Sobre la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edticos<\/p>\n<\/p>\n
Despu\u00e9s de dos d\u00e9cadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democr\u00e1tico y la transparencia del sistema pol\u00edtico, Participaci\u00f3n Ciudadana acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edticos promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo, tras la reciente aprobaci\u00f3n congresual, aunque lamentamos que algunos de sus contenidos vayan en sentido contrario a las reformas demandadas por la sociedad dominicana y que en otros se quede corta.<\/p>\n<\/p>\n
Tomada esta ley como un paso adelante, mantendremos la expectativa de que en el futuro pr\u00f3ximo sea perfeccionada, en lo que sea posible por la reglamentaci\u00f3n de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y sobre todo que se le de fiel cumplimiento y sea seguida en breve plazo por la adaptaci\u00f3n de la Ley del R\u00e9gimen Electoral al marco de la Constituci\u00f3n del 2010 para superar las r\u00e9moras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n<\/p>\n
Los logros m\u00e1s significativos<\/p>\n<\/p>\n
Los avances m\u00e1s significativos de la Ley de Partidos se concretar\u00e1n en una reducci\u00f3n del costo de las campa\u00f1as por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento, lo que deber\u00e1 traducirse en un acceso m\u00e1s equitativo de los sectores de menores recursos a los cargos electivos. Esto podr\u00eda derivarse de la limitaci\u00f3n a tres meses de las promociones de candidaturas, y su reclusi\u00f3n al \u00e1mbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las v\u00edas p\u00fablicas ni en la radio y la televisi\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n apunta que las \u00fanicas fuentes de financiamiento establecidas en la ley sean las contribuciones individuales, las del Estado y las rentas derivadas de las actividades propias de los partidos, sin contemplar contribuciones de las empresas, ya sean nacionales o internacionales. Celebramos que se haya adoptado la transparencia sistem\u00e1ticamente demandada con la obligaci\u00f3n de un registro de contribuyentes, con nombres, apellidos, c\u00e9dula de identidad y monto de los aportes, que deber\u00e1 publicarse en las p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendr\u00e1 a su cargo la creaci\u00f3n de una Unidad de Control Financiero de los Partidos.<\/p>\n<\/p>\n
Resalta que la ley obliga a los partidos a \u00abinstituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de g\u00e9nero a todos los niveles de sus estructuras organizativas\u00bb. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporci\u00f3n m\u00ednima por g\u00e9nero se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.<\/p>\n<\/p>\n
Otro logro positivo de la ley es la disposici\u00f3n de que todos los partidos, agrupaciones y movimientos deber\u00e1n tener un padr\u00f3n de miembros actualizado cada a\u00f1o ante la JCE. Tambi\u00e9n que se adoptan mecanismos para evitar el da\u00f1ino transfuguismo.<\/p>\n<\/p>\n
La ley reitera como ileg\u00edtima la utilizaci\u00f3n de todo g\u00e9nero de bienes y recursos del Estado por parte de los partidos, m\u00e1s all\u00e1 del financiamiento legal instituido, e incluye la prohibici\u00f3n de obtener rentabilidad pol\u00edtica de los actos oficiales, como inauguraciones, en los periodos de campa\u00f1as electorales.<\/p>\n<\/p>\n
Los aspectos que requieren mejor\u00eda<\/p>\n<\/p>\n
El aspecto m\u00e1s negativo de la ley reci\u00e9n promulgada es el contenido en el p\u00e1rrafo III del art\u00edculo 45 que otorga el privilegio a los organismos c\u00fapulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padr\u00f3n a utilizar en la elecci\u00f3n de sus candidatos, en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.<\/p>\n<\/p>\n
Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padr\u00f3n interno o el de todos los ciudadanos, es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el a\u00f1o preelectoral no alcanzar\u00edan para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a m\u00e9todos de elecci\u00f3n que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a m\u00faltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos. Implica una elevaci\u00f3n considerable del financiamiento estatal al partidarismo.<\/p>\n<\/p>\n
Mantenemos serias reservas sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simult\u00e1nea hasta dos tipos de las elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 d\u00edas, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluy\u00f3 en cientos de colegios electorales.<\/p>\n<\/p>\n
Ratificamos el rechazo al inequitativo sistema de distribuci\u00f3n del financiamiento estatal a los partidos, ratificado en la ley, con una proporci\u00f3n de 80 por ciento para los que obtengan m\u00e1s del 5 por ciento de la votaci\u00f3n, sin ninguna escala, lo que es una demostraci\u00f3n del ventajismo de los partidos dominantes, en desmedro de la m\u00ednima equidad. Hab\u00edamos abogado por una reducci\u00f3n por lo menos al 70-30 por ciento y escalamientos para que no haya tanta desproporci\u00f3n entre uno que obtenga 5 por ciento y el que logre 50 por ciento, o entre el de 4 y el 6 por ciento.<\/p>\n<\/p>\n
El sistema de sanciones establecido en la ley no es suficientemente disuasorio de los delitos y abusos, y en algunos casos resulta irrisorio. Por igual son rid\u00edculos los topes a las contribuciones individuales a los partidos y al gasto de los precandidatos. En el primer caso, se instituye que podr\u00edan llegar al 1 por ciento del partido que mayor monto reciba del Estado. Si se mide por la experiencia podr\u00eda alcanzar entre 2 y 4 millones de pesos, muy superior a lo establecido en las democracias de naciones desarrolladas, como Estados Unidos. Autorizar un gasto a los precandidatos presidenciales de 70 pesos por elector, equivaldr\u00eda a 510 millones de pesos, con el padr\u00f3n de 7 millones 300 mil electores. Es igualmente alto para otras candidaturas.<\/p>\n<\/p>\n
Finalmente resulta deplorable que la proporci\u00f3n destinada a educaci\u00f3n de los miembros de los partidos se haya reducido en la ley del 25 al 10 por ciento y a cero en los a\u00f1os de elecciones.<\/p>\n
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