Por Manuel Hernández Villeta

Las variables económicas y sociales que padecen los dominicanos pueden ser levantadas cono punta de lanza por quien desee hacer carrera política. En ocasiones no pasan de fanfarrias y demagogia, en otras de movimientos levantiscos y en la minoría disertaciones de personalidades bien intencionadas.

Por derecho constitucional todos los dominicanos tienen derecho a la protesta, hasta a realizar paros y huelgas, siempre que sean dentro del marco de la ley, sin utilización de la violencia. Por desgracia, siempre que hay un paro de labores corre la sangre y una familia se viste de luto.

Un paro en las provincias del Cibao logró dar una demostración de fuerzas. Los organizadores no tuvieron la autoridad o la diligencia suficiente para evitar la ocurrencia de actos de violencia. La anarquía de pichones de agitadores callejeros no debe ser un recurso valido para las protestas.

Cuando se convoca a un paro hay que tener la responsabilidad ciudadana de comprender que se tiene que respetar al que está en la acera de enfrente. Si hay un derecho constitucional a protestar y a paralizar en orden, también lo hay para rechazar estas actividades.

Un paro donde se queman gomas, se presiona a comerciantes para que cierren las puertas, no se puede decir que cuenta con respaldo popular. Las demandas pueden ser justas, pero los métodos no son válidos.

El país necesita líderes comunitarios y populares responsables, que comprendan el valor de la disidencia y de la protesta llegando a sus máximas consecuencias que son los paros. Ahora mismo no hay liderazgo que pueda tener control de esos movimientos. No pasan de ser agitadores de barrios sus organizadores, con un poder limitado en el control de los acontecimientos.

Pero no son bandoleros ni delincuentes los que organizan y participan en los paros. Sus movimientos comunitarios tienen espacios limitados y poco timonel de mando, lo que permite que salgan encapuchados y jóvenes que son buscadores de problemas, para tratar de anarquizar la situación.

Hay que dejar atrás el viejo expediente de la izquierda desaparecida, de que un paro para triunfar tenía que contar con ingredientes de violencia, quema de gomas, obstaculizar las vías públicas, meter miedo a los comerciantes y enfrentar a la fuerza pública.

Los organismos de seguridad también deben ser instruidos de que el pueblo tiene derecho a manifestarse en forma pacífica, incluyendo la posibilidad de llamar a paralizaciones. No se debe reprimir a moradores de barrio porque están sin salir a trabajar o a los pequeños comercios sin vender. La misión de las autoridades es resguardar el orden, pero no abusar de los ciudadanos.

La única forma segura de enfrentar los paros barriales es presentar soluciones a los males que atormentan a la sociedad dominicana de hoy. Las insatisfacciones ahora mismo se ven y se tratan de modo individual, pero si no se pone un tapón en la boca de la botella de las inconformidades, puede saltar una chispa e incendiar la pradera. ¡Ay!, se me acabó la tinta.