EL TIRO RAPIDO

EL FINANCIAMIENTO POLITICO

Según ha trascendido la comisión bicameral que está tratando de consensuar el proyecto de ley de partidos que se llevaría al pleno de las Cámaras Legislativas, ha establecido determinadas condiciones para el financiamiento de fuente de privada de los mismos y de las candidaturas.

Esas disposiciones serían las siguientes: ninguna contribución individual podrá resultar superior al uno por ciento de los fondos públicos que obtenga el partido de mayor asignación; los partidos podrán recibir aportes de personas naturales siempre y cuando registren sus nombres en su página web para que resulten de conocimiento público; serán lícitas todas las donaciones a los partidos y agrupaciones provenientes de cualquier persona moral de derecho público.

Por otra parte quedarán prohibidas todas las donaciones de gobiernos o instituciones extranjeras, salvo las de carácter académico y tampoco podrán recibirse aportes de empresas extranjeras que no estén debidamente registradas y establecidas en el territorio nacional.

El proyecto establece que será ilícito todo financiamiento que no esté definido en la ley así como quedarán prohibidos los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas o que resulte imposible determinar su procedencia u origen.

El punto es de suma importancia, por cuanto hasta ahora el tema del financiamiento privado había encontrado obstáculos para ser incluido en la ley. Su importancia rebasa toda ponderación, habida cuenta de la necesidad de impedir que recursos provenientes de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y cualquier otra actividad ilícita pueda influir, en alguna medida, en los resultados electorales, y por esa vía alcanzar espacios de poder e influencia política.

Ahora bien: de poco o nada valdrán estas indispensables normas, si no se establecen mecanismos bien estrictos de control y verificación que garanticen el cumplimiento de ley. ¿Cuáles serán esas medidas? ¿Qué organismos serán los encargados de ponerlas en práctica, investigar y auditar la validez de dudosa o ilegal procedencia? ¿Qué sanciones recibirán los partidos y candidatos que con pleno conocimiento, acepten fondos de origen turbio?

Una ley sin sanciones para quienes la quebranten pierde toda fuerza. Las penalidades, por consiguiente, tienen que ser severas y aplicadas con justicia pero con rigor.

Porque si de algo tiene que estar consciente la clase política es que la gente demanda cambios significativos en el comportamiento de la misma y no está en disposición de mantenerse impasible ante ninguna travesura, que ya bastantes hemos tenido hasta ahora que han disfrutado de escandalosa impunidad.

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