Santo Domingo, RD, 9 de Mayo.-Tras la comparecencia del Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, ante la comisión de Derechos Humanos sobre la acusación de negarle a descendientes haitianos cédula de identidad, la Diputada Nacional Guadalupe Valdez señaló que la preocupación respecto a la Resolución 12-07 es que su aplicación es un tema de Derechos Humanos que afecta a personas y contradice el artículo 7 de la Constitución.
La legisladora mencionó que esa resolución fue adoptada antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución y aunque exista una decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Guadalupe Valdez expresó que el objetivo del diálogo es encontrar una salida ante la situación de apátridas en la que se encuentran estos dominicanos. «No sabemos cuántos casos son, nuestro propósito es que el Estado dominicano y todos las instituciones nos comprometamos en encontrar una solución en el menor tiempo posible, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de situaciones que afectan las vidas de las personas.»
La congresista recordó al presidente del alto tribunal electoral que los legisladores tenemos tres funciones en la Constitución de la Republica: legislar, fiscalizar y representar. Y en esa función de representación en varios momentos, en enero del 2012, después en Julio, el 12 de octubre, en enero de este año también y el 7 de febrero hemos recibido diversas organizaciones que nos han planteado la situación por la que atraviesan.
La Diputada Valdez, aprovecho ese momento para entregar al Presidente de la Junta Central Electoral el estudio Vidas Suspendidas, «ya que nosotros los legisladores tenemos tres funciones en la Constitución de la Republica: legislar, fiscalizar y representar. Y en esa función de representación en varios momentos, en enero del 2012, después en Julio, el 12 de octubre, en enero de este año también y el 7 de febrero hemos recibido diversas organizaciones que nos han planteado la situación por la que atraviesan. En esos encuentros hemos participado 40 o 50 legisladores que estamos sensibilizados ante este tema y por eso tenemos el compromiso de encontrar las soluciones que ayuden a que este tema no siga afectando la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país.»
En este estudio, realizado por organizaciones de la sociedad civil, se muestra cómo está afligiendo la negación de documentos a las personas afectadas, señaló la diputada. Estas personas no pueden ingresar a la universidad, no pueden disponer de pasaporte, de un préstamo. La única respuesta que recibe es que su caso está siendo investigado, pero tiene derecho a conocer cuánto tiempo va a durar la investigación. Hay personas que llevan hasta 7 años con su vida suspendida, apuntó. «No estamos generando inclusión social, no estamos generando las condiciones para que esas personas sean útiles a la sociedad dominicana. Los estamos invitando a que tienen que vivir la vida como sea, ahí es que quiero que reflexionemos y encontremos una salida.»
El Libro «Vidas Suspendidas» contiene informaciones, casos que expresan la situación que están viviendo esas personas afectadas por la Res. 12-07, y contiene conclusiones y recomendaciones que me gustaría que junto a la JCE las analicemos y que formemos una comisión para ver de qué manera esos casos que están identificados e incluso que ya están en los tribunales, buscar una manera de que el Estado agilice esos casos para que no sigan pasando, ya que no saben cuánto tiempo se llevara su situación, indicó la diputada Guadalupe Valdez.
«Un Estado que se dice democrático, justo y que debe garantizar el estado social y de derecho no puede generar este tipo situaciones a sus ciudadanos. El Estado tiene que garantizar justicia, cumplir y garantizar los derechos a los ciudadanos, esa es nuestra responsabilidad, cómo lo vamos a hacer, creo que hay que pensarlo y trabajarlo, presidente.»
En respuesta a las preocupaciones y cuestionamientos expresados por la diputada, Roberto Rosario manifestó que el organismo que preside cumple con su obligación de fijar y emitir a la justicia los expedientes, pero que el tiempo que este proceso dure en la justicia escapa a la responsabilidad de la Junta Central Electoral. En este sentido lamentó que el problema se lo quieren atribuir a la JCE.
Durante comparecencia del Dr. Roberto Rosario ante la Comisión de Desarrollo Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que la preocupación respecto a la Resolución 12-07 es que su aplicación es un tema de Derechos Humanos que afecta a personas y contradice el artículo 7 de la Constitución. «Es importante señalar que esto no solo es un tema de carácter administrativo ni de cedula de identidad, estamos hablando de un tema de derechos, de situaciones que debemos resolver porque a esas personas el Estado no les está garantizando sus derechos.»(HG).
2013-05-09 21:39:46
