EN PRIMERA FILA

Mario Rivadulla

La trágica muerte de un joven y cuatro adolescentes cuando el vehículo conducido por el primero a una velocidad prácticamente suicida se estrelló contra una caseta y una banca de apuestas en horas de la madrugada, concede de nuevo actualidad al irresuelto tema del gran número de accidentes vehiculares que tienen lugar en el país y la elevada proporción de víctimas fatales por ese motivo.

Son cinco vidas que se pierden apenas despuntando, otros tantos hogares enlutados por el doloroso drama y la comunidad francomacorisana sumida en duelo y pesar ante la irremediable ocurrencia.

Tan solo en el período enero a junio del presente año, la cantidad de muertes registrada de manera oficial a consecuencia de los accidentes vehiculares fue de novecientos noventa y seis. La cifra duplica la del mismo período del pasado año. Vamos en retroceso en tanto sigue siendo la principal causa de muertes violentas en nuestro país, sin que hasta ahora ninguna de las medidas adoptadas haya logrado aligerar la cifra, ni luzca que vaya a ocurrir en futuro previsible.

Es solo la manifestación mas reciente de la indetenible sangría de vidas

humanas que arrastramos sin solución de continuidad desde hace

décadas. Según las cifras ofrecidas por el Observatorio de Seguridad

Ciudadana y el Observatorio Político Dominicano tan solo en el período

que va del 2005 al 2019 los accidentes vehiculares ocasionaron 24 mil

537 muertes en tendencia creciente. Es una cantidad aterradora.

A tan fúnebre estadística habría que sumar, por otra parte, la cantidad

de personas heridas. En no pocos casos, las lesiones recibidas son de tal

naturaleza que no pueden rebasar su gravedad pese a todas las

atenciones médicas que se les preste en un inútil esfuerzo por salvarles la

vida. Otros sufren discapacidades que requieren un largo período de

rehabilitación, en ocasiones también insuperables y que dejan a las

víctimas limitadas por todo el resto de su existencia.

Sobre el elevado costo que la asistencia hospitalaria, prestaciones y

procedimientos médicos, medicamentos y por lo general dilatados

procesos de recuperación, acaba de llamar la atención el representante

en el país del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Coronado

Hunter.

Aún cuando en esta ocasión no se mencionan cifras, en anteriores

oportunidades se ha señalado que suman cientos de millones de pesos

que drenan el limitado presupuesto que el país dedica a la salud pública.

Hay que tomar en cuenta también el monto de las reclamaciones

económicas para las aseguradoras, lo que a su vez hace subir la tarifa de

las primas para la cobertura de vehículos de motor, aunque

naturalmente el costo más elevado por irreparable es el de las vidas que

se pierden.

El problema de los accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias en

el país es uno de los más difíciles de abordar y resolver. Con apenas 10

millones y medio de habitantes y en un territorio de apenas alrededor de

48 mil kilómetros cuadrados, la DGII tiene registrados unos 4 millones y

medio de vehículos de motor. Si bien las motocicletas constituyen

mayoría, esto solo hace aumentar el riesgo tomando en cuenta la forma

temeraria en que son conducidas. Casi veinte mil conchos circulando tan

solo en el Gran Santo Domingo, muchos ellos carros destartalados y en

precarias condiciones mecánicas complican aún más la situación.

Pero lo peor son los pésimos hábitos de manejo. La agresividad de

muchos choferes. Las continuas y en gran medida impunes violaciones de

las normas de tránsito; el manejar bajo los efectos de la ingesta de

bebidas alcohólicas cuando no drogas; el hacerlo mientras se habla por

celulares pese a estar prohibido, y en las carreteras y autopistas el pisar

el acelerador para lanzar el vehículo a velocidad desbocada, tal como al

parecer ocurrió en el infortunado caso de estos cinco muchachos.

Hasta ahora tan grave problema no ha encontrado respuesta. Y peor

aún: no parece figurar en la agenda de ninguno de los aspirantes a

desempeñar el poder.