Mario Rivadulla

El pleno de la Junta Central Electoral aprobó a mediados de la pasada semana el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que participarán en las justas electorales del 2020. El propósito es regular el monto de los aportes privados que reciban los mismos como los respectivos candidatos a las más de cinco mil posiciones electivas que estarán en juego.

El propósito es loable. Con ello se busca la quizás un tanto hipotética posibilidad y en todo caso difícil objetivo, de darle un mayor equilibro a la competencia desde el punto de vista financiero, de tal modo que sea el voto más que el desborde del poderío económico lo que decida el resultado de las elecciones. En el caso específico de los recursos provenientes del Estado, se renueva la prohibición de hacer uso de los mismos, algo que por lo general ha estado presente en las distintas campañas electorales.

Con la identificación de los aportantes en cada caso, se persigue poder establecer con la mayor nitidez el origen de los fondos de apoyo provenientes del sector privado. Existe el justificado temor de que dineros de procedencia ilícita hagan acto de presencia en el proceso electoral tratando de ganar mayores espacios de influencia en el plano político.

No es una preocupación infundada. Para nadie es secreto que en elecciones anteriores, han circulado en cuantía creciente recursos de procedencia probadamente ilícita, desde el narcotráfico y el crimen organizado, hasta el lavado de activos y la corrupción. Los montos que se manejan en esos ámbitos son de magnitud inusitada, y buena parte de ellos están reservados para el soborno y la compra de conciencias en las áreas de influencia y poder.

Ahora mismo tenemos el ejemplo de la red de narcotráfico manejada por el elusivo César "El Abusador" y el increíble volumen de recursos que pudo ir manejando a lo largo de su trayectoria criminal de una larga década de impunidad que le permitió montar toda una vasta red de negocios para encubrir y lavar los mismos, al tiempo de hacer una escandalosa exhibición de su existencia de derroche y su alardosa expresión de "soy rico de verdá".

Ese tipo de negocios ilícitos precisan disponer de una amplia red de complicidades en el campo de las autoridades para poder mantenerse en el tiempo. Es la que disponía "El Abusador", como antes Florián Féliz, Figueroa Agosto, Quirino. La misma de que gozan otras actividades ilegales. El campo congresual figura en la mira. Se trata de colocar fichas en las curules que en su momento podrán rendir un oportuno servicio.

Es una protección que se compra a precio alto. El negocio lo contempla. Da para eso y hasta para soportar las pérdidas ocasionales de algún que otro cargamento de drogas que cae en poder de las autoridades. La cantidad es mínima en relación con el monto total del negocio. La DEA calcula que apenas alcanza a un diez por ciento de lo traficado.

Ahora bien. Es obvio que si bien resulta esencial contar con el marco legal para tratar de impedir que tal ocurra, perseguir, apresar, enviar a la justicia y sancionar a quienes se involucren en tales acciones, dependerá siempre de la voluntad política del gobierno y probidad y firmeza que demuestren las autoridades encargadas de prevenirlas y combatirlas.

Ya esa es misión que se sale del ámbito de la Junta en tanto ella no dispone de los recursos, los mecanismos y el personal especializado que requiere. Ella ha cumplido su parte con la aprobación del Reglamento. Toca ahora a los organismos del Estado velar por su cumplimiento. De esperar que lo hagan y que la ciudadanía se mantenga alerta para reclamárselo en caso contrario.