Por Héctor Tineo Nolasco
Diariodominicano.com
SANTO DOMINGO, el 3 de mayo de 1907, el Congreso Nacional ratificó la Convención Dominico-americana, en virtud de la cual República Dominicana se comprometió a entregar el control y administración de las aduanas al Gobierno de los Estados Unidos hasta tanto el país pague la deuda con acreedores estadounidenses.
La Convención Dominico-americana, también obligaba al Gobierno dominicano a no modificar su tarifa aduanera ni aumentar su deuda pública sin el consentimiento previo del Presidente de los Estados Unidos.
El acuerdo también dispuso que para el pago de la deuda pública, el 50 por ciento de los ingresos aduanales debían depositarse en un banco de Nueva York, y un 5 por ciento se destinaría para el pago de los empleados de la Receptoría, y el restante 45 por ciento se entregaría al Gobierno dominicano para los gastos administrativos.
En el artículo 2 de la Convención Domínico-Americana, se estableció que para el cumplimiento de los deberes del Receptor General de Aduanas, que nombraría el Presidente de los Estados Unidos, su Gobierno le daría al funcionario y a sus auxiliares toda la protección que considerara necesaria cuando el Gobierno dominicano se encontrare imposibilitado para prestarla.
La Convención Dominico-americana, que ratificó el Congreso dominicano, el 3 de mayo de 1907, le permitió al Gobierno de Estados Unidos tener un control de la vida financiera de la República Dominicana y el derecho a intervenir en los asuntos políticos dominicanos cuando entendiera que el funcionamiento de la Receptoría General de Aduanas y el cobro de sus intereses estuvieran en peligro.
