Jottin Cury
Recientemente el matutino Listín Diario reseñó en su portada el titular “Haitianos intentan entrar en masa al país”, destacando así lo grave que se torna la situación con el discurrir de los días. De conformidad con la referida información, “algunos haitianos, tras ser apresados en los operativos, han intentado agredir a los militares”. Este es el único país en el que los nacionales haitianos se resisten a ser deportados, llegando incluso al extremo de agredir a las autoridades.
Se trata de una situación que evidencia gravedad, puesto que la única razón que existe para que los extranjeros se resistan a asumir los mandatos de nuestras leyes migratorias, es porque se creen con derecho sobre nuestro territorio. En efecto, el único país en el que los haitianos se dan el lujo de desafiar abiertamente a las autoridades, es en la República Dominicana. Razones históricas y sociológicas han incubado en la psiquis de ese conglomerado la falsa creencia de que “la isla es una e indivisible” y que, además, debe ser regida por ellos. Este aspecto ha sido un factor determinante para acrecentar el odio e ingratitud de gran parte de esa población hacia los dominicanos.
En consecuencia, la anunciada repatriación de siete mil doscientos ochenta y cinco haitianos (7,285) en treinta y dos (32) días es una cifra estadística insignificante, si tomamos en consideración la inmensa cantidad que habita y penetra diariamente, sin control alguno, en nuestro territorio. El Estado dominicano está conminado a continuar con las repatriaciones de indocumentados, aunque más importante todavía es controlar el acceso de los mismos en las zonas fronterizas. Todos los dominicanos, al margen de simpatías políticas, debemos apoyar el esfuerzo del Gobierno a fin de exigir visado a todos los que pretendan pisar suelo dominicano. Igualmente se debe evitar que las parturientas haitianas continúen gastando el presupuesto de salud que con tanto esfuerzo costea el pueblo dominicano.
Si se aplicara el Acuerdo Dominico-Haitiano, suscrito en Washington en 1938, esta invasión pacífica e ininterrumpida no se estuviese produciendo. Su inaplicación ha propiciado el desorden migratorio que amenaza a la nación, hasta el extremo de que el referido acuerdo no fue tomado como referencia al aprobarse la Ley No. 285/04, del 15 de agosto de 2004, la cual se fundamentó en un cuestionable Protocolo de Entendimiento Sobre los Mecanismos de Repatriación suscrito en 1999. Este último protocolo, que ha servido como instrumento para inhabilitar el Acuerdo de Washington de 1938, genera dudas sobre su legitimidad frente a un acuerdo binacional.
Se desconoce si ese protocolo fue debidamente aprobado por el Congreso, así como si los representantes de ambos países que lo firmaron tenían poderes para abordar esos temas tan sensitivos. Sobre la base de este ilegitimo protocolo se ha pretendido impedir a la República Dominicana la deportación de ilegales haitianos que establecen los numerales 1,2 y 3 del artículo 10 del Acuerdo de Washington de 1938. Por consiguiente, al margen de la legalidad del indicado protocolo, no existe ninguna justificación para que los poderes y órganos del Estado se apoyen en ese documento para elaborar el reglamento de la Ley No. 285/04. Se trata simplemente de un acto de deslealtad y traición a la nación dominicana.
Tampoco se justifica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al examinar los casos de repatriaciones ilegales, haya preferido apoyar sus absurdas decisiones en el protocolo de entendimiento de 1999, ignorando así el Acuerdo de Washington de 1938. Todo este entramado de abusos y arbitrariedades hace suponer una conspiración internacional contra nuestro país. Por tanto, el Consejo Nacional de Migración actuó correctamente al disponer un impedimento de entrada al país a las extranjeras embarazadas con más de seis meses de gestación. Los Estados Unidos adoptan medidas similares para evitar que mujeres embarazadas, sin residencia legal, vayan a parir a suelo norteamericano. Y es lógico que así sea, toda vez que se trata de un tema de política migratoria que guarda estrecha vinculación con la soberanía de cada Estado. Por consiguiente, resulta inapropiada la opinión que sectores interesados han externado en el sentido de que se trata de una medida discriminatoria y violadora de los derechos humanos.
Si no se establece un férreo cordón militar a todo lo largo y ancho de la frontera, de poco o nada sirven las tímidas repatriaciones reseñadas en el matutino Listín Diario. Solamente en septiembre de este año, los Estados Unidos fletaron 57 aviones para expulsar más de seis mil nacionales haitianos. Asimismo, urge la aplicación de las normas migratorias, como recientemente anunció el Consejo Nacional de Migración, para que las empresas regulen a sus trabajadores foráneos en cumplimiento con la Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11. El plazo de tres meses otorgado a los empleadores y empresas para dar cumplimiento a la proporcionalidad prevista en el Código de Trabajo, es suficiente para que se regularice el aspecto laboral.
Siempre he sostenido que basta la rigurosa aplicación de la ley para mitigar la silenciosa, masiva e intolerable penetración haitiana hacia nuestro territorio. Las sanciones consignadas en el artículo 132 de la Ley General de Migración, que contempla multas que oscilan entre los cinco (5) hasta los treinta (30) salarios mínimos a quienes concedan empleos a extranjeros ilegales o personas que no se encuentren habilitadas para trabajar en el país, constituyen sanciones disuasorias para los que se benefician de la mano de obra barata proporcionada por los extranjeros ilegales.
De conformidad con las estadísticas ofrecidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), un 29 por ciento de los trabajadores de la construcción en nuestro país son haitianos, al igual que un 28 por ciento de los que laboran en el sector de la agricultura. En cambio, la Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda (Acoprovi), ha estimado que la mano de obra haitiana alcanza un sesenta por ciento (60%) en la primera etapa de la construcción de los edificios, la cual se reduce a medida que se requiere de un trabajo más calificado. A mi modo de ver las cosas, estas cifras se encuentran muy por debajo de la realidad, pues tanto en la agricultura como en la construcción, para solo citar dos casos, la mano de obra haitiana supera el ochenta por ciento.
El problema migratorio de la República Dominicana no admite paños tibios y tampoco puede circunscribirse a la simple retórica. Sin abusos, excesos ni atropellos debemos imponer el debido respeto a nuestra integridad territorial. Los daños infligidos al Parque Nacional Sierra de Bahoruco por los extranjeros ilegales causan pavor en el más indiferente de los mortales. No podemos permitir que manos extrañas destruyan los bosques, provocando así una irreparable pérdida de las cuencas hidrográficas que suplen de agua a nuestros ríos. Es preciso rescatar el país y para eso se requiere de mano dura en la aplicación de la ley. Basta ya de indiferencia y actuemos enérgicamente sin pérdida de tiempo
