Un problema debatido<\/p>\n
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SAN JUAN, Puerto Rico.- Los problemas fiscales del Gobierno de Puerto Rico, que se acumulan desde hace d\u00e9cadas, hicieron crisis esta semana, tras la determinaci\u00f3n del gobernador An\u00edbal Acevedo Vil\u00e1 de cerrar parcialmente el Ejecutivo de la Isla.
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\n Por largos meses se debati\u00f3 la probabilidad de que el Gobierno de Puerto Rico se quedara sin dinero suficiente para completar sus obligaciones de pago de este a\u00f1o fiscal, que vence el 30 de junio pr\u00f3ximo.
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\n Como consecuencia del gobierno \u00abdividido\u00bb que existe en Puerto Rico desde enero de 2005, nunca hubo un acuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo en torno al presupuesto de este a\u00f1o fiscal boricua, que comenz\u00f3 en julio pasado.
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\n Pero, la Constituci\u00f3n de Puerto Rico, aunque permite extender el presupuesto anterior al pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal, tambi\u00e9n le exige al Gobierno que el presupuesto est\u00e9 equilibrado.
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\n Ese es uno de los retos de esta controversia, en un pa\u00eds cuyas ramas legislativa y ejecutiva quedaron divididas tras las elecciones de noviembre de 2004. El Ejecutivo est\u00e1 en manos del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), que logr\u00f3 elegir a Acevedo Vil\u00e1 como Gobernador, mientras la C\u00e1mara de Representantes y el Senado son controladas por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
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\n En el Senado, sin embargo, el PNP se enfrenta a su propia divisi\u00f3n interna, ante la insistencia del presidente de esa colectividad, senador Pedro Rossell\u00f3, en desbancar de la presidencia a Kenneth McClintock, ya suspendido de su partido, junto a otros de sus colegas, por precisamente negarse a entregar su puesto.
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\n Bajo ese inusitado panorama pol\u00edtico, el Ejecutivo y el Legislativo han estado enfrascados en un esfuerzo (otros dir\u00edan una batalla) por aprobar reformas contributiva y fiscal que ayuden a terminar con la insuficiencia de fondos del Gobierno central, brind\u00e1ndole, entre otras cosas, nuevas oportunidades de recaudo al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
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\n Pero, el Gobernador sostiene que la falta de acci\u00f3n durante este a\u00f1o fiscal ha evitado solucionar la crisis presupuestaria y que se necesita un pr\u00e9stamo de por lo menos $531 millones para poder pagar toda la n\u00f3mina gubernamental durante los \u00faltimos dos meses del a\u00f1o fiscal.
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\n La esperanza del Ejecutivo es que una reforma contributiva que incluya un nuevo impuesto sobre la venta de 7% permita evitar una nueva crisis en el a\u00f1o fiscal 2006-2007, que comienza en julio, y pagar el pr\u00e9stamo que ahora se quiere pedir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
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\n El PNP, dirigido por Rossell\u00f3, cree que el pr\u00e9stamo no es necesario, ha alegado hasta que el Departamento de Hacienda oculta ingresos y sostiene que de cara al pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal un 5.5% de impuesto sobre la venta (eso incluir\u00eda un 1.5% de impuesto municipal) es suficiente para equilibrar el presupuesto, si el Gobierno toma medidas fiscales fundamentales. A juicio del PNP, el Gobernador perdi\u00f3 un a\u00f1o sin implantar medidas destinadas a achicar el tama\u00f1o del Gobierno.
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\n Todo este debate tiene como tel\u00f3n de fondo la supervisi\u00f3n que ejercen las agencias acreditadoras estadounidenses, que regulan los bonos del Gobierno de Puerto Rico que se emiten en el mercado de valores y requieren de un nivel de excelencia para evitar que el pa\u00eds tenga que enfrentarse a tasas de intereses excesivas en el mercado financiero. Las agencias han sido consecuentes en reclamarle al Ejecutivo un achicamiento de su n\u00f3mina gubernamental.
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\n Si las cosas no se resuelven pronto – y una de las alternativas pudiera ser un acuerdo, que ya tiene el visto bueno del Senado, que permitir\u00eda obtener el pr\u00e9stamo y establecer un punto medio en el porcentaje que alcanzar\u00eda el impuesto sobre la venta (quiz\u00e1 un 5.9%)-, las agencias acreditadoras colocar\u00e1n en un nivel \u00abbasura\u00bb el cr\u00e9dito del Gobierno de Puerto Rico.
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\n Y, sobre todo, se mantendr\u00e1 sin trabajo a alrededor de 95,000 empleados del Gobierno, consecuencia directa del cierre temporal de 43 agencias gubernamentales, y sin clases a sobre 600,000 estudiantes del sistema de educaci\u00f3n p\u00fablica, que estaban a puntos de completar su a\u00f1o escolar.
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\n El cierre del Departamento de Educaci\u00f3n puede provocar, adem\u00e1s, la p\u00e9rdida de alrededor de $263 millones en fondos federales. Para minimizar el efecto del cierre sobre las asignaciones federales, que en un a\u00f1o suponen sobre $5,000 millones sin incluir derechos adquiridos de ciudadanos, el Ejecutivo de Puerto Rico mantiene en funcionamiento programas federales de la amplia mayor\u00eda de los departamentos del Gobierno puertorrique\u00f1o.<\/p>\n
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