EL TIRO RAPIDO

El hecho de que el diputado Radhamés Camacho no haya cumplido con el mandato de ley de declarar sus bienes dentro del plazo establecido como afirma el presidente de la Cámara de Cuentas, ya de por si lo coloca en falta, con más razón por la posición que ahora ocupa al frente de la Cámara Baja.

Peor aún el hecho de que haya calificado de "vaina" un requisito que si bien por sí solo no prueba el origen del patrimonio, ni la forma y el tiempo en que se amasó, se considera un primer paso que sirve de puerta de entrada al proceso de transparentar la actuación de los servidores públicos en base a otras pruebas complementarias. Olvida, además, que la paternidad de esa ley que califica de "vaina" es compartida por el Senado y el ala congresual que dirige, que aprobaron esa legislación.

No es de extrañar, por consiguiente, que Participación Ciudadana, que no luce perder pie ni pisada a la actuación de los funcionarios públicos con tanta persistencia que a menudo la hace parecer como un partido más de oposición, haya reaccionado reclamando su renuncia, o en caso de no hacerlo, que sea sometido a un juicio político por el propio cuerpo legislativo que preside.

Al margen de ese propuesta y del destino que pueda correr, el hecho avivado por la imprudente expresión de Camacho, trae de nuevo a debate el incumplimiento de la ley que establece de manera obligatoria la declaración de bienes al comienzo y al final de la gestión pública.

No es la actual la única ley que estableció la obligatoriedad de la declaración. Pero es la más precisa y completa y la que establece sanciones mas estrictas tanto para quienes hacen caso omiso de la misma, como para los funcionarios que incurran en actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

Lamentablemente en la práctica le ha acompañado el mismo destino que las anteriores con los incumplidores escapando sin sanción y cobijados por la ya habitual impunidad. Son todavía no pocos, más de 3 mil 500 según la propia Participación Ciudadana, quienes obvian el requisito de hacer su declaración de bienes. Esto así, pese que a esa que Camacho califica de "vaina" se sometieron al comienzo de su gestión el propio Presidente Medina, de quien es fiel seguidor, la Vicepresidenta Margarita Cedeño y el resto del gabinete. Y que esas declaraciones fueron publicadas en la prensa, tanto la de los más acaudalados como los de fortuna más modesta.

Lo que sin dudas debieran hacer los funcionarios en falta sin pérdida de tiempo es someter su patrimonio a conocimiento público. No es una opción, sino un deber, por mas "vaina" que les pueda parecer la ley. Hacerlo así los libera de generar dudas y sospechas de que no disponen de cuentas claras, que en cambio resultan justificadas en el caso de los incumplidores.