¡¡¡CAMBIOS!!! ¿En que dirección?

E
l triunfo de Obama aumenta la vocación al cambio que vienen reclamándose en muchas regiones del mundo, la nuestra en particular. La crisis económica, que muchos atribuyen errónea y ligeramente a concepciones político – ideológicas, evidencia su necesidad. En la Cumbre Iberoamericana recientemente celebrada en El Salvador, se  escucharon expresiones cuasiapocalípticas de parte de mandatarios: Que asistimos al entierro del liberalismo insinuando el fracaso de la economía de mercado y las adhesiones a corrientes populistas y estatizantes que se otea en el horizonte latinoamericano presentada como una “revolución inadvertida”.

Ante éste eufórico desbocamiento se corre el riesgo de caer en ligerezas, de diagnosticar erróneamente situaciones y en lugar de tomar correctivos adecuados, se recurra, dentro de los vaivenes pendulares que aparecen de tiempo en tiempo en las concepciones y en las praxis públicas, a extremos opuestos que provocaron males iguales o peores a los que se pretenden corregir.

De partida, debe cuestionarse si el ordenamiento económico funcionaba como se idealizaba y postulaba. Si la economía de mercado, por ejemplo, operaba en forma compatible con el componente social y la competencia que forma parte de su doctrina. Si los fallos del sistema han sido por ausencia de disposiciones a supervisarse; o por el incumplimiento de lo dispuesto ante burócratas que se excusan en faltas de reglamentaciones para incumplir las establecidas, por negligencia o deliberadamente, para hacer viabilizar la comisión de actos dolosos o incurrir en omisiones peores. O para imponer complejas reglamentaciones expresamente complicadas para no cumplirla y llamar la corrupción.

Mucho de lo sucedido ha sido porque lo conceptualizado no se implantó y porque las reglamentaciones concebidas para materializarlo, no se cumplieron; reflejando una incoherencia en la que los valores éticos han brillado por su ausencia.

No basta libertad de empresa para que exista economía de mercado como hoy debe entenderse. Se necesita que ésta se manifieste a través de la competencia principalmente de precios –pero también de calidad, composición y presentación  de productos - para cumplir el cometido de autorregulación y reportar los beneficios sociales que le resultan consustanciales.

El practicar lo contrario a lo concebido, el incumplir disposiciones total o parcialmente, sumado a la falta de ética; han sido mas causantes  de las turbulencias vividas que las concepciones mismas.

Y como muestra, examinémoslo en nuestra nación; donde no existe competencia propia de economía de mercado en sectores claves de la economía, que derive en beneficios para la población.

No hay competencia en el mercado de combustibles, puesto que los precios los fija el Estado, tormentosamente cada semana, basándose en un misterioso sistema de cálculo instituido reglamentariamente, “paridad de importación”, para cumplimentar una aviesa interpretación de la disposición legal de adecuación a los precios internacionales. Como consecuencia, las empresas importadoras o la productora, REFIDOMSA - ¿ya estatizada? - se recuestan en éste absurdo para constituirse en oligopolio que le reportan pingues beneficios, a los que ahora se le han sumado intermediarios luego de resultar beneficiados en sus márgenes. La compra internacional se concentra en Venezuela tan solo por facilidades burocráticas y financieras que benefician al Estado, no a los consumidores que pagan con dinero constante y sonante el precio de un combustible derivado de un crudo reconstituido con efectos ambientales mas negativos que otros, por lo que nos perjudicamos en su calidad. Los poquísimos casos de expendio de combustible por debajo del precio oficial, han sido objeto de persecuciones.

No hay competencia en el sector eléctrico, donde la energía comprada por los distribuidores no es la ofrecida al menor costo de los generadores, sino la estipulada en contratos onerosos y aplicando complicadas fórmulas que solo sirven para encubrir el no cumplimiento de lo que constituye un simple ejercicio de oferta y demanda consagrado en dos leyes: La General de Electricidad y la de Compras Gubernamentales. Como consecuencia de comprar energía cara y de venderla a precios fijos y no cobrar toda la vendida, se deriva un subsidio insostenible para las finanzas públicas, generando deudas difícilmente pagables a menos que no sea bajo la presión de apagones en perjuicio de los consumidores.

No hay competencia en el transporte de pasajeros, donde se conceden rutas a gremios que se la apropian como si fuera de ellos e imponen precios medalaganarios ofrecidos en unidades inapropiadas al confort de los consumidores, generadores de alto costo y contaminación, y por demás circulando temerariamente constituyéndose en peligro público para pasajeros y transeúntes; impidiendo incluso por la fuerza que empresas  organizadas incursionen en el mercado para ofrecer un servicio mas confortable, seguro y económico, para la población y para el país.

No hay competencia en transporte de cargas, donde sindicatos pretenden imponer sus unidades encareciendo el servicio y poniendo en riesgo el suministro oportuno de los bienes ofrecidos.

Ni siquiera hay competencia en torno a la liquidez de la economía por la intervención de la entidad reguladora que asume funciones competitivas con las entidades que tiene que supervisar; manteniendo  artificialmente la cantidad de dinero en circulación para no presionar la tasa de cambio a través de altas tasas de interés en el nombre de la estabilidad cambiaria y la atracción de inversiones  que ya no están reportando beneficio significativos a la balanza de pagos; impidiendo la disponibilidad de dinero al costo adecuado para que productores agropecuarios e industriales puedan tener acceso al crédito en beneficio de trabajadores y consumidores.

Ciertamente se necesitan de cambios. Pero cambios  necesarios y en dirección correcta, para lo cual hay que diagnosticar adecuadamente lo vigente en lugar de la ligereza impulsadora de orientaciones equivocadas; no vaya a ser que propiciemos soluciones adecuadas a los problemas equivocados, descuidando el enfrentamiento de los reales.

No vaya a ser que se impulsen cambios en sistemas   que se suponían vigentes cuando no lo estaban; y que se desvíe la atención de lo que inevitablemente debe ser tomado como enseñanza fundamental de la presente crisis: la readopción de valores éticos en el ejercicio de  funciones públicas y privadas; y  el cumplimiento de disposiciones vigentes en el marco de una coherencia y consistencia con las concepciones que se sostienen.

Insistiremos en ello.