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LIMA, 10 ene (Xinhua) -- La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció este martes que abrió una nueva investigación a la presidenta del país, Dina Boluarte, por la muerte de 17 personas en las manifestaciones del lunes en la ciudad de Juliaca, de la región sureña de Puno.
"Ya hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes a los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy, estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal", informó Benavides en declaración a la prensa desde el departamento norteño de La Libertad.
Asimismo, indicó que su despacho está abriendo "otra investigación a los altos funcionarios que resulten responsables de todo lo que está ocurriendo".
Tras afirmar que los posibles delitos que se imputarán en las nuevas carpetas fiscales están "en calificación", subrayó que el Ministerio Público "es firme en investigar" para que "ninguna muerte quede impune".
El pasado 6 de enero, el Ministerio Público informó que inició diligencias previas contra Boluarte, su premier Alberto Otárola y otros funcionarios, por las 28 muertes registradas durante las jornadas de protestas que golpearon al país en diciembre pasado.
En esa oportunidad, la Presidencia informó que la mandataria saludaba la decisión de la Fiscalía y que su Ejecutivo otorgará "todas las facilidades que correspondan" para el esclarecimiento de los hechos.
Aunque el despacho presidencial no se ha pronunciado sobre la nueva carpeta fiscal, el primer ministro Otárola reiteró hoy desde el Congreso que el Gobierno ha dispuesto "todas las facilidades" para que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo en el lugar de los hechos.
Perú informó entre ayer y hoy sobre 17 manifestantes fallecidos, así como de una persona que perdió la vida por hechos vinculados al bloqueo de las vías y un policía que fue atacado por una turba que posteriormente incendió el vehículo de patrulla en el que se trasladaba, todos en la ciudad de Juliaca.
Sobre la muerte del policía, identificado como José Soncco, la Defensoría del Pueblo condenó el hecho mediante un comunicado, y repudió que se haya perpetrado "con un nivel de violencia extrema" al haber sido "presuntamente torturado antes de dejar de existir".
"Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetuado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición", indicó.
Al pedido se sumó el de la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, quien mediante un comunicado instó a las autoridades peruanas a llevar "a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas" y que se "responsabilicen a los culpables".
Asimismo, dijo haber tomado nota de que el Gobierno envió una misión de alto nivel a Puno y que convocó a una plataforma de diálogo nacional.
Perú suma 47 personas muertas en el marco de las protestas, que iniciaron en diciembre pasado tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, a quien el actual Gobierno señala de azuzar la violencia desde la cárcel de Barbadillo, donde está detenido por rebelión.
