Santo Domingo, RD, 13 de mayo.- La Fundaci\u00f3n Justicia y Transparencia (FJT), deposit\u00f3 este lunes por ante el Tribunal Constitucional, una acci\u00f3n de inconstitucionalidad en contra de una resoluci\u00f3n, de diciembre del 2012 de la Junta Central Electoral, que dispone el cobro excesivo y exorbitante por la expedici\u00f3n de los actos del estado civil y otros documentos; tales como las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunci\u00f3n, la c\u00e9dula de identidad, entre otros servicios.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La instancia de inconstitucionalidad suscrita y firmada en calidad de abogados y representantes de la fundaci\u00f3n por los juristas Marte Piantini y Trajano Potentini, procura adem\u00e1s de anular la norma violatoria a la constituci\u00f3n y sus principios, el suspender en lo inmediato como medida cautelar y precautoria el cobro ilegal de impuestos percibido por la Junta Central Electoral (JCE), por concepto de la expedici\u00f3n de los diferentes actos y documentos manejados por la junta.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Potentini, deplor\u00f3 que la Junta Central Electoral este violando las leyes y la constituci\u00f3n, al establecer impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedici\u00f3n de documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la poblaci\u00f3n, en una franca y abierta negaci\u00f3n y violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de las personas. <\/span><\/p>\n<\/p>\n La fundaci\u00f3n lament\u00f3 que el concepto y alcance de las tasas haya sido prostituido en la Rep\u00fablica Dominicana, no solo por la Junta Central Electoral, sino adem\u00e1s por otras tantas instituciones, entre las cuales y a t\u00edtulo de una peque\u00f1a muestra podemos citar: ONAPI, Pasaporte, Migraci\u00f3n y finalmente tambi\u00e9n en el \u00e1mbito del Poder Judicial, encareciendo, imposibilitando y violando el derecho fundamental de acceso a la justicia de que deben gozar todos los ciudadanos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Para la entidad de sociedad civil, ha sido notorio y recurrente el irracional y descomunal aumento, perpetrado por la junta, a\u00f1o tras a\u00f1o sobre los precios supuestamente de tasas por servicios, en principio cobrados como tasas, y ya en la actualidad desvirtuado y convertidos en impuestos en violaci\u00f3n a la constituci\u00f3n y a las leyes, cuyos aumentos se expresan en muchos casos, desde el 2007 a la fecha, en m\u00e1s de un mil por ciento sin par\u00e1metro alguno que justifique tal barbaridad.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Todo parece indicar que la ambici\u00f3n desmedida de lucro y m\u00e1s presupuesto de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, los han llevado a desnaturalizar las funciones de la entidad estatal, al pasar a ser de una instituci\u00f3n de servicios a una entidad y maquinaria despiadada de recaudaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Para Justicia y Transparencia la \u00fanica y desafortunada justificaci\u00f3n ante los desprop\u00f3sitos de esta resoluci\u00f3n, los encuentra en el estilo de vida que llevan los funcionarios de la junta, en especial sus miembros titulares, con sueldos brutos y otros beneficios marginales que hoy d\u00eda superan con creces el medio mill\u00f3n de pesos por cabeza, adem\u00e1s de jeepetas de lujos de alto cilindraje, seguro m\u00e9dico internacional con un coste de varios millones de pesos al a\u00f1o, viajes al exterior, dietas y excesivos gastos de representaci\u00f3n, entre otros privilegios.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Tambi\u00e9n es relevante desde la \u00f3ptica constitucional, la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de las personas, sobre todo por el car\u00e1cter instrumental que tiene el acceso a los servicios de la Junta Central Electoral para todo el pueblo dominicano, al tratarse de documentos vitales, necesarios e indispensables para el diario vivir de los dominicanos, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la defunci\u00f3n, la c\u00e9dula de identidad y consecuentemente todo lo que de ello se derive.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Asimismo la entidad deplor\u00f3 que cualquiera de los actos del estado civil, y la expedici\u00f3n de otros documentos, unos 129 servicios conforme el tarifario de la junta, les cuesten a los dominicanos entre 300 y hasta 25,000 pesos, adem\u00e1s de plazos muy breve para la vigencia o fecha de caducidad de los mismos, recaudando as\u00ed todos los a\u00f1os, cifras superiores a los 1,000 millones de pesos, bajo el err\u00f3neo y malsano alegato, de que se trata de tasas y no de impuestos, en desconocimiento de que las tasas deben guardar proporci\u00f3n y relaci\u00f3n en su costo, con el servicio prestado, procurando estrictamente la sostenibilidad de los mismos, nunca sumas que sobrepasen desproporcionalmente esas expectativas. <\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Santo Domingo, RD, 13 de mayo.- La Fundaci\u00f3n Justicia y Transparencia (FJT), deposit\u00f3 este lunes por ante el Tribunal Constitucional, una acci\u00f3n de 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