Luego que el gobierno lograra la aprobación formal del presupuesto para complacer al poderío internacional que le es cómplice en el frágil y aparente sostenimiento del equilibrio de la macroeconomía dominicana; debe reparar ahora el daño provocado por el vergonzoso procedimiento seguido para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y la consecuente repugnancia en las instancias responsables de la nación.

La vía mas expedita para ello es a través de una ejecución presupuestaria que garantice una autentica y sostenible estabilidad económica así como un equilibrio social y político que subsane la vergüenza y repugnancia que ha provocado,

A estos fines el gobierno dispone del recurso que le brinda el Art. 12 de la misma ley aprobatoria del Presupuesto para el 2012, que instituye la "Distribución Administrativa" de los gastos , el cual le brinda la oportunidad para ello, si tuviera la voluntad política para ello, de distribuir los gastos en función de los ingresos efectivamente logrados cada mes; y así evitar la generación de mayores déficits fiscales atentatorios de la estabilidad macroeconómica sin afectar los gastos en educación y justicia, con lo que proporcionaría mayor equilibrio social y político del gasto público.

Recordemos al efecto que el presupuesto tiene un déficit potencial equivalente al 30 %, al postular gastos fijamente expresado en la ley por 430 000 millones de RD$ frente a un déficit admitido de RD$ 22 000 millones a los que podrían sumársele ingresos contingentes, que no es seguro que van a producirse, ascendentes a RD$ 113 000 millones que se especifican a continuación:

1. Sobreestimación de las recaudaciones del orden de 34 000 millones de RD$ a un ritmo casi de un 20% que duplica el crecimiento de la economía a precios nominales, PBI+ Inflación, estimada en un 11% en el mismo Presupuesto, fundamentándose, entre otros, en que el precio del petróleo, punto de partida para el calculo del impuesto a los combustibles superará los US$ 100 el barril; situación que no es posible garantizar ante la contracción económica mundial, los acontecimientos en los países árabes petroleros y la moderación que se vislumbra en el Presidente Chávez..

2. Inseguridad de obtener los financiamientos externos presupuestados, partiendo de la proporción de la factura petrolera que es financiado a través de PETROCARIBE que concede mas financiamiento ante precios mas altos del crudo Pero además en el mismo Presupuesto, en su Art. 26, se reconoce que la mitad de los bonos aprobados hace año y medio mediante la ley 48-10, no se pudieron colocar; y que 800 millones de USD$ consignados en el Presupuesto en su Art. 31, necesitan ser concertados lo cual implica elaboración de programas o programas, presentación, negociación, aprobación y suscripción de los contratos respectivamente. Recuérdese al efecto que el acuerdo con el FMI termina en febrero del próximo año próximo, que su renovación pudiera supeditarse a las elecciones presidenciales y la incierta situación económica internacional pueden constituir obstáculo a la afluencia de recursos externos estimados en el presupuesto en 79 mil millones de RD$.

La consecuencia de que estos ingresos dudosos no alcancen para financiar gastos fijados por ley sería que el gobierno, que hoy recibe de la banca nacional mas prestamos que la agricultura y la industria, aumente ésta succión de recursos a nuestro sistema financiero, a costos y condiciones mas desfavorables y con peores consecuencias para la economía hasta llegar a afectar sus previsiones de crecimiento contenida en el propio Presupuesto y con ello las mismas proyecciones de ingresos.

Recordemos además el reclamo de la remisión temprana del Presupuesto para permitir adecuados debates y consultas que quedó consagrado en la nueva constitución, situación que fue burlada en este caso; y los frecuentes pronunciamientos del propio Presidente de la República relativos a no usar en forma aplastante la mayoría que dispone en el Congreso Nacional, lo cual ha quedado ahora en entredicho. Ambos hechos debilitantes del equilibrio social y político.

Es por eso que proponemos que en la "Distribución Administrativa" prevista en el Art. 12 de la ley aprobatoria del Presupuesto 2012, el gobierno suspenda el desembolso del 30% de los gastos y los redistribuya en la medida que se obtengan efectivamente los ingresos como están proyectados; pudiendo aprovecharse esta redistribución una vez alcanzadas las proyecciones de ingresos, para satisfacer reclamos en sectores como la educación y la justicia siempre y cuando estén acompañados de previsiones destinadas a mejorar la calidad del gasto.

Solo así podrá lograrse un auténtico equilibrio fiscal garantizador de la estabilidad macroeconómica hoy amenazada por los déficits fiscales y demás razones precedentemente expuestas.