Todo el mundo está pendiente de la conclusión de las investigaciones del caso Figueroa Agosto y su conversión en un caso penal.

Por Ricardo Rojas León

El Estado dominicano está política y socialmente conminado a solucionar, en forma transparente, el caso del ex narcotraficante boricua José Figueroa Agosto.

Después del espectacular despliegue periodístico que este caso ha merecido, resultaría políticamente inaceptable que no se llegara hasta las últimas consecuencias, pues la reputación del país en materia de lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la criminalidad organizada quedaría muy mal parada.

Del mismo modo, si quedan en la impunidad los responsables de los asesinatos y desapariciones relacionadas con el publicitado expediente, pudiera sembrarse la deslegitimación y desconfianza social de un caso en el que se han empeñado muchas palabras y esfuerzos.

Hasta la fecha, alguna gente se ha divertido con las supuestas aventuras sexuales del capo, y no pocos nos hemos sorprendido al desmadejarse parte de la red de blanqueo de la descomunal fortuna que Figueroa Agosto pudo amasar en una década de su impune y productivo oficio de narcotraficante.

Pero, la nación espera y merece que la investigación devele, en forma convincente, toda la estructura que por años le permitió al convicto en fuga, utilizar el territorio dominicano como un puente para el trasiego de drogas hacia Puerto Rico, los Estados Unidos y otros destinos.

Como Figueroa Agosto utilizaba varias identidades, es posible que se relacionara con mucha gente durante esa década. Y de hecho, al parecer, lo hizo. Y también es probable que no pocas de esas personas desconocieran el origen espurio de sus recursos. Si ninguno de los dealers de autos y agentes inmobiliarios que negociaron con él y sus testaferros, se preocuparon por ?conocer a su cliente? y reportar las transacciones realizadas por ellos a que estaban obligados por la ley sobre Lavado de Activos, ¡imaginémonos a gente sobre las que no pesaba el mandato legal de hacerlo!

Tan importante, en un caso como este, es evitar enlodar reputaciones, con revelaciones sobre la supuesta amistad con el convicto, como no dispensarle impunidad a gente realmente asociada al narco fugitivo. Nada justifica ni lo uno ni lo otro.

Este caso le está dejando al país muchas lecciones, en especial la necesidad de que se fomente el desarrollo de una cultura de prevención del lavado de dinero. Y que se cree conciencia de la necesidad de destinar mayores esfuerzos a combatir el crimen organizado, en todas sus formas y manifestaciones.

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El autor es abogado