<\/p>\n
M\u00e9xico DF 18 noviembre.- Aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales suelen asociarse al gobierno de Felipe Calder\u00f3n, ambos cr\u00edmenes a\u00fan se cometen hoy d\u00eda de forma constante en la gran mayor\u00eda de los estados, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG), y esto ocurre porque los delitos permanecen en una impunidad casi total.<\/p>\n<\/p>\n
El nivel de incidencia de las desapariciones y ejecuciones durante este sexenio a\u00fan es muy parecido al del anterior, y aunque en la presente administraci\u00f3n se aplic\u00f3 la estrategia de no hablar del problema para crear la sensaci\u00f3n de que \u00e9ste no exist\u00eda, los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa cambiaron este escenario, seg\u00fan informaci\u00f3n recabada por los corresponsales de este diario en el pa\u00eds. Los datos obtenidos revelan adem\u00e1s que esos y otros episodios de violencia hicieron que M\u00e9xico volviera a captar la atenci\u00f3n internacional.<\/p>\n<\/p>\n
Dos esc\u00e1ndalos internacionales<\/strong><\/p>\n<\/p>\n Como se ha informado en estas p\u00e1ginas, el pasado 30 de junio al menos 15 presuntos miembros de una organizaci\u00f3n criminal ?entre ellos dos menores de edad? fueron v\u00edctimas de ejecuci\u00f3n extrajudicial en el municipio de Tlatlaya, estado de M\u00e9xico, cometida por militares, pese a que los supuestos delincuentes ya se hab\u00edan rendido y estaban desarmados.<\/p>\n<\/p>\n Con base en los testimonios de tres mujeres sobrevivientes, la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluy\u00f3 que aunque los soldados hab\u00edan prometido respetar la vida de los sospechosos si \u00e9stos se rend\u00edan, los mataron luego de haberlos sometido, dispar\u00e1ndoles cuando estaban contra la pared.<\/p>\n<\/p>\n En cuanto a las desapariciones forzadas, el caso de los 43 normalistas atacados por polic\u00edas municipales de Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre pasado, es uno de los que m\u00e1s indignaci\u00f3n han causado a escalas nacional e internacional.<\/p>\n<\/p>\n Seg\u00fan las investigaciones de las autoridades, los j\u00f3venes fueron entregados por los polic\u00edas al grupo criminal Guerreros Unidos, y aunque hay m\u00e1s de 30 detenidos que han declarado, a\u00fan no son encontrados los estudiantes.<\/p>\n<\/p>\n La organizaci\u00f3n Human Rights Watch manifest\u00f3 que el caso de Tlatlaya es una de las m\u00e1s graves masacres ocurridas en M\u00e9xico, mientras Amnist\u00eda Internacional subray\u00f3 que las autoridades nacionales son responsables de la falta de una investigaci\u00f3n adecuada en relaci\u00f3n con los normalistas agredidos en Iguala.<\/p>\n<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de estos dos ejemplos, que alcanzaron gran eco medi\u00e1tico en semanas recientes, en diversas entidades las ejecuciones y desapariciones son desde hace a\u00f1os una constante.<\/p>\n<\/p>\n Un ejemplo es Coahuila, donde seg\u00fan estad\u00edsticas de la Subprocuradur\u00eda para la Investigaci\u00f3n y B\u00fasqueda de Personas No Localizadas ?dependiente de la Procuradur\u00eda General de Justicia del estado? hay al menos mil 808 desaparecidos de 2000 a 2013.<\/p>\n<\/p>\n A su vez, la asociaci\u00f3n civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila document\u00f3 321 casos ocurridos en 143 eventos entre 2007 y agosto de 2013. Hay evidencias de participaci\u00f3n de militares o polic\u00edas en al menos 34 de ellos.<\/p>\n<\/p>\n Otra entidad donde sobresale el problema es Michoac\u00e1n. En los tres a\u00f1os pasados se han presentado unas 200 quejas ante la Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos, por casos que involucrar\u00edan tanto a la delincuencia organizada como a diversos cuerpos oficiales de seguridad.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n No se preocupen, aqu\u00ed es seguro<\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n En Morelos ocurrieron en a\u00f1os recientes dos casos de desaparici\u00f3n forzada en los que est\u00e1n presentes muchas de las caracter\u00edsticas de impunidad que rodean este delito en el pa\u00eds, de acuerdo con ONG.<\/p>\n<\/p>\n Uno de ellos fue el de Alan Cer\u00f3n Moreno, quien fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011, escap\u00f3 de sus captores dos d\u00edas despu\u00e9s y fue visto por \u00faltima ocasi\u00f3n en una agencia del Ministerio P\u00fablico (MP) de Chilpancingo, Guerrero, cuyo titular est\u00e1 acusado de volver a entregarlo a sus plagiarios.<\/p>\n<\/p>\n La madre de Alan, Rosa Mar\u00eda Moreno, record\u00f3 que el 26 de diciembre de 2011 recibi\u00f3 una llamada telef\u00f3nica de su hijo, quien le avis\u00f3 que estaba en una agencia del MP en la capital de Guerrero para levantar una denuncia por la privaci\u00f3n ilegal de su libertad, y pidi\u00f3 que le mandaran dinero para regresar a Cuernavaca.<\/p>\n<\/p>\n El joven puso al tel\u00e9fono a un agente del MP que dijo a la madre que el muchacho estaba golpeado, pero bien. Tr\u00e1iganle una muda de ropa porque est\u00e1 muy mojado. Ac\u00e1 los esperamos, no se preocupen, aqu\u00ed est\u00e1 seguro.<\/p>\n<\/p>\n Pero a las 22:30 horas, cuando la familia lleg\u00f3 a Chilpancingo, el funcionario les dijo que el joven se hab\u00eda ido un par de horas antes y no sab\u00eda ad\u00f3nde.<\/p>\n<\/p>\n No volvieron a saber de \u00e9l, hasta que el 17 de mayo de 2012 el cuerpo de Alan Cer\u00f3n se encontr\u00f3 enterrado en un predio al norte de Chilpancingo. Aunque fueron denunciados varios funcionarios, hasta el momento ning\u00fan responsable ha sido castigado.<\/p>\n<\/p>\n Tortura que lleva a la muerte<\/p>\n<\/p>\n Otro caso simb\u00f3lico en el que se conjuntaron la desaparici\u00f3n forzada y la ejecuci\u00f3n extrajudicial fue el del joven Jethro Rams\u00e9s Santana, quien la tarde del 2 de mayo de 2011 fue detenido por polic\u00edas municipales cuando conviv\u00eda con sus amigos en la Feria de Cuernavaca, luego de una pelea en el lugar.<\/p>\n<\/p>\n Los agentes municipales lo entregaron a federales y \u00e9stos a su vez a soldados del 21 batall\u00f3n de la 24 Zona Militar, quienes lo torturaron en sus instalaciones hasta matarlo. Luego lo enterraron en un predio en Atlixco, Puebla.<\/p>\n<\/p>\n Por ese hecho fueron aprehendidos dos militares de rangos medio y bajo, pero siguen pr\u00f3fugos de la justicia otros participantes en el asesinato, as\u00ed como los jefes que ordenaron la tortura y la desaparici\u00f3n del cuerpo.<\/p>\n<\/p>\n Un episodio que tambi\u00e9n alcanz\u00f3 notoriedad p\u00fablica por su gravedad es el de los hermanos Jos\u00e9 Luis y Carlos Guzm\u00e1n Z\u00fa\u00f1iga, desaparecidos en Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua.<\/p>\n<\/p>\n El 14 de noviembre de 2008, un grupo de soldados, comandados por el teniente Mario Ancheyta Cruz, apresaron a los hermanos en el contexto de la Operaci\u00f3n Conjunta Chihuahua, con la acusaci\u00f3n de que estaban implicados en los delitos de venta de drogas y extorsi\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n Como se supo despu\u00e9s en la investigaci\u00f3n del caso, ambos fueron torturados durante el interrogatorio, y cuando uno de ellos perdi\u00f3 la vida por ahogamiento, el capit\u00e1n Javier S\u00e1nchez Aiza orden\u00f3 que desaparecieran toda evidencia.<\/p>\n<\/p>\n Por tal raz\u00f3n, los dos fueron llevados a un sitio del desierto donde el joven sobreviviente a la tortura recibi\u00f3 dos disparos y fue enterrado junto a su hermano.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n Sin investigaciones reales<\/strong><\/p>\n<\/p>\n Como documentaron los corresponsales de La Jornada, una muestra de la falta de investigaci\u00f3n en la gran mayor\u00eda de las ocasiones es el caso de B\u00e1rbara Reyes, joven de 16 a\u00f1os que desapareci\u00f3 en Cuautitl\u00e1n, estado de M\u00e9xico, en agosto de 2011.<\/p>\n<\/p>\n La Procuradur\u00eda General de Justicia de esa entidad ofreci\u00f3 en diciembre de 2012 una recompensa de 250 mil pesos a quien ofreciera datos sobre el paradero de la adolescente. Dos meses despu\u00e9s, las autoridades se dieron cuenta de que hab\u00edan buscado a B\u00e1rbara por m\u00e1s de 500 d\u00edas cuando el cad\u00e1ver de la muchacha en realidad hab\u00eda estado en el Servicio M\u00e9dico Forense durante meses.<\/p>\n<\/p>\n Esa misma falta de coordinaci\u00f3n y resultados han sido evidentes en estados como Baja California Sur, donde se han documentado m\u00e1s de 2 mil casos de desaparici\u00f3n en los 20 a\u00f1os anteriores, con 300 averiguaciones previas abiertas, pero sin que ninguno sea resuelto, y Veracruz, donde la iniciativa de castigar este delito con 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel no ha ayudado a resolver los m\u00e1s de 700 casos registrados, muchos de ellos con probable participaci\u00f3n de funcionarios estatales.<\/p>\n<\/p>\n Ejecuciones en la impunidad<\/strong><\/p>\n<\/p>\n En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales ?asesinatos deliberados cometidos por servidores p\u00fablicos, quienes se apoyan en la autoridad del Estado para justificar el delito?, destaca el caso emblem\u00e1ticode Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.<\/p>\n<\/p>\n Ambos j\u00f3venes, estudiantes con beca de excelencia acad\u00e9mica en el Tecnol\u00f3gico de Monterrey, murieron el 19 de marzo de 2010 a manos de militares, quienes los confundieron con pistoleros durante un tiroteo en la capital de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n Los alumnos trataban de protegerse del fuego cruzado, y cuando trataban de huir fueron abatidos por militares. Los uniformados les dieron el tiro de gracia y durante horas la informaci\u00f3n oficial los calific\u00f3 de delincuentes, aunque al d\u00eda siguiente el gobierno federal corrigi\u00f3 y tuvo que prometer una investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n De igual forma se puede mencionar el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echevarr\u00eda de Jes\u00fas y Jorge Herrera Pino, muertos por disparos de las polic\u00edas federal y estatal cuando participaban en un bloqueo de la Autopista del Sol, en Guerrero, en diciembre de 2011.<\/p>\n<\/p>\n Hay otros casos en los que no se ha comprobado la participaci\u00f3n de fuerzas de seguridad, pero igualmente se trata de homicidios no resueltos ni investigados, sobre todo contra l\u00edderes sociales y activistas de derechos humanos.<\/p>\n<\/p>\n Entre ellos se encuentra el de los dirigentes mixtecos Ra\u00fal Lucas Luc\u00eda y Manuel Ponce Rosas, en 2009; la l\u00edder campesina Juventina Villa y su familia, en noviembre de 2012; Arturo Hern\u00e1ndez Cardona y dos de sus compa\u00f1eros, miembros de la Uni\u00f3n Popular de Iguala, en junio de 2013, y Roc\u00edo Mesino, dirigente agraria, en octubre de ese mismo a\u00f1o. Todos estos cr\u00edmenes se cometieron en Guerrero.<\/p>\n<\/p>\n En el norte del pa\u00eds destacan los homicidios de Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Sol\u00eds, dirigentes de la organizaci\u00f3n campesina El Barz\u00f3n, el 22 de octubre de 2012 en Chihuahua; y el de Sandra Luz Hern\u00e1ndez, quien fue asesinada el 12 de febrero de 2012 en Culiac\u00e1n, Sinaloa, cuando trataba de encontrar a los responsables de la desaparici\u00f3n forzada de su hijo \u00c9dgar.<\/p>\n<\/p>\n M\u00e9xico DF 18 noviembre.- Aunque las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales suelen asociarse al gobierno de Felipe Calder\u00f3n, ambos cr\u00edmenes a\u00fan se cometen hoy d\u00eda de forma constante en la gran mayor\u00eda de los estados, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales (ONG), y esto ocurre porque los delitos permanecen en una impunidad casi total. 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