EL TIRO RAPIDO

Sin dudas fue precipitada, impensada, inconsulta e imprudente la decisión de la directiva de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, imponiendo a sus pacientes la obligación de someterse de manera exclusiva a los estudios diagnósticos practicados en sus propias instalaciones y laboratorios.

El anuncio hecho por el presidente de esa entidad, doctor Rafael Mena, que agrupa a más de ciento veinte centros asistenciales privados en todo el país en la misma medida en que se produjo de manera inesperada provocó una reacción casi automática y generalizada de rechazo por parte de los representantes de las autoridades sanitarias así como de la Seguridad Social y entidades vinculadas al sector salud.

Tanto la Ministra del ramo, doctora Altagracia Guzmán Marcelino; el presidente del CMD, Waldo Suero; el doctor Pedro Luis Castellanos, quien dirige la Superintendencia de Salud; como la directora general de la DIDA, Nélsida Marmolejos y la licenciada Anina del Castillo, directora de PRO-CONSUMIDOR coincidieron en expresar su más vigorosa repulsa a la excluyente medida de la asociación de clínicas, resaltando la ilegalidad de la misma.

Como era de esperar, fue precisamente del Departamento de Defensoría de los Afiliados a la Seguridad Social, la DIDA, de donde surgió la primera expresión de repudio a la decisión de ANDECLIP advirtiendo que la misma constituye una clara violación al precepto constitucional que en el artículo 50 de nuestra Carta Magna vigente establece el principio de la libre elección.

Como la DIDA advierte en su breve pero contundente declaración la disposición de ANDECLIP atenta contra la libre empresa, la libre elección de los afiliados a la seguridad social, así como la confianza y seguridad que los pacientes tienen en la calidad de los servicios que prestan diferentes centros analíticos y diagnósticos con que cuenta el país. Estos disponen de los equipos y métodos más sofisticados y avanzados, y un personal técnico con altos niveles de competencia y preparación profesional.

Inadmisible desde todo punto de vista, cabe esperar que la ANDECLIP de marcha atrás dejando sin efecto tan cuestionable decisión, que en caso contrario tendría que ser rechazada de plano por el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tenemos entendido que ya se han encaminado gestiones en ese sentido con la directiva de la entidad que agrupa las clínicas privadas. Es de esperar que resulten positivas.

El presidente de ANDECLIP, doctor Rafael Mena, siempre ha regido esa entidad con criterio mesurado. Es de esperar, por consiguiente, que entienda lo improcedente de la decisión adoptada por la entidad que preside. Y que, en consecuencia, disponga la revocación de la cuestionada y cuestionable medida aplicando el principio de que "rectificar es de sabios".

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