirse hoy dos meses del estallido social, para la mayor\u00eda de los chilenos est\u00e1n lejos las respuestas efectivas a los cambios profundos que reclaman y solo aprecian medidas insuficientes y pol\u00edticas represivas del gobierno.<\/p>\n<\/p>\n
Las protestas, cuyo detonante fue un aumento en los pasajes del Metro, se multiplicaron de forma explosiva, con millones de personas reclamando aumentos de salarios y pensiones, mejoras en la salud y la educaci\u00f3n p\u00fablicas y muchas m\u00e1s, y en general un cambio radical al modelo neoliberal imperante.<\/p>\n<\/p>\n
La respuesta del gobierno ha sido una denominada agenda social que hasta el momento solo ha ofrecido algunas mejoras en los salarios m\u00e1s bajos y las pensiones, a mediano plazo, que se quedan muy por debajo de lo que exige el movimiento social, aglutinado en la Mesa de Unidad Social.<\/p>\n<\/p>\n
Un solo ejemplo: mientras el ejecutivo ha anunciado un aumento lento y paulatino de salarios hasta unos 300 mil pesos, para el movimiento sindical el m\u00ednimo posible para sacar a la mayor\u00eda de las familias de la pobreza y el endeudamiento es de 500 mil pesos (unos 650 d\u00f3lares al cambo actual).<\/p>\n<\/p>\n
No pocos analistas consideran que esas medidas insuficientes, calificadas por muchos como limosnas, solo persiguen calmar el ambiente y ganar tiempo en busca de que el movimiento social pierda fuerza por tantos d\u00edas de movilizaciones, aunque tambi\u00e9n conducen a mantener e incluso aumentar el descontento social.<\/p>\n<\/p>\n
Por ello, para los partidos de oposici\u00f3n y el movimiento popular, tales soluciones solo evidencian la ceguera del gobierno, que no parece aquilatar la real dimensi\u00f3n de la crisis social y pol\u00edtica.<\/p>\n<\/p>\n
Al mismo tiempo, el presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era lanz\u00f3 una ‘agenda de seguridad’ encaminada a fortalecer el aparato policial y tramitar con urgencia proyectos de leyes contra los encapuchados, los saqueos y las barricadas que son rechazadas por amplios sectores que acusan al ejecutivo de criminalizar las manifestaciones pac\u00edficas.<\/p>\n<\/p>\n
Prueba de la violencia policial en estos dos meses son las detenciones muchas veces arbitrarias de miles de personas, incluyendo menores de edad, m\u00e1s de tres mil heridos, entre ellos m\u00e1s de 350 con serias lesiones oculares, torturas, golpizas y hasta agresiones sexuales.<\/p>\n<\/p>\n
Tal situaci\u00f3n puso a Chile en la mira de entidades internacionales incluida la Oficina del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que han denunciado graves y reiteradas violaciones y exigido al gobierno detener esos hechos, mientras que las evasivas y justificaciones han sido las respuestas desde el palacio de La Moneda.<\/p>\n<\/p>\n
En tanto, ha ido ganando espacio el reclamo de una nueva constituci\u00f3n, para lo cual la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n reclama una asamblea constituyente, mientras que desde el gobierno, que acept\u00f3 a rega\u00f1adientes avanzar en esa direcci\u00f3, se busca tambi\u00e9n acomodar ese proceso a sus intereses.<\/p>\n<\/p>\n
Incluso, los partidos de derecha de la coalici\u00f3n oficialista, no ocultan mucho sus esfuerzos por salvar de alguna forma la actual carta magna, impuesta en \u00e9poca de la dictadura de Augusto Pinochet, y que fundamenta el repudiado modelo neoliberal.<\/p>\n<\/p>\n
Ello, en medio de una econom\u00eda que ya ven\u00eda mostrando s\u00edntomas de debilidad por factores externos e internos, y que el estallido social ha agudizado, mientras que el presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era y su ejecutivo no logran remontar un baj\u00edsimo respaldo popular que a duras penas alcanza el 13 por ciento.<\/p>\n<\/p>\n
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