EL TIRO RAPIDO

Mario Rivadulla

Que un señor legislador, sobre todo si reside en el interior del país, disponga de una exoneración para adquirir un vehículo de precio promedio, como el que utilizan muchos profesionales y técnicos cuyos ingresos económicos les permite esa facilidad de transporte no como un lujo sino para facilitarle poder cumplir con sus tareas, tiene cierto grado de justificación. No hay por qué en este caso llegar al extremo de negarle esa posibilidad.

Ahora bien...¿cuál es la razón ética que pueda justificar el que un señor congresista, que en la mayoría o en buena medida de los casos pertenece al sector más pudiente de la población, reciba no una sino dos exoneraciones de impuestos de vehículos cada cuatro años?

¿Qué argumento válido acompaña al hecho de que además se trate de exoneraciones para la compra de vehículos sin límite de precio? ¿Es que para asistir a las sesiones del Congreso es preciso exhibirse arrellanado en la comodidad de un costosísimo carro de super-lujo? ¿Contribuye eso en alguna medida a que pueda realizar sus funciones con mayor claridad y acierto?

¿Quizá de esa forma podrá disponer de más tiempo y mejores luces para leer e interpretar la letra chiquita de los contratos y concesiones que requieren la aprobación del Congreso, donde en tantas ocasiones algunos, con cínica cachaza, han confesado que los aprueban sin siquiera pasarles la vista por encima ni conocer su contenido, hasta que este se convierte en motivo de escándalo público por los perjuicios que deriva para el Estado?

Pero además...es más que notorio, y los propios congresistas no se ocultan para admitirlo, que al menos, una y en algunos casos las dos exoneraciones amparan la compra de vehículos de las marcas más caras en el mercado, con valores de ocho, nueve y hasta diez millones de pesos, que son vendidas a personas sobradamente pudientes, únicas con capacidad para adquirirlos, quienes de esa forma se benefician a costa de burlar el pago de los impuestos al Estado. Esto, si no constituye una estafa, al menos es un impúdico acto de enriquecimiento indebido.

A todas luces increíble e imposible de aceptar que haya legisladores que muestren inconformidad ante el hecho de que en el proyecto de presupuesto para el 2018 enviado a las Cámaras, figure un tope de hasta un máximo de 100 mil dólares para el valor de los vehículos que podrán adquirir con las exoneración. Su equivalente en pesos al cambio actual es de 4 millones 750 mil. No son muchos los vehículos de venta en las agencias del país que se oferten a esa suma, menos aún que la superen.

Pretender que las exoneraciones sean sin tope para la compra de vehículos de precio abierto, más que simple exageración demuestra escaso sentido de prudencia y carece de todo sentido ético. Más aún pretender elevar a categoría de "derecho adquirido", lo que es un simple privilegio que irrita a muchos ciudadanos con sobrada razón, en un país donde todavía arrastramos un 30 por ciento o más de pobreza; son tantas las necesidades y tan contados los recursos y cada año el gobierno tiene que hacer malabares para elaborar un presupuesto, por demás deficitario, donde los ayuntamientos reciben apenas un 3 por ciento del 10 que dispone la ley y otras instituciones por igual.

Sería conveniente que los congresistas moderen sus apetitos. Que se guíen un poco más por los resultados de las encuestas donde cada vez más queda en evidencia la profunda crisis de credibilidad de la partidocracia y la confianza en la clase política. Porque cuando ese proceso no se detiene, la institucionalidad democrática, que tanto ha costado, queda en riesgo. Y de esa posibilidad, líbrenos Dios.

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