EL TIRO RAPIDO

Tratar de ordenar las condiciones caóticas en que se desenvuelve el tránsito en nuestro país; modernizar, adecentar y regular la prestación del vital servicio de transporte público de pasajeros; sacar de las vías públicas las chatarras contaminantes y peligrosas; hacer que los conductores se ajusten al cumplimiento de las normas legales, y sobre todo, tratar de reducir la cantidad de accidentes vehiculares y el elevado saldo de muertes y lesionados que provoca, es tarea gigante. La clásica papa caliente que se ha puesto en manos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Pero posiblemente el reto principal y más apremiante consiste en enfrentar el cada vez más grave problema que representan los motores. Envueltos en más de las dos terceras partes de los accidentes de tránsito que tienen lugar en el país, según las estadísticas, aportan también una cantidad similar, o quizás superior, de las víctimas fatales que provocan, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes. Una cifra que nos reserva la nada envidiable posición de ser el segundo país del mundo donde es mayor el número de muertes en proporción al de colisiones vehiculares.

Ni el tema ni la cifra son nuevos. Reflejan, por el contrario, una situación que se ha mantenido y agravado en el discurrir del tiempo, sin que hasta ahora se haya logrado solucionar, ni tan siquiera reducir su persistencia y tan frecuentes fatales consecuencias. De ahí, que sea tema de permanente actualidad, en cuya solución, según se anuncia, está poniendo especial empeño el INTRANT.

Precisamente un estudio de este llevado a cabo en coordinación con el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRA), con sede en Valencia, España, determina que en el país circulan unos dos millones seiscientos mil vehículos de los cuales, el 54.4 por ciento son motores. De esta cifra, 51 por ciento está dedicado al moto-concho, 41 a actividades privadas, 4.9 a la entrega de pedidos y 2.4 a mensajería.

Siempre siguiendo los resultados de este levantamiento llevado a cabo en el 2016, pero cuyos resultados con ligeras variantes pueden asumirse como válidos y vigentes, sobre una muestra de 29 mil motores representativa del total, se determinó que 12 mil circulaban sin placas, casi un cincuenta por ciento no disponía de luces en buen estado o transitaba careciendo de ellas en lo absoluto, 85 por ciento de los motoristas no portaba chaleco de identificación, 79 no usaba casco protector y 98 por ciento de los pasajeros era transportado sin ese requisito.

Ni que agregar que a todo lo anterior se agrega el manejo temerario de que hacen gala la mayoría de los motoristas, incurriendo en todo género de maniobras imprudentes y peligrosas; la flagrante violación de las normas de tránsito, principalmente cruzar las intersecciones con luz roja; y transportar más de un pasajero, en ocasiones, varios, incluyendo menores de edad y niños de brazos.

Con todo lo anterior, no es de extrañar, por tanto, que los motores estén involucrados en la mayoría de los accidentes vehiculares, sobre todo los que arrojan resultados fatales, ni tampoco en la cantidad de heridos atendidos en los hospitales traumatológicos y los sometidos a larga y costosa recuperación de lesiones invalidantes en Rehabilitación.

Al costo mayor, por irremediable, es el de las vidas que se pierden como principal y sostenida causa de muertes violentas en el país, se suma los perjuicios económicos que se derivan para el Estado de los accidentes vehiculares, suma que se estima en 73 mil millones de pesos por año. Para las empresas aseguradoras, a su vez, es también posiblemente el tipo de siniestro que le reporta mayores pérdidas, o al menos les recorta y reduce al mínimo sus beneficios. Para los asegurados, representa el pago de primas más elevadas.

Identificadas las causas, no hay, por consiguiente, que esforzarse en demasía ni darle muchas vueltas a los empeños destinados a tratar de reducir la cantidad de accidentes, muertos y lesionados en que figuran los motores y motoristas como principales protagonistas.

Solo falta aplicar los remedios, primero por vía de convencimiento, y en los casos de renuencia, imponiendo el rigor de la ley, siempre y cuando sin privilegios ni favoritismos.

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