EL TIRO RAPIDO

La necesidad de modificar la ley de Seguridad Social se ha convertido en un tema caliente en los últimos días. Primero fue la advertencia de las centrales sindicales sobre el bajísimo monto de las pensiones que recibirían los asegurados al momento de cumplir la edad mínima de 60 años y el requisito de 360 cotizaciones, o sea, 30 años calculadas a razón de una por mes, para acogerse al retiro.

El endoso a la queja no se hizo esperar por parte del doctor Rafael Albuquerque. El dos veces ex vice-presidente de la República, ha dedicado toda su vida profesional a los temas laborales donde es un reconocido experto, a través de la experiencia acumulada durante los diez años consecutivos que se desempeñó como Secretario de Trabajo en tres gobiernos distintos, y su condición de asesor de la Organización Internacional del Trabajo.

Según Albuquerque de no modificarse la ley, bajo las condiciones actuales los trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y cotizaciones, recibirán de pensión apenas un máximo de un 28 por ciento de su último salario. Tomando en cuenta el promedio de retribución de la mayoría de los trabajadores en nuestro país la cantidad a percibir los mantendría confinados en estrechos niveles de pobreza.

Al coro de reclamos, se ha sumado otra voz calificada. Es la de Arismendy Díaz Santana, primer Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social, organismo rector del sistema, llamando la atención sobre una serie de fallas, incumplimientos y lagunas del mismo, debido sobre todo a su juicio a la confluencia de intereses que integran el mismo y frenan y obstaculizan su cumplimiento, desnaturalizando los objetivos de la ley en perjuicio de los afiliados.

Entre las fallas que apunta figuran: la posposición de la atención primaria y del primer nivel de atención en el área de la salud para garantizar una completa protección a los asegurados y reducir los costos; la posposición del llamado Régimen Contributivo Subsidiado que mantiene sin cobertura a unos tres millones de trabajadores por cuenta propia y la privación de la cobertura de salud de los pensionados y jubilados.

Miles de reclamos recibidos cada mes por eficiente Departamento de Información y Defensoría de los Afilados a la Seguridad Social (DIDA), dejan constancia permanente de las quejas tanto por razón de estas fallas, fruto de la incapacidad del organismo rector del sistema para poner en vigencia aspectos que figuran en la ley, como de la pertinaz resistencia de algunas ARS a cumplir los derechos consignados en la misma a favor de los asegurados.

Díaz Arismendy advierte asimismo, que con el monto de las actuales cotizaciones resulta imposible garantizar una pensión digna a los asegurados. Al respecto plantea como una necesidad para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, extender la edad del retiro, argumentando que cuando se establecieron los fondos de pensiones, hace un siglo y medio, la esperanza de vida era apenas de 40 años, en tanto ahora promedia 75, por lo que de mantener la actual edad de retiro provocaría el colapso del mismo.

En otro orden, Díaz Santana hace causa común con quienes han planteado reducir de manera sustancial la comisión que cobran las Aseguradoras de Fondos de Pensiones que el pasado año asegura obtuvieron un 38 por ciento de ganancia sobre su capital, en tanto los fondos de pensiones apenas percibieron un 10 por ciento de intereses.

El pedido sobre la necesidad de reajustar el 30 por ciento que reciben las AFP surge, de tiempo en tiempo, e inclusive hay presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone bajarlo a la mitad y cuyo destino es tan incierto como el de tantos otros de mucha más larga antigüedad que navegan a la deriva en los pasillos del Congreso.

Son todas observaciones muy oportunas y puntuales que requieren ser ponderadas en el marco de un amplio de trabajo de revisión de la Ley, a fin de introducir las modificaciones necesarias para que pueda cumplir los objetivos que inspiraron su creación. De hecho, desde hace tiempo existe una comisión abocada a ese propósito, la cual debía aprovechar la experiencia y los valiosos aportes que pudieran hacer tanto Albuquerque como Díaz Santana.

Esperemos que las necesarias modificaciones a la Seguridad Social corran mucho mejor suerte que los proyectos de la ley de partidos, electoral, el código civil y el código penal, por no mencionar siquiera la muy necesaria ley de aguas que lleva más de 20 años estancada en las Cámaras Legislativas.

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