EL TIRO RAPIDO

LEY ELECTORAL Y LEY DE PARTIDOS

Desde que la nueva Junta Central Electoral asumió sus funciones, el presidente de la misma se mostró categórico al advertir que la aprobación de la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos no puede ser dilatada por más tiempo. Hay coincidencia de opiniones en el pleno del organismo.

De ahí, que una de las primeras acciones que tomaron los magistrados fue tocar a las puertas del Congreso, reclamando discutir y sancionar de una vez las dos piezas que acusan más de una docena de años de demora y han sido objeto de reiteradas promesas de aprobación, siempre incumplidas.

Desde entonces, el doctor Julio César Castaños Guzmán, no pierde oportunidad de volver públicamente sobre el tema y hacer insistencia de la importancia que reviste la aprobación de ambas legislaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

Lo enfocó de nuevo este pasado fin de semana, al pronunciar el curso de orden en la Universidad Católica Madre y Maestra, durante el acto de graduación de cientos de nuevos profesionales en distintas carreras. Pero en esta ocasión, lo hizo con acento categórico y apremiante al proclamar que "ya está bueno de desorden."

El tema adquiere ahora un nuevo giro con el planteamiento que hace la oposición de que ambos proyectos se discutan y sean consensuados previamente fuera del ámbito congresual, con participación de todos los partidos políticos, incluyendo los minoritarios que carecen de representación legislativa y la sociedad civil.

Y en contraposición, la postura expresada por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, de que es el Congreso el ámbito legal irrenunciable, elegido en elecciones libres, en cuyo seno corresponde discutir y aprobar ambas leyes.

Obviamente para que estas dos leyes puedan cumplir a cabalidad con sus los reales objetivos que se espera de ambas, requerirán del mayor grado posible de conformidad.

Por otro lado, es evidente que el consenso no puede pretenderse suplantando las funciones que son privativas del Poder Legislativo.

Habrá que buscar pues una fórmula de equilibrio que sin menoscabo de estas atribuciones, le otorgue la mayor legitimidad posible, por vía del más amplio consenso, tanto a la Ley Electoral como a la Ley de Partidos.

Y para lograrla será preciso, además de una delicada labor de mediación, que tanto el gobierno como la oposición se muestren lo suficientemente flexibles para hacerlo posible.

De esperar que en este sentido prime más la sensatez y el interés del país que la pasión y el ventajismo partidario para no pretender imponer a la mala lo que, por el contrario, debe tratar de conseguirse a la buena como único camino razonable y posible.

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