Panamá, 20 abr (PL) Tras más de un año de fuertes controversias, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate reformas electorales, que hoy generan grandes cuestionamientos en temas de fondo.

Según algunos diputados y miembros de la sociedad civil, la normativa legal, que regirá durante los comicios de 2019, deja márgenes de dudas en asuntos como los topes a las donaciones privadas para los gastos de los candidatos en sus campañas electorales.

De acuerdo con la reforma, los fondos provenientes de donaciones privadas (10 millones de dólares como cifra máxima) se utilizarán para movilización, combustible, hospedaje, pago a activistas, caravanas, concentraciones, comidas, artículos promocionales y alquiler de locales, además de gastos de energía eléctrica, agua, teléfono, Internet y celular.

Sin embargo, las investigaciones realizadas en Panamá en torno a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos en el país apuntan a que el sector privado utiliza esos mecanismos para corromper el sistema político.

En el caso del aporte estatal, el cual ronda los 50 millones de dólares para la elección presidencial y menores cuantías para los demás cargos, estará destinado a costear la propaganda electoral, cuya campaña será de dos meses, y no de tres como hasta ahora, mientras que las primarias internas de los partidos se fijó en 45 días.

El mismo acuerdo instauró que los aspirantes a diputados podrán recibir hasta 350 mil dólares, mientras que para alcalde o representante de corregimiento se estableció un monto máximo de cinco dólares por elector inscritos en el padrón.

Esta última cifra contrasta con la propuesta original presentada por el Tribunal Electoral y aprobada en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la cual establecía un tope de 0,50 centavos por cada votante, que en 2,5 millones de electores en todo el país sumaba un monto cercano a un millón 250 mil dólares.

Uno de los temas más difíciles de consensuar fue el referente a la fianza de quienes impugnen los resultados, que estableció dos mil dólares para el que cuestione el triunfo de un representante, 10 mil el de un alcalde, 25 mil en el caso del diputado y 50 mil para el presidente de la República.

Ante tales cifras, son muchos los representantes de organizaciones civiles y políticas que dudan en la austeridad del venidero torneo comicial, el principal objetivo que pretendía alcanzar estas reformas, en medio de campañas cada vez más multimillonarias por el monto de las donaciones.

Tal así es que cálculos algo conservadores refieren que las elecciones de 2019 podrían superar en 27 millones de dólares lo gastado con respecto a la anterior (2014).

Pero más allá de los dígitos millonarios, el anhelo de incrementar el porcentaje de mujeres en las postulaciones para las elecciones y las estructuras de los partidos políticos, tendrá que esperar hasta el 2024.

Y es que los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo algunas féminas, no lograron un consenso y se negaron a adicionar un capítulo relativo a la paridad de género, la cual estimula la participación equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de poder.

El capítulo contemplado en la propuesta original del proyecto de ley 292 sobre la reforma del Código Electoral buscaba acoger las recomendaciones establecidas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, tras las elecciones generales del 4 de mayo de 2014.

En tal sentido, la principal encomienda estaba dirigida a incrementar el porcentaje de participación de las mujeres en las listas de elección popular y de las estructuras partidarias, necesidad que tuvo en la mayoría masculina del Parlamento (59 diputados de 71) su principal obstáculo.

Al respecto, la representante independiente Ana Matilde Gómez sostuvo que este reclamo justo responde al hecho de que la población panameña es paritaria entre hombres y mujeres; sin embargo, esto no se refleja en el pleno de la Asamblea Nacional, donde las mujeres son minoría.

La propuesta del Tribunal Electoral de que por cada hombre se postule a una mujer, no consistía en imponer al electorado un sistema de cuotas, sino aumentar la diversidad de la oferta a través de la equidad de género, y cada elector votaría por su candidato.

Según las postulaciones por género y tipo de elección, en 2014 aspiraron a una curul legislativa 19,7 por ciento de mujeres y 80,3 de hombres, mientras que para las alcaldías la cifra fue 20,1 mujeres y 79,9 hombres, porcentaje que en el caso de los representantes de corregimiento resultó muy similar.

No obstante, la realidad resulta más contundente: el Ejecutivo solo cuenta con dos ministras de 14, en tanto existe sólo una mujer de nueve magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

Por lo pronto, el proyecto que llegó a la Asamblea Nacional en enero de 2016 espera ahora, en medio de serios cuestionamientos, por la firma del presidente de la República, quien deberá dar el visto bueno antes de convertirse en ley.

Por Nubia Piqueras Grosso.