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Desde Casa Abierta hemos insistido de forma sistem\u00e1tica, que son escasos los recursos destinados por el Estado, para las instituciones que trabajan en el tema de las drogas. Lo m\u00e1s grave es el pobre, o ning\u00fan aporte, a las organizaciones sociales, que son las \u00fanicas que asumen de forma solidaria el trabajo directo con la poblaci\u00f3n afectada por los consumos problem\u00e1ticos de drogas. Sin embargo, esto no excluye a las entidades estatales como el Consejo Nacional de Drogas, y la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas.<\/p>\n<\/p>\n
Para unas 15 organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional de Drogas, el art\u00edculo 33 de la ley sobre lavado de activos, se convirti\u00f3 en un modesto apoyo que de forma espor\u00e1dica aliviaba las serias limitaciones con las que operan d\u00eda a d\u00eda estas organizaciones. Este art\u00edculo se mantiene vigente en la reci\u00e9n promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n<\/p>\n
Sin embargo, desde agosto del pasado a\u00f1o 2016, es decir, a la fecha un a\u00f1o y dos meses, los recursos por esta via ya no se entregan m\u00e1s. No ha habido forma de saber de d\u00f3nde parti\u00f3 la \u00aborden superior\u00bb, de paralizar el cumplimiento de este art\u00edculo de la ley. Sabemos que el Consejo Nacional de Drogas, y la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas tambi\u00e9n esperan por estos recursos. Pero son las entidades sociales, que apenas reciben el 15% para su distribuci\u00f3n porcentual entre todas, las que m\u00e1s se afectan con esta insensible e ilegal decisi\u00f3n. Son las familias y las personas que necesitan atenciones las que sufren esta nueva muestra de desprecio, desde el Estado. <\/p>\n<\/p>\n
En nuestro pa\u00eds mucho se ha dicho acerca de la proliferaci\u00f3n de leyes y del enga\u00f1o que significa que las propias autoridades se sit\u00faen por encima de ellas. No se puede seguir diciendo que hay voluntad pol\u00edtica de trabajar contra las drogas, mientras se decide violar la ley que aunque m\u00ednimamente, favorece a las instituciones sociales y estatales que trabajan en ello. Esta decisi\u00f3n, no se sabe de qui\u00e9n, ahoga a estas instituciones m\u00e1s de lo que ya est\u00e1n al negarle los recursos que por ley les corresponde. Pero parece que eso poco importa. Cuando el incumplimiento de una ley viene de las propias autoridades, nos preguntamos: \u00bfante qui\u00e9n debemos reclamar?<\/p>\n<\/p>\n
Demandamos el cese de esta violaci\u00f3n a la ley que perjudica la estrategia dominicana contra las drogas, pero muy especialmente a las familias y personas que no cuentan con recursos para costear su tratamiento. Solicitamos el apoyo de las personas que hacen opini\u00f3n p\u00fablica y a los medios de comunicaci\u00f3n en general, para que nuestro reclamo se escuche m\u00e1s alto. Que llegue a personas que desde el poder parece que han olvidado su deber en el cumplimiento de la ley, y su responsabilidad con los programas preventivos para la reducci\u00f3n de la demanda de drogas, as\u00ed como frente a las personas que necesitan apoyo para su recuperaci\u00f3n. <\/p>\n<\/p>\n
Juan Raddam\u00e9s de la Rosa Hidalgo<\/p>\n
Psic\u00f3logo.<\/p>\n
Director ejecutivo.<\/p>\n
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