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El presidente de la Federaci\u00f3n Dominicana de Municipios (FEDOMU) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, expres\u00f3 mediante declaraci\u00f3n p\u00fablica el rechazo al embargo trabado a las cuentas personales del alcalde de Santiago, Abel Mart\u00ednez.<\/p>\n<\/p>\n
En esta declaraci\u00f3n, afirm\u00f3 que \u00abhemos visto con gran preocupaci\u00f3n el hecho de que al alcalde de Santiago, el Lic. Abel Mart\u00ednez se le practicara un embargo retentivo a sus cuentas personales, por obligaciones contra\u00eddas por la Alcald\u00eda de Santiago en gestiones anteriores con un suplidor comercial, por lo que dada la relevancia del caso y para que no contin\u00faen los tribunales con el mal precedente establecido por la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, nos vemos obligados a realizar las siguientes aclaraciones\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
De esto modo desde FEDOMU se aclara que \u00abPara el reclamo del contenido pecuniario de una sentencia debe agotarse todo un procedimiento, y luego de agotado con el debido proceso, si el incumbente no cumple con el mandato en la forma que establece la ley, acarrea este una responsabilidad personal como servidor p\u00fablico\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
Es m\u00e1s, \u00abA\u00fan el persiguiente haber agotado el procedimiento correcto para el cobro de la sentencia, si el servidor p\u00fablico no responde a dicho reclamo, no se puede interpretar que es responsable, y es ah\u00ed que entra el procedimiento de ejecuci\u00f3n, hay que judicializarlo\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
Por \u00faltimo, \u00abQuien determina si el Alcalde actu\u00f3 de manera arbitraria es la jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, que es quien va a decidir si ese servidor p\u00fablico actu\u00f3 de manera arbitraria y le va a autorizar al persiguiente que \u00e9ste pueda llevar embargos frente a sus bienes\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
Junto a ello, en la declaraci\u00f3n se enfatiza que \u00abLos gobiernos locales se rigen por un principio r\u00edgido de legalidad presupuestaria que tiene rango constitucional. Ninguna erogaci\u00f3n de fondo puede provenir de autoridades competentes sino sean de aquellas que ya hayan sido establecidos en el presupuesto\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
\u00abAsimismo, la Ley 86-11 sobre la inembargabilidad de fondos p\u00fablicos establece: Que la administraci\u00f3n al momento que tenga una sentencia en su contra puede verificar si con la partida que le fue asignada tiene dinero para pagar esa sentencia\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
Adem\u00e1s, se a\u00f1ade que \u00abLa Suprema Corte de Justicia ha dicho mediante la Sentencia 99 del 15 de febrero del 2017, dictada por la 3ra. Sala de la Suprema Corte de Justicia que el principio de legalidad es para la misma administraci\u00f3n, para que la administraci\u00f3n no distraiga ni de mal uso a los bienes que ella tiene en su poder\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, FEDOMU condena la acci\u00f3n de embargar las cuentas personales del Alcalde, por cuanto en t\u00e9rminos personales un alcalde no asume responsabilidad por las deudas contra\u00eddas por el Ayuntamiento y mucho menos por administraciones anteriores a la actual, por lo que se considera que ha habido un abuso de derecho al condenar al Alcalde cuando \u00e9l no es deudor; y por ello se solicita a los jueces, \u00abque sean adecuadamente cautos para verificar bien qui\u00e9n es el deudor y no pronunciar sentencias y autorizar embargos en contra de alcaldes que no son deudores\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
\u00abEntendemos criticable la decisi\u00f3n del Juez, ya que para que se declare la responsabilidad patrimonial del alcalde deb\u00eda llevarse por lo Contencioso administrativo\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n
\u00abEs cuestionable tambi\u00e9n el hecho de que por una deuda que corresponde al Ayuntamiento, se condene al alcalde que en nada puede haber comprometido su responsabilidad con un hecho que data del 2008\u00bb.<\/p>\n
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