EL TIRO RAPIDO

La historia se repite cada siete de enero de cada año en la celebración del Día del Poder Judicial. Un acto solemne, con asistencia del Presidente de la República, donde el Presidente de la Suprema Corte, como máximo exponente de la autoridad judicial rinde cuentas de los logros registrados el año anterior y, como a papel carbón reitera casi con tono angustioso la necesidad de disponer de mayores recursos para suplir las muchas carencias y lagunas que impiden a la Administración de Justicia desarrollar un trabajo más eficiente.

Si bien tanto la Procuraduría General como el del Poder Judicial ha recibido sustanciosos porcentajes de aumento de recursos en los últimos años, estos han sido a partir de la base de un presupuesto ínfimo a todas luces insuficiente para satisfacer sus necesidades. Y, siempre también, con reiterada insistencia, los fondos que se le asignan en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, apenas cubre la mitad de la suma que solicita. De hecho, Servio Tulio Castaños, el siempre alerta vicepresidente y vocero de FINJUS, advierte que la nómina judicial consume el ochenta por ciento de los fondos que recibe.

Sin dudas ni exageración, el Judicial califica como el pariente pobre de los poderes del Estado. Y por más que se quiera esa limitación de recursos tiene que afectar necesariamente sus índices de eficiencia, lo que se refleja en el bajo nivel de confianza y reconocimiento público con que aparece en las encuestas y en los mismos reclamos que le hace Pro-Competitividad, por la baja de 20 puestos en el Indice Global.

No obstante, tal como expresó el Presidente de la Suprema en su discurso de rendición de cuentas y destacó el lunes en su nota editorial el matutino Diario Libre, la justicia ha registrado avances que es justo consignar. Bastaría tomar como evidencia de que se ha trabajado con interés el hecho de haber reducido los expedientes en mora, o sea, pendientes de tramitación y fallo de 59 mil 309 a comienzos del 2017, a solo 17 mil 564 a fines del mismo, lo que otorga confianza a la promesa del magistrado Mariano Germán de que este año serán puestos al día.

Germán hizo una cálida defensa de la actuación de los jueces. El Poder Judicial cuenta con más de mil a nivel nacional. Es obvio que no todos muestran el mismo nivel de competencia, prudencia, serenidad, y sobre todo sentido de equilibrio y honestidad para impartir justicia. Y que dentro de ese amplio conglomerado, como en cualquier otro sector de la sociedad, siempre aparecen frutas dañadas, elementos oportunistas, vulnerables al soborno, proclives a la componenda, temerosos de enfrentar intereses poderosos y sometidos a presión. Son los muchos menos. Pero, lamentablemente, sus acciones deleznables arropan el comportamiento de la gran mayoría de jueces capaces y honestos donde el proceder recto ni gana titulares, ni es noticia, en un medio como el nuestro donde ganan cada vez más espacio el morbo y la suspicacia.

Alienta, por otra parte, que tanto el Presidente de la Suprema como el Procurador General al intercambiar saludos hayan restado importancia a las diferencias que en algunas ocasiones han sostenido. Vale insistir de nuevo en que las distintas piezas que conforman la maquinaria de la justicia, a saber Policía, Procuraduría, Judicatura y Prisiones funcione como un todo, trabajando en continua comunicación y cooperación.

Para el año que recién se inicia ambos, Procuraduría y tribunales, tienen ante así grandes retos que pondrán a prueba su credibilidad y confianza pública, especialmente en lo tocante a los expedientes de corrupción que han ido acumulándose a lo largo del pasado año, comenzando por el más notorio y escandaloso de la Odebretch y terminando con el más reciente de la OMSA. Sin que signifique violar las normas procesales y de Derecho, el fallo que recaiga en los mismos marcará la frontera entre un régimen sin consecuencias como el que hemos venido arrastrando y el inicio de una nueva etapa donde el despojo y fraude de los bienes públicos y el enriquecimiento ilícito al amparo del poder no escapen sin merecidas sanciones.

Todos aspiramos a una Administración de Justicia sana y transparente, justa y eficiente. Su papel en ese sentido es fundamental para fortalecer la institucionalidad, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la seguridad ciudadana. Queda mucho trecho por andar. No es tarea fácil, ni que pueda lograrse de un día para otro. De ahí la necesidad de brindarle apoyo y mayores recursos y de que ella responda en justa medida a la cooperación y confianza que se le otorgue.

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