EL TIRO RAPIDO

Por Mario Rivadulla

Sin duda alguna resulta un testimonio muy comprometedor el ofrecido por el Coordinador Nacional del Nuevo Modelo Penitenciario, Ysmael Paniagua, sobre la controversial actuación de la jueza interina de Ejecución de la Pena, Katherine Rubio Matos, por la masiva concesión de permisos navideños de salida de la prisión a más de cinco docenas de reclusos, entre estos, autores de crímenes mayores, de larga condena y vinculación a graves expedientes de narcotráfico, sicariato y hechos de sangre.

Descartamos por nuestra parte, tal como hicimos desde sus inicios y en modo alguno sugiere Paniagua, que la disposición de la jueza Rubio Matos esté vinculada a un ilícito, soborno o presión. Hasta ahora, que se sepa, no se ha aportado evidencia alguna en tal sentido, ni se ha mencionado esa posibilidad.

Pero si dijimos y ahora reiteramos con más seguridad, basados en las revelaciones de Paniagua sobre los antecedentes que precedieron a esa tan cuestionada decisión, que el comportamiento de la jueza Rubio Matos demostró irresponsabilidad e imprudencia, dos características negativas totalmente divorciadas del sano ejercicio de la magistratura que requiere de mucha sensatez y ponderación.

Dando lectura al relato del Coordinador Nacional del Nuevo Modelo Penitenciario, que aparece en la edición de este día del periódico Hoy, página 4-A del primer cuerpo, se obtiene la impresión de que desde que asumió sus funciones, la jueza Rubio Matos se mostró prepotente, agresiva y arrogante, rechazando toda sugerencia, afirmando que tenía claro concepto de sus funciones y no admitiría que ninguna autoridad impidiera que ella las ejerciera.

Más aún, siempre siguiendo el testimonio de Paniagua, llegó al punto de expresar en forma amenazadora que cualquier inobservancia de una orden suya tendría una acción de efecto dominó donde podrían caer funcionarios de diferentes jerarquías. Esta última advertencia, permite suponer que la jueza contaba, o cuenta, con un fuerte respaldo.

En adición, y siempre de acuerdo al relato, todo el proceso que siguió la jueza Rubio Matos acusa una serie de irregularidades y de incumplimiento de las normas establecidas y requeridas, a diferencia de lo alegado por ella y por la presidenta de la Corte de Apelación de San Cristóbal quien salió en su defensa con una misiva pública llena de agravios y acusaciones contra la Procuraduría General

Al margen, volvemos a insistir que todas estas controversias públicas, intercambio de acusaciones y reproches, debilitan cada vez más la muy deteriorada imagen de la Administración de Justicia, que sólo podrá restablecerse y funcionar de manera eficiente cuando sus distintos componentes, a saber Policía, Procuraduría, Tribunales y Prisiones trabajen de manera coordinada, en continua comunicación y estrecha colaboración, lo que a todas luces dista de estar ocurriendo al momento presente.

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