EL TIRO RAPIDO

La Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud no ha podido hasta ahora establecer de manera precisa el origen de las materias primas que se utilizan para la elaboración de los medicamentos falsos, según admite su titular Rafael Brito Peña.

La comercialización de fármacos ilegales es un mal de arrastre desde hace muchos años. Un negocio en extremo rentable para sus promotores cuyo volumen de operaciones se cifra entre mil 200 y mil 500 millones de pesos anuales, con unos márgenes escandalosos de beneficios. Detrás del mismo, poderosos e influyentes intereses políticos, militares y privados.

A juicio de Brito Peña, es posible que provengan de Haití y entren al país aprovechando la porosidad de la frontera, mediante el cobro del clásico peaje. La otra opción que se baraja consiste en que las materias para su elaboración pudieran salir de laboratorios establecidos y con licencia para operar, que distraigan parte de su materia prima para facilitarla a los fabricantes de medicamentos falsificados.

En la clasificación de estos últimos, figuran, entre otros: fármacos sin registro sanitario; medicinas con dosificación inferior a la requerida; otras se adquieren vencidas, son re-etiquetas con nueva fecha de vencimiento y re-lanzadas al mercado. Una cantidad, cada vez más reducida, ha entrado al país de contrabando en las muy contadas ocasiones en que han logrado burlar los cada vez más estrictos controles aduanales.

Por espacio de muchos años, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) ha mantenido una constante y costosa campaña de prevención, alertando a la ciudadanía del riesgo que para su salud y potencialmente su vida, representa el consumo de medicamentos falsificados.

Adicionalmente, en estrecha colaboración con las autoridades, ha contribuido a desmantelar laboratorios ilegales y negocios clandestinos destinados a la elaboración y comercialización de los mismos, así como el sometimiento a la justicia de responsables de estos hechos delictivos. Los mismos están penalizados con hasta diez años de prisión, de acuerdo al Código de Salud vigente, que criminaliza estas actividades. Y aunque nunca se ha dictado una condena de proporciones tan elevada, los tribunales, que en sus comienzos dictaban fallos tan complacientes que se convertían en un incentivo para la reincidencia de los autores de este grave delito, se han venido mostrando cada vez más estrictos en la aplicación de sanciones a los culpables de estas actividades delictivas.

Es una buena señal. Es preciso seguir alertando a los consumidores, persiguiendo y aplicando fuertes multas y penas severas de prisión a quienes se dedican a fabricar y comercializar medicamentos ilegales, porque no se puede permitir que el afán desmedido de lucro llegue al punto de poner en riesgo la salud y la vida de la gente.

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