Por Narciso Isa Conde

Hay quienes piensan que el cambio de dueño de Leonel a Danilo del Tribunal Supremo Electoral-TSE y los cargos vacantes de la Suprema Corte es una victoria porque no se colaron los funcionarios "chicharrones" que desempeñaron roles repulsivos y se re-postularon.

Así se pronunciaron esos comunicadores cuando fueron renovados casi todos los cargos de la JCE; y pocos día después, cuando creció el reclamo a favor de la renuncia del Presidente de la República, se le "salió el cobre" a Julio César Castaños Guzmán y demás miembros de la nueva JCE...

Cualquier "quisquila" se acepta, menos tocar al Monarca Medina, que ahora está conformando sus "altas cortes", que no son ni altas ni cortes. Pero son SUYAS, no nos equivoquemos.

Pero en dirección contraria sucede y viene a ser que la majestuosa Marcha Verde del pasado 16 de Julio demandó al sometimiento del Rey y su corte no celestial, marcando un antes y un después, llamado a aplastar todas esas maniobras.

En su PROCLAMA, después de atravesar el centro del Distrito Nacional un tsunami de personas vestidas de verde, el movimiento reclamó "el SOMETIMIENTO JUDICIAL DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA y la investigación penal de los funcionarios y legisladores Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo, Abel Martínez y otros responsables de aprobar o gestionar los contratos de la multinacional mafiosa".

De igual modo, el colectivo consideró "inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los ex-presidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos, y de Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos y quien públicamente ya se puso a la disposición del procurador Jean Alain Rodríguez".

Ahora la cuestión central es la evidencia de que el Poder Ejecutivo, Gobierno Central, Justicia, Congreso, Cámara de Cuentas, JCE, Alcaldías... son instituciones controladas por una partidocracia corrupta y corruptora que las manipula para enriquecerse en contubernio con grandes empresarios, lobistas, generales y corporaciones transnacionales.

Se ha evidenciado así una dictadura constitucional dedicada a acumular riqueza y poder, dirigida desde un centro estatal-partidista bajo el mando del Presidente de turno (Danilo Medina), generalmente convertido en un monarca postmoderno; siempre acompañado de una maquinaria de marketing y publicidad dedicada a robarse la verdad en procura de la permanencia de una dominación mafiosa.

La base legal de sustentación del poder constituido es la Constitución del 2010 estructurada por el ex-presidente Leonel Fernández (y sus asesores de ocasión), heredada hace 6 años por el Presidente Medina; ambos cabecillas del partido-corporación montado sobre un gobierno y un partido corruptos y corruptores.

Esa Constitución constitucionalizó el neoliberalismo y concentró el poder de decisión en la Presidencia, el Senado y el Consejo de la Magistratura con fines de garantizar corrupción e impunidad; mecanismos ahora dominadoS por el presidente de turno.

Por eso, en perspectiva, para ponerle fin a la impunidad, será imprescindible que el ascenso plebiscitario de Mancha Verde -todavía inagotado y con perspectivas más contundentes- se produzca el colapso de este gobierno y de las instituciones que manipula; seguido de un régimen provisional transitorio exclusivamente comprometido con el fin de la impunidad y la superación de este orden constitucional que la ampara; todo esto al compás de la construcción de nuevas instituciones sobre nuevas bases constitucionales, vía democracia de calle y despliegue de una Constituyente Popular, Participativa y Soberana.

El 16 de julio marcó esa ruta crítica.