EL TIRO RAPIDO

LAS SOBREVALUACIONES

Ciertamente hay motivos sobrados para suponer que si no en todos, en buena parte de las obras contratadas con la ODEBRETCH, tanto las realizadas como las que se encuentran en ejecución, pudieran haberse registrado significativas sobrevaluaciones.

Tan solo el hecho de haber admitido el pago de sobornos por 92 millones de dólares, lleva a la lógica conclusión de que ese dinero no salió de los fondos de ODEBRETCH sino que fue cargado a las operaciones realizada en el país, por lo que los sobornos salieron de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos.

Sin embargo, la gran diferencia, en algunos casos enorme, entre los presupuestos originales de la mayoría de las obras asignadas y el costo final erogado por el Estado, permite prejuzgar que el monto de las sobrevaluaciones tiene que haber excedido con mucho los 92 millones de dólares del soborno. Es posible, sin temor a incurrir en exageración, que la cantidad sea entre cuatro y seis veces mayor y que aún nos quedemos cortos.

La Cámara de Cuentas ha sido apoderada por la Procuraduría General de la República para llevar a cabo la auditoría. Obviamente, la misma requerirá del concurso de peritos y técnicos calificados. El presidente de la Cámara, Hugo Alvarez, ha informado que de Brasil vendrán dos especialistas calificados para llevar a cabo una investigación exhaustiva. En el plano local, pudiera contarse con la colaboración del OISOE, el CODIA que por ley es asesor del Poder Ejecutivo en esta materia y la propia UASD, que dispone de un buen equipo de ingenieros.

Es una vía expedita de que dispone el Estado para lograr el debido resarcimiento con total independencia del acuerdo homologado. Se trata de dos situaciones distintas, tal como coincide en señalar un grupo de reconocidos juristas que fueron consultados por Diario Libre.

En el primer caso, del delito de soborno confesado por la empresa y por el cual se compromete a pagar una multa ascendente al doble de los 92 millones de dólares, o sea, 184, que es única sanción que le correspondería por la vía penal.

Y en el segundo, de un expediente acusatorio por presunto delito de estafa en el cual, una vez comprobado, también el Estado estaría en capacidad de reclamar de la empresa brasileña el reembolso de las cantidades cobradas en exceso por la ejecución de las obras.

Todo esto al margen del compromiso asumido por la ODEBRETCH en el acuerdo homologado, de revelar los nombres de quienes recibieron los sobornos para la asignación de las obras, para lo cual se ha fijado como fecha tope el 19 de mayo, por lo que solo queda entrar en cuenta regresiva arrancando las hojas del almanaque de aquí a entonces.

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