ALAI, 22/12/2017

El fraude fiscal corporativo transnacional ha vuelto a poner en el debate la contradicción histórica de la relación asimétrica y de explotación de un Norte rico y un Sur pobre. Contradicción que había dejado de ser visible en los últimos años, tanto en el ámbito de los organismos internacionales, como en el de las organizaciones no gubernamentales. Algo muy similar ha pasado con la contradicción entre trabajo y capital, que las nuevas categorías teóricas sobre las relaciones laborales han querido también invisibilizar.

La gravedad y dimensiones de dicho fraude fiscal han obligado a entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso el Banco Mundial (BM), abanderados históricos de la desregulación y del libre tránsito de los capitales, a plantearse la necesidad de establecer regulaciones y normas que frenen este proceso global de evasión y erosión de recursos tributarios.

El que anualmente transiten en forma opaca y sin pagar impuestos entre $500 y $600 mil millones de dólares por la actividad del comercio internacional, obliga a que el Norte que nos habla de liberalización tenga que empezar a plantear al menos algunos niveles básicos de regulación.

La OCDE, el club de las 35 economías más ricas del planeta, y el G20, que reúne a las 20 mayores economías globales, son los principales actores hoy día en materia de tributación internacional. Lo más acabado es el programa Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) de la OCDE/G20, el cual trata de determinar las principales estrategias de planificación fiscal agresiva por parte de transnacionales que aprovechan lagunas o vacíos de las legislaciones nacionales para sacar sus utilidades hacia jurisdicciones de baja o nula carga impositiva.

Lo que es cierto es que el sistema de acumulación capitalista de la globalización es el que ha creado este sistema de opacidad y fraude, un sistema que creó y estimuló la formación de sociedades offshore como herramientas legales, promovió que desde los países del Norte se impulsaran con los países del Sur acuerdos bilaterales de comercio, de inversiones y de tributación, así como leyes nacionales que favorecen la desregulación de los flujos de capital y finalmente desarrolló un entramado global de guaridas fiscales, cuyos principales exponentes están bajo el dominio del Norte.

Esta estrategia ampliada de acumulación de ganancias y de expropiación de riqueza funcionó durante décadas sin problemas. El problema ha sido que, mientras en una parte de la ecuación se daba ese proceso, en la otra, se impulsaban políticas de austeridad en inversión pública y social, estancamiento en el crecimiento de los salarios, deterioro de servicios públicos, precarización de los empleos, crecimiento acelerado de la informalidad laboral, reducción de la cobertura de sistemas de previsión social y de salud. Es decir, el modelo fue promoviendo el crecimiento de la desigualdad social, el ensanchamiento de la pobreza global y la exclusión de millones de seres humanos de los beneficios del capitalismo.

Una minoría que veía crecer sus patrimonios y ganancias, a niveles nunca vistos, y una inmensa mayoría global que veía descender también a niveles nunca vistos, sus condiciones de vida. Ahí radica el problema actual, que ha hecho que los círculos del poder global tengan que encontrar algunos mecanismos o estrategias a fin no de eliminar dicha contradicción, sino de hacerla un poco menos asimétrica.

Por tanto, la OCDE y el G20 se convierten, por medio del programa BEPS, en los promotores de una agenda global que enfrente el fraude fiscal; ¿cuáles son las características de esta agenda global contra el fraude fiscal corporativo?

La iniciativa BEPS es una estrategia de acción, totalmente diseñada y consensuada por los países ricos, con una nula participación de los países en vías de desarrollo; los mismos, a partir de su puesta en práctica han tenido que asumirla, sin posibilidades de incidencia o de adecuación de acuerdo con sus capacidades y realidades.

Es una iniciativa que, conociendo los mecanismos utilizados por las transnacionales, se queda en lo aparente y no entra a lo sustantivo para desmantelar dicho sistema. Dos ejemplos específicos: se sigue insistiendo que el comercio internacional de las transnacionales se desarrolla entre "partes no relacionadas", cuando las evidencias son absolutas que la mayoría del comercio global se hace entre "partes relacionadas o intrafirmas"; otro ejemplo, el principio que se utiliza de "plena competencia" para determinar los precios de bienes y servicios de dicho comercio, no se ajusta a la realidad, permitiendo que las transnacionales puedan continuar erosionando la base imponible.

Lo determinante, la iniciativa BEPS insiste en que las transnacionales tributen en donde tienen su "residencia" y no en la "fuente" que es el lugar de donde extraen sus beneficios. De esta forma, la histórica contradicción Norte/Sur se sigue manteniendo, las transnacionales que son del Norte, pero operan principalmente en el Sur global, aportarán un poco más de pago de impuestos, pero lo harán en el Norte, y no necesariamente en nuestros países.

La preocupación para la OCDE y el G20 es gravar con carácter prioritario a las transnacionales que están en el sector de servicios, de infocomunicación, de tecnologías, de comercio electrónico, dado que esos son los sectores en que actúan las transnacionales en el Norte; a pesar de las demandas por parte del Sur global para que se ponga en nivel de prioridad el gravar a las transnacionales de los sectores extractivos, a la fecha no ha logrado prosperar ninguna de dichas solicitudes.

El plan de acción de esta agenda global (BEPS) de tributación internacional que está conformada de 15 acciones, obligará a los países del Sur a realizar una altísima inversión en formación de recursos humanos, en capacidad instalada, en capacidad tecnológica y en fortalecimiento institucional de las administraciones tributarias, algo que no parece viable ni en el corto, ni en el mediano plazo.

Mientras no se transforme la naturaleza jurídica de las sociedades offshore que hoy son consideradas globalmente entidades legales, ese mecanismo para la opacidad seguirá operando como el principal instrumento para facilitar la evasión y la elusión tributaria del mundo corporativo y de las élites económicas a nivel mundial.

Es necesario además eliminar globalmente el secreto bancario; en una buena parte del planeta el secreto bancario sigue siendo la principal barrera para poder investigar y rastrear a los verdaderos dueños de ese mundo offshore que se mueve por el mundo.

Principalmente es urgente acabar con las guaridas fiscales. Dichas jurisdicciones hoy están básicamente al amparo de los países del Norte. La OCDE, como la Unión Europea, como el G20 han reducido tanto los aspectos a cumplir en materia de transparencia tributaria, que oficialmente dichas instituciones tienen considerados como paraísos fiscales a un número irrisorio de países, cuando la realidad es que tenemos decenas de jurisdicciones de nula o bajísima tributación. El subterfugio utilizado por la institucionalidad oficial del Norte para tratar de maquillar la existencia de los paraísos fiscales ha sido declarar a muchos países como "jurisdicciones no cooperantes", de tal forma que se esconde la esencia misma de lo que son y no se va a la raíz del problema estructural.

En síntesis, podríamos afirmar que la agenda global de la institucionalidad oficial para enfrentar el fraude fiscal corporativo transnacional plantea aspectos que objetivamente son positivos, a fin de empezar a combatir dicho fraude y que pueden contribuir a reducir la evasión y la elusión.

De lo más relevante es la posibilidad de homologar legislaciones e instrumentos técnicos que permitan actuar en forma común a los entes tributarios, independientemente de si son del Norte o son del Sur, a la hora de evaluar la actividad comercial de cualquier transnacional.

Las grandes limitaciones de esta agenda están en que es una iniciativa exclusivamente establecida desde el Norte, sin participación relevante del Sur; en tal sentido es una agenda con serios déficits de inclusión y con serios déficits de participación democrática global.

Pero posiblemente no sólo la mayor limitación, sino que la deficiencia estructural de esta agenda global es que no quiere poner atención directa e incisiva en los aspectos medulares de la estrategia del fraude corporativo, a saber, el mundo offshore, el secreto bancario y los paraísos fiscales. Mientras no se ponga en prioridad acabar con esos tres elementos clave de la estratagema multinacional para la evasión y la elusión fiscal, lo demás será accesorio y estaremos lejos realmente de revertir una situación que acrecienta la desigualdad social, la pobreza global y el deterioro de la calidad de vida de sociedades enteras.

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Fraude fiscal corporativo 12/12/2017

https://www.alainet.org/es/articulo/190052

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