EL TIRO RAPIDO

No ha pecado el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, por falta de reiteración y advertencia sobre la necesidad de aprobar las leyes electoral y de partidos y, caso contrario, los obstáculos que enfrentaría la organización de los sendos procesos comiciales del 2020.

Ha sido todavía más preciso y categórico en esta ocasión al intervenir en el panel "Selección interna de candidatos y financiamiento político y electoral", organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE). En el evento también participó el destacado especialista Daniel Zovatto, quien es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.

En esta ocasión, Castaños Guzmán no se anduvo por las ramas ni escatimó frases de alerta, advirtiendo que la democracia dominicana correrá el riesgo de colapsar e irse por un "despeñadero" si no se aprueban ambas piezas en la próxima legislatura. Aclaró, además, que esta supone un plazo fatal, por cuanto transcurrida la misma no habría tiempo posteriormente para su implementación dentro de los términos electorales.

El presidente de la Junta fue más allá, sin embargo, al adelantar que si no se aplican esas leyes que se han venido barajando por tantos años por la clase política, el organismo apelará y hará uso de sus facultades constitucionales para, entre otras medidas, reglamentar el tiempo y el gasto de campaña así como el uso de los medios de comunicación.

A los pronunciamientos tan enérgicos que en esta ocasión hizo Castaños

Guzmán, Daniel Zovatto sumó ácidas críticas señalando que el país se ha quedado rezagado en materia electoral, mientras el resto de la región avanza y en sentido general, ha puesto mayor interés en perfeccionar su sistema político. Calificó la desidia de nuestra clase política en este aspecto en una "irresponsabilidad olímpica", y compartió con Castaños Guzmán la preocupación por el posible colapso de nuestra democracia debido a esa situación.

Las próximas elecciones, recuérdese que serán dos certámenes, separados por pocas semanas de diferencia, resultarán en extremo laboriosas y complejas. El estimado de más de 20 mil nombres de candidatos que aparecerán en las boletas electorales compitiendo por alrededor de cinco mil cargos de elección representará una pesada carga de trabajo y responsabilidad para la Junta Central Electoral.

Pero por más esfuerzos que hagan los magistrados que la integran y mayor dedicación que ponga su personal, si queremos una elecciones bien organizadas, transparentes y creíbles es necesario prestarle a la Junta el mayor apoyo, tanto en recursos financieros como creando el marco jurídico requerido para facilitar que pueda cumplir su misión.

Tanto la aprobación de la ley de partidos como de la ley electoral no puede seguir siendo dilatada. Es una responsabilidad que recae por entero en la clase política y en el Congreso.

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