EN PRIMERA FILA.

JUDICIALIZAR LOS DELITOS ELECTORALES

Mario Rivadulla.

En el curso de su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de

Comunicación Corripio en unión de otros magistrados y funcionarios de

la Junta Central Electoral, su presidente, el doctor Julio César Castaños

Guzmán, entre otros temas abordó el de la compra de votos calificándola

de práctica deleznable.

Es un término apropiado para etiquetar la naturaleza de esta

vergonzosa práctica mercantilista que comercia con la pobreza material

y falta de criterio ciudadano de quienes se prestan a vender su voto, y

muchas veces es ejecutada a plena luz a las puertas mismas de los

recintos electorales. De presencia reiterada en todos los procesos

electorales, compromete por igual la responsabilidad de los diferentes

partidos políticos, tal solo diferenciada por la cuantía de recursos de que

disponga cada uno para ejercerla.

Paradójicamente resulta también frecuente objeto de queja y denuncia

partidaria en el caso de las organizaciones que no resultan favorecidas

en el escrutinio de las urnas como alegada causa de su derrota,

arrojando la carga de culpa sobre los organismos electorales a los cuales

reprochan no poner freno a la misma.

Pero como bien hace notar Castaños Guzmán no existe el menor registro

en ninguno de los procesos comiciales de denuncias formales llevadas a

los tribunales reclamando la aplicación de castigo para este delito que

califica penalmente como "soborno". Ni la Junta, pese a contar con la

Policía Militar Electoral para garantizar el orden y seguridad en los

colegios, dispone de la facultad jurídica para poder sancionar

penalmente tales casos.

¿Qué puede y piensa hacer la Junta para combatir esta práctica? Según

su presidente y hasta donde alcanzan sus posibilidades se proyecta la

instalación de un centro de llamadas para recibir denuncias sobre la

compra-venta de votos, de tal modo que se pueda alertar a las

autoridades del orden para que procedan en consecuencia, apresando y

sometiendo a los infractores.

Ahora bien para que pueda funcionar con relativa eficacia será preciso

contar con el compromiso de los propios partidos políticos de renunciar

a dicha práctica y la colaboración su personal militante destacado en los

colegios el día de los comicios, los observadores de Participación

Ciudadana y de cualquier otra entidad debidamente acreditada y los

ciudadanos conscientes para convertirse en vigilantes de dichos casos en

el momento en que ocurran. Su labor no debe quedar limitada a

denunciar la compra venta de los votos después que pase la prueba

comicial, sino contribuir a impedirla. Quizás no pueda erradicarse del

todo, pero al menos se dificultaría grandemente el tráfico mercantil del

voto. Esto así, sobre todo, si una vez los responsables sometidos a la

justicia reciben la sanción ejemplar que amerita su delito, con lo que se

enviaría al mismo tiempo un vigoroso mensaje de advertencia de que

tales actos no quedarán impunes.

Durante su discurso este pasado martes al inaugurar el nuevo año

judicial, el presidente de la Suprema Corte instó a los jueces a que no les

temblara el pulso al momento de impartir de justicia. De esperar que así

ocurra también al momento de sancionar la compra venta de votos como

un delito grave, o cualquier otro intento de tratar de violentar la libre

decisión del ciudadano votante, o de falsear los resultados comiciales que

deben reflejar con toda exactitud y pulcritud la voluntad mayoritaria del

electorado.