L TIRO RAPIDO

Da una nueva demostración de responsabilidad y autoridad la Junta Central Electoral al suspender la entrega de fondos a varios partidos y movimientos políticos que no han cumplido con el obligado requisito de presentar sus estados financieros correspondientes al pasado año 2017.

El listado lo integran, en primer término, el propio PLD, la Alianza por la Democracia (ADP), el Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Movimiento Provincial Juventud (MJP), el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP) y el Movimiento Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA).

Ha procedido correctamente el organismo electoral al adoptar esta medida que previamente había sido advertida a los afectados con un mes de anticipación, plazo más que suficiente para poner y entregar sus cuentas al día.

La entrega de fondos del presupuesto nacional a los partidos políticos, fue una iniciativa de José Francisco Peña Gómez. Lo inspiró el propósito de que los mismos no tuvieran que depender de los aportes privados, que a su juicio siempre, en una u otra forma, conllevan un compromiso de retribución.

La práctica ha demostrado que la propuesta del desaparecido líder perredeista distó de responder al objetivo perseguido. No obstante los cuantiosos recursos que entrega el Estado a través de la Junta, el ejercicio de la política en nuestro país resulta tan costoso que supera con mucho la suma recibida, por lo que tanto los partidos políticos como los movimientos terminan apelando a los aportes privados.

Pero, al margen de esta realidad y la necesidad de establecer controles efectivos sobre el origen de estos últimos para garantizar que no provienen del crimen organizado, los carteles de la droga y actividades delictivas, los fondos provenientes del presupuesto son de carácter público. Por consiguiente, es preciso que quienes los reciben den cuenta detallada de la forma en que lo gastan.

Hace bien, por consiguiente, la Junta Central Electoral en retener la entrega de nuevas partidas hasta que cada partido y agrupación beneficiada presente sus balances debidamente auditados. Mas aún, toca a la Cámara de Cuentas la tarea de verificar la veracidad y validez de los mismos.

Vale recordar que esos fondos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Y estos tienen pleno derecho a conocer el destino que se da a los mismos. Es lo menos que pueden y deben hacer, dando un necesario ejemplo de responsabilidad, los partidos que aspiran a llegar al poder para manejar los destinos del país, y ya en un plano más modesto, el de sus respectivas comunidades, en el caso de los movimientos locales.

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