EL TIRO RAPIDO

En días recientes, dirigentes del sector de cooperativas de ahorros y préstamos se manifestaron opuestos al anteproyecto de ley de asociaciones cooperativas aprobado por la Junta Monetaria y remitido al Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de regular las operaciones de las mismas. En sus alegatos atribuían al Banco Central la intención de hacerlas desaparecer.

Debido al ambiente de inquietud y confusión originado por tan alarmistas declaraciones, el Banco acaba de publicar un comunicado de prensa a página completa dando cuenta detallada del proceso que motivó la elaboración del citado anteproyecto, así como el contenido y alcance del mismo. Se trata de un documento oportuno y esclarecedor.

Tal como se expresa en el mismo, el anteproyecto fue elaborado bajo la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y en cumplimiento de requisitos de organismos internacionales. En el mismo se destaca la importancia que ha adquirido el expresado sector, que al pasado año sumaba activos por 117 mil millones de pesos. Una cantidad que resulta superior a la de los Banco de Ahorro y Crédito y representa el siete por ciento del total de los activos con que cuenta el sistema financiero nacional.

Ahora bien. El comunicado del Banco Central establece una muy nítida línea divisoria entre las asociaciones cerradas, o sea, aquellas que operan exclusivamente dentro del marco laboral y específico para las que fueron creadas, como las de maestros, médicos, enfermeras, sindicales, agrícolas, entre otras, y las llamadas abiertas, que van allá de sus estrictos límites cooperativistas para realizar operaciones de intermediación financiera, captando depósitos de terceros y otorgando préstamos tanto a afiliados como no afiliados.

Estas últimas, según expresa la detallada exposición del Banco Central, son unas treinta. Una cantidad que apenas representa el tres por ciento del total de las cooperativas que existen en el país. Y son esas, precisa y exclusivamente, las que el anteproyecto plantea estén sujetas a la regulación y supervisión de la Autoridad Monetaria y Financiera. Sobran razones para ello y carece de justa motivación toda queja y oposición a tan justificada y necesaria disposición. Más aún, resultarán favorecidas en vez de perjudicadas, ya que quedar sometidas a ese marco legal permitiría a dichas cooperativas abiertas ampliar sus operaciones, tales como recibir y enviar remesas, expedir tarjetas de crédito y otras propias del sector financiero formal.

No se trata, por otra parte, de un invento criollo. Se hace significar que corresponde a una corriente que se ha ido desarrollado en América Latina, donde prevalece un sistema dual de supervisión especializada para las cooperativas abiertas. El sistema ya se encuentra vigente en Argentina, Honduras, México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Perú. En todo caso tendríamos que admitir que nos estaremos incorporamos con atraso a esa saludable corriente de mayor seguridad y transparencia que contribuirá, además, a un mejor control de operaciones financieras ilícitas y el lavado de activos de origen delictivo.

Como para no dejar el menor resquicio de duda, el Banco Central cierra su comunicado asegurando que, "contrario a las versiones puestas a circular, las autoridades Monetarias y Financieras jamás han pretendido, ni pretenden regular a las cooperativas cerradas, independientemente de la actividad a la que se dediquen, y muy por el contrario, valoran positivamente el fomento, crecimiento y desarrollo de ese tipo de cooperativa, como una expresión importante de la economía solidaria y asociativa, que contribuye a dinamizar las actividades productivas del país y a mejorar los niveles de las personas y asociaciones que participan en ellas".

Más claro de ahí, imposible.

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