EL TIRO RAPIDO

El Procurador General de la República ha dado seguridades de que el próximo 8 de junio dará a conocer todos los aspectos y nombres de personas y entidades presuntamente involucradas en el escandaloso expediente de soborno de la ODEBRETCH.

Ese día se cumplirá la fecha tope del plazo extendido por el magistrado instructor del expediente de la ODEBRETCHT, doctor Francisco Ortega Polanco para que la Procuraduría haga la presentación formal de la acusación, al cabo de un prolongado y a menudo cuestionado proceso de indagaciones, que en algunos casos ha provocado críticas y sospechas de que haya verdadero interés en conocer todos los aspectos oscuros de la operación y sancionar a los responsables.

El Procurador General, en cada ocasión, ha justificado la dilación en base al argumento de que se trata de un caso en extremo complejo, que dispone de muchas vertientes y presuntas complicidades. Por esta razón habría requerido de un amplio proceso de investigación, abarcando exhaustivos interrogatorios a decenas de personas, tanto posibles involucrados como testigos.

Al dar ahora seguridades de que todas las incógnitas serán despejadas en la fecha señalada, está asumiendo a conciencia un serio compromiso que compromete su credibilidad y prestigio. Viene a ser una especie de camisa de fuerza que se ha colocado el mismo y de la cual no habrá manera de evadirse.

Ya, sin embargo, aunque no de manera oficial pero de fuente interna que se asegura confiable, trasciende que en el expediente acusatorio no podrá figurar la investigación sobre los casos de posible sobrevaluación de las distintas obras ejecutadas por la constructora brasileña en el país, por lo general en asociación con empresa locales. Esto así, en razón a que la Cámara de Cuentas no ha presentado las auditorías correspondientes, pese a que dispuso de más de un año de plazo desde que la Procuraduría las solicitó casi a comienzos de abril del 2017.

Era algo que podía adelantarse. Crónica anunciada y prevista. En cada ocasión en que tanto la propia Procuraduría a través de las distintas correspondencias que le dirigió como cuando se le requirió públicamente información sobre el estado de las auditorías, era evidente la forma evasiva en que eludía el tema con la simple y escueta respuesta de que "se está investigando", trasluciendo la falta de interés y compromiso con que había asumido la encomienda.

Ahora bien...¿En todo un año, los técnicos de la Cámara no han podido completar una sola auditoría? ¿Es que comenzaron a hacerlas todas al mismo tiempo? Y si ya han finalizado alguna... ¿por qué no ofrecer los resultados? ¿Es que están revestidos de confidencialidad? El pueblo tiene derecho a saber.

De hecho, fue un senador del hoy partido de gobierno, entonces el único miembro con que contaba en la Cámara Alta, José Tomás Pérez, actual embajador en Washington, el proponente e impulsor de la ley de Acceso a la Información Pública que fue aprobada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo y se encuentra vigente.

En todo caso, y en este muy en particular, la falta de información clara y precisa no hace más que generar suspicacias. Y esto es lo que menos abona a favor de un proceso que por su importancia y resonancia requiere de la máxima transparencia.

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