EL TIRO RAPIDO

Mario Rivadulla

Aún cuanto todavía, a algo más de dos años de la celebración de las elecciones del 2020, luce distante la fecha, no hay que olvidar que las hojas del almanaque van cayendo de manera indetenible día a día, y cuando menos lo imaginamos tenemos el evento encima.

No es por consiguiente prematuro adoptar desde ahora mismo, cuantas disposiciones sean convenientes para garantizar que pueda efectuarse en las mejores condiciones de organización y transparencia por esa sabia sentencia que postula que es mejor prevenir que tener que lamentar. Esto así, sobre todo, tomando en cuenta las experiencias anteriores que en prácticamente todos los casos provocaron denuncias de manejos irregulares y resultados fraudulentos.

Al margen de las discusiones en torno a si las Primarias deben ser abiertas o cerradas y de la necesidad de contar con la Ley Electoral y la de Partidos en la próxima legislatura, se plantea ahora también, como punto de urgente discusión y solución, la advertencia sobre la casi imposibilidad de celebrar las elecciones municipales con el voto preferencial.

Los próximos comicios serán un torneo maratónico con veinte mil o más aspirantes a disputar unos cinco mil puestos electivos. Más del noventa y cinco por ciento de esos candidatos y plazas corresponderán a las elecciones locales. De mantenerse el voto preferencial, se cita que la Junta Central Electoral tendría que disponer la impresión de 450 diferentes clases de boletas y se estima que pudieran producirse unas mil 500 reclamaciones post-electorales.

Aparte de la enorme carga y complejidad del trabajo que sobrecargaría a la JCE y al TSE, retrasaría de manera significativa el poder dar a conocer los resultados comiciales, con todas las inconveniencias que generaría esa situación. De ahí, que los titulares de ambos organismos, Julio César Castaños y Román Jáquez, y de manera coincidente los ex magistrados de la pasada Junta, Eddy Olivares y Angel Aquino, adviertan a tiempo y con tiempo de los problemas que pudiera acarrear mantener el voto preferencial, al menos en el nivel municipal.

En otro orden, muy de tomar también en consideración las recomendaciones de Daniel Zovatto, director para la América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, quien llama la atención sobre la necesidad tanto de poner un tope al gasto político y evitar el uso de recursos del Estado como establecer mecanismos de transparencia y fiscalización para determinar el origen de los aportes privados. Esto así, de tal modo que se evite la participación en la campaña de fondos de procedencia ilícita para evitar la posible elección de candidatos apoyados por el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y otras actividades ilegales.

El tema lo hemos abordado en muchas otras ocasiones anteriores insistiendo en la necesidad de que figure como punto de suma importancia en la ley electoral. Todavía pendiente de discusión y aprobación es de esperar que el mismo sea abordado, discutido y aprobado sin fisuras ni desvíos.

En las elecciones del 2020 no solo estará en juego el poder político, sino algo de mucha mayor trascendencia y permanencia como es el fortalecimiento de nuestro todavía muy imperfecto y vulnerable sistema democrático. Cuanto se haga a favor de que sea ordenado, inobjetable y creíble nunca estará de sobra.

Siendo así, comencemos cuanto antes.

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