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SANTO DOMINGO.- <\/strong>Hay gato entre macuto en la demanda de un pago adicional de 708 millones de d\u00f3lares de parte del consorcio que construye las plantas de Punta Catalina, a juicio de Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD).<\/p>\n<\/p>\n Seg\u00fan el dirigente opositor, la exigencia de Odebrecht y sus socios ha sido provocada por el manejo turbio del proyecto de parte del gobierno desde sus inicios.<\/p>\n<\/p>\n \u00abEs el propio gobierno el que le ha abierto la brecha al reclamo y al chantaje de las empresas contratistas de Punta Catalina\u00bb, expres\u00f3 el dirigente apedeista.<\/p>\n<\/p>\n La ra\u00edz de este chantaje se encontrar\u00eda en informaciones que dispondr\u00eda el consorcio sobre los acuerdos secretos y los pagos de comisiones ilegales a altos funcionarios gubernamentales confesados por Odebrecht. <\/p>\n<\/p>\n Para Puig la licitaci\u00f3n y la construcci\u00f3n de las plantas de carb\u00f3n de Punta Catalina se han manejado con muy limitada transparencia desde un principio.<\/p>\n<\/p>\n \u00abLas escasas informaciones disponibles hasta ahora sobre el reclamo de pagos adicionales confirman sospechas expresadas desde hace tiempo\u00bb, asever\u00f3 el catedr\u00e1tico y presidente de la APD.<\/p>\n<\/p>\n Destaca entre estas el papel decisivo que habr\u00eda jugado el cambio de lugar de ejecuci\u00f3n del proyecto de Hatillo, Azua, a Punta Catalina, Peravia, el cual fue modificado de manera sorpresiva a escasas semanas de vencerse el plazo de presentaci\u00f3n de ofertas para la licitaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n Puig considera que ese cambio de ubicaci\u00f3n tuvo como prop\u00f3sito afectar las empresas que compet\u00edan con Odebrecht para la obtenci\u00f3n del contrato.<\/p>\n<\/p>\n Explica que, a\u00fan disponiendo de informaci\u00f3n privilegiada, como todo indica que la obtuvo, Odebrecht se vio precisada a hacer estudios precipitados para la construcci\u00f3n de la planta en el nuevo lugar escogido.<\/p>\n<\/p>\n Las pruebas de esta afirmaci\u00f3n se encontrar\u00edan en el estudio de impacto ambiental que present\u00f3 la CDEEE al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se precisan informaciones sobre el car\u00e1cter inadecuado del lugar para la instalaci\u00f3n de la central energ\u00e9tica de carb\u00f3n, seg\u00fan dijo.<\/p>\n<\/p>\n Max Puig plantea que es reci\u00e9n ahora cuando se ha revelado que \u00abno se hicieron, en su momento, los estudios adecuados sobre batimetr\u00eda, direcci\u00f3n del viento, corriente marina y oleaje\u00bb. <\/p>\n<\/p>\n \u00abEs tambi\u00e9n evidente, se\u00f1ala, que al momento de la redacci\u00f3n del contrato del Estado dominicano con Odebrecht no se respetaron las condiciones que hab\u00edan sido establecidas en el pliego de requerimientos para participar en la licitaci\u00f3n\u00bb, dijo.<\/p>\n<\/p>\n Seg\u00fan estos requerimientos, se exig\u00eda de las empresas participantes que estas se comprometieran a obtener el financiamiento de la obra. Al ser excluidos los competidores de Odebrecht en la fase t\u00e9cnica de la evaluaci\u00f3n -en parte debido al no cumplimiento de esta obligaci\u00f3n- y una vez atribuido el contrato, el consorcio encabezado pro Odebrecht fue eximido de esta condici\u00f3n fundamental para su adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n El resultado fue que Odebrecht no consigui\u00f3 el financiamiento que se hab\u00eda comprometido a obtener en la fase de la licitaci\u00f3n, siendo \u00e9ste aportado por el Estado dominicano, para lo cual el gobierno viol\u00f3 en reiteradas oportunidades la Ley de Presupuesto.<\/p>\n<\/p>\n Max Puig destaca que lo mismo ocurri\u00f3 con relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n de los precios de la obra ya que, a pesar de tratarse de un contrato llave en mano y, en principio, de precios fijos, el contrato finalmente aprobado le deja las puertas abiertas a la empresa brasile\u00f1a para exigir pagos adicionales, como lo est\u00e1 haciendo ahora.<\/p>\n<\/p>\n La situaci\u00f3n es mucho m\u00e1s grave, seg\u00fan el soci\u00f3logo y presidente de la APD, por el hecho de que el gobierno se at\u00f3 las manos frente a la empresa contratista con un acuerdo, homologado judicialmente, que la exime de responsabilidades penales de sus hechos il\u00edcitos cometidos en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<\/p>\n Seg\u00fan Puig, ya se cumpli\u00f3 el plazo en que la obra deb\u00eda haber sido entregada, considerando que faltar\u00edan todav\u00eda cerca de dos a\u00f1os para la <\/p>\n terminaci\u00f3n de los trabajos, plazo que podr\u00eda extenderse como resultado de las presiones que la empresa estar\u00eda ejerciendo contra el gobierno.<\/p>\n<\/p>\n Afirma el dirigente opositor que, para ejercer sus presiones, el consorcio se estar\u00eda prevaliendo de las informaciones que posee sobre hechos il\u00edcitos cometidos por altos funcionarios de la naci\u00f3n. <\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n SANTO DOMINGO.- Hay gato entre macuto en la demanda de un pago adicional de 708 millones de d\u00f3lares de parte del consorcio que construye las plantas de Punta Catalina, a juicio de Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD). 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