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Gobierno chileno pide a Congreso tramitar con urgencia leyes de seguridad y orden para enfrentar delitos

diariodominicano.com

   SANTIAGO, 16 mar (Xinhua) -- El Gobierno de Chile mandató al Congreso tramitar con "urgencia" 16 proyectos de ley relacionados a seguridad ciudadana y orden público, en respuesta a la demanda de la población, informó hoy jueves el Ejecutivo.
   La acción "da cuenta del compromiso que tiene el gobierno con la demanda ciudadana por mayor seguridad a lo largo de todo el país, tal como quedó plasmado en el acuerdo transversal por la seguridad dado a conocer a inicios de este año", manifestó en un comunicado.
   Desde la Presidencia se explicó que dichas iniciativas ingresadas al Congreso equivalen al 20 por ciento del total de 78 proyectos que requieren agilizar su proceso legislativo.
   La seguridad se ha convertido en la preocupación principal de los chilenos, ante una mayor percepción ciudadana de delitos violentos y un alza en la sensación de inseguridad, de acuerdo con estudios.
   Según cifras oficiales, los secuestros en Chile aumentaron un 79 por ciento en 2022 con respecto a 2021.
   Por estas razones, se instruyó a los parlamentarios dialogar con rapidez sobre propuestas que mejoran la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, así como la investigación sobre la delincuencia organizada, el control de armas y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
   El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó en febrero pasado una hoja de ruta para reforzar la seguridad en el país, acordada junto a legisladores, alcaldes y gobernadores.
   Este plan incluye más de 70 medidas que buscan coordinar la labor regional y municipal en sintonía con el gobierno central.
   Entre las acciones se considera ampliar el alcance de los programas de prevención en niños, niñas y adolescentes vulnerables, así como fortalecer el rol preventivo de municipalidades y dotar a los gobiernos regionales de competencias para anticiparse a los delitos, junto con la protección y el apoyo a las víctimas.
   Se busca también elevar las exigencias de seguridad a la banca, centros comerciales y servicios de entrega a domicilio.